Listo el borrador de la ley orgánica de la Región Metropolitana
Aunque prioriza la movilidad, servicios públicos, seguridad, abastecimiento y desarrollo económico, no contempla la creación de un nuevo organismo ambiental. Este viernes se socializará el documento y se espera una nueva audiencia pública el próximo año.
La Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá finalizaron la segunda fase del proceso de participación para la estructuración de la ley orgánica, que regulará la Región Metropolitana, figura con la que se espera integrar a Bogotá con los municipios aledaños o de influencia en temas compartidos como la movilidad, servicios públicos o abastecimiento alimentario, entre otros. Este es el segundo borrador del proyecto, que esperan llevar el próximo año al Congreso, con lo que se cumple un paso más desde que la misma corporación aprobó en junio pasado la creación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca (conocido también como Bogotá región) y faculta a la Alcaldía de Bogotá y a la Gobernación a diseñar políticas públicas conjuntas.
El nuevo documento es el resultado de 47 audiencias con los habitantes de la capital y los municipios y de encuentros sectoriales sobre movilidad, hábitat, ambiente y turismo, entre otros, así como de reuniones poblacionales con consejos afros, indígenas, jóvenes y juntas de acción comunal. De ahí sacaron 54 artículos, en los que se especifican los temas centrales a intervenir, su organización y la competencia sobre los hechos regionales.
Primero, se establece una entidad administrativa descentralizada, encargada de los asuntos de la Región Metropolitana, cuyo enfoque territorial será “fortalecer las capacidades institucionales de los entes territoriales y construir una visión de futuro compartido”, esto bajo la priorización de temas que llaman hechos metropolitanos, que continúan siendo los mismos planteados desde el primer borrador.
Entre estos se encuentra la movilidad vista desde la necesidad de un transporte público, privado y de carga integrado, a lo que se le suman la financiación y la ejecución de obras de infraestructura y la regulación compartida. En cuanto a servicios públicos, se habla de la articulación de planes para garantizar la interconexión y cobertura, además del trabajo conjunto para el saneamiento de aguas y recuperación de fuentes hídricas.
Sobre seguridad se plantea la necesidad de coordinar planes, pero también de integrar la atención de emergencias. Con respecto al abastecimiento y a la seguridad alimentaria, está la planeación y regulación del mercado agropecuario, que incluya la regulación de precios, así como la financiación de la infraestructura logística. Finalmente, la reactivación económica, con políticas conjuntas de las visiones de desarrollo económico regional, empleo y turismo.
Con respecto a su conformación, se establecen tres consejos y una unidad técnica, así como un director: el consejo regional lo conformarán los alcaldes y será el encargado de aprobar los proyectos y de escoger al director, mientras que el consejo de planeación lo integrarán los secretarios de planeación de los municipios y que hará los planes regionales. Habrá otro grupo temático, en el que participarán los delegados que cumplan la función vinculada al tema relacionado. Por otro lado, con respecto a la participación ciudadana, se establece un consejo integrado por representantes de asociaciones y organizaciones civiles, sociales y no gubernamentales, sectores ambientales, profesionales, empresariales, académicos y grupos étnicos.
Por último, se establece un trabajo conjunto con la Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE), pero no se contempla la creación de una nueva autoridad ambiental. De otro lado, dentro de las primeras tareas están la formulación del Plan Estratégico Regional, que tendrá como base la planeación socioeconómica, y otro plan de ordenamiento físico-espacial, que deberá articularse con los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios que participen.
Al respecto, la concejal de La Calera Luisa Camacho (Alianza Verde) considera que la creación de la Región Metropolitana debe ser un tema que debe ir a consulta popular y que “debe ir primero a la gente”, mientras que Diego Cancino (Alianza Verde), cabildante de Bogotá, asegura que esta es la oportunidad para escuchar las voces heterogéneas del departamento y crear una institucionalidad decentralizada que gire alrededor de los territorios y de colectivos, “que no sean cinco gatos que nadie conoce los que se encarguen de esos temas, como pasa en la CAR. Tenemos que ir despacio, porque vamos de afán, por eso es clave que, además de las audiencias se hagan más mesas de trabajo y la participación inunde la creación colectiva y cobije a los campesinos, a los jóvenes, a las mujeres, a Paratebueno, Yacopí, Anolaima y Sumapaz”.
Por su parte, Andrés Hernández, profesor asociado del Cider de la Universidad de los Andes, manifiesta que es importante no dejar de lado la estructura ecológica principal, ya que debe asumir un papel relevante dentro de las articulaciones que se hagan al POT, que es eje del conflicto de decisiones.
“No hay un acuerdo y es un eje central de polarización de cómo recuperar y qué hacer con la zampa, cómo recuperar y restaurar todos los afluentes de la cuenca alta sin canalizarlos. En esa discusión hay dos debates fuertes que la administración tiene el reto de tomar posición, relacionado con el tamaño de la zampa del río Bogotá, determinante para el futuro y la construcción de ese corredor, y el corredor ecológico del río Tunjuelo, que puede ser la Van der Hammen del sur o el paso de proyectos urbanos”.
Para este viernes se tiene prevista la socialización del borrador del estatuto orgánico, que se dejará abierto a la ciudadanía, ya que entre los primeros tres meses del próximo año se hará una nueva audiencia pública para resolver dudas y escuchar las propuestas de la ciudadanía, antes de volver a llevar el proyecto al Concejo, con lo que ya se dará completa vía libre para su constitución.
››Para integrar la Región Metropolitana, una vez radicado el proyecto en el Concejo, los cabildantes tendrían tres meses para aprobarlo. Deben hacer audiencia pública.