Las barreras que persisten entre el Gobierno y el sector cultural
Los decretos y otras medidas de emergencia, además de la economía naranja, son motivos de tensión entre el Gobierno nacional y algunos representantes del sector, pues las consideran insuficientes.
Veinte días después de que el presidente Iván Duque decretara la cuarentena en Colombia, los estragos de la pausa se comenzaron a reflejar en los bolsillos, la salud y la estabilidad de los artistas colombianos. La primera medida que anunció el Gobierno para paliar la crisis fue el Decreto 475 del 22 de marzo, con el que, según el documento, se destinaron más de $120.000 millones para beneficiar a más de 3.000 creadores y gestores culturales de la tercera edad, se aceleró la entrega de los Beneficios Económicos Periódicos
(BEP) para el adulto mayor, y se determinó la destinación transitoria de los recursos de la contribución parafiscal de espectáculos públicos de artes escénicas, entre otras medidas que el sector consideró insuficientes. El problema desde ese momento hasta ahora sigue siendo la precariedad en la que viven las personas ubicadas en el eslabón más débil.
Según varios integrantes del sector, las respuestas del Gobierno, sobre todo las que tienen que ver con pedidos a dineros concretos para solventar las necesidades básicas de los más frágiles, se contestan mencionando, por ejemplo, los plazos para actividades realizadas con recursos del Programa Nacional de Concertación Cultural o las ayudas económicas para gestores culturales mediante el programa “Ingreso solidario”; es decir, casi nunca hay una respuesta concreta a la pregunta o el pedido más urgente: dinero para comer, pagar el techo y la salud. Dinero para lo básico. Sin embargo, la ministra Carmen Inés Vásquez ha respondido en repetidas ocasiones que su cartera quisiera entregar más soluciones, pero sus recursos son limitados.
El 24 mayo de 2020, este diario publicó un balance de los primeros tres meses de cuarentena y sus efectos en el sector. En marzo, el grupo de actividades culturales ya presentaba una caída del -11,6 %. Según las cifras de Raddar Consumer Knowledge Group, empresa enfocada en analizar y comprender el comportamiento del consumidor, y el Viceministerio de la Creatividad y la Economía Naranja, el año pasado la cultura pesaba el 3 % y en mayo cayó al 1 %.
Los pedidos y reclamos se han hecho en varios tonos, por medio de distintas vías directas o indirectas, acudiendo a congresistas como María José Pizarro, Ángela María Robledo e Iván Cepeda, entre muchos otros, que han participado en audiencias públicas y controles políticos a la ministra de Cultura. Algunos optaron por medidas más desesperadas: el 31 de agosto de 2020, John Fitzgerald, artista plástico colombiano, se cosió la boca, en la calle 19 de Bogotá, para llamar la atención del presidente de la república. Su condición era quitarse las puntadas de la boca y suspender su huelga de hambre solo hasta el día en que el jefe de Estado se sentara a hablar con él. El 4 de septiembre Fitzgerald logró acordar una reunión con la ministra Vásquez para el 10 del mismo mes.
El otro punto que sigue generando escozor y que, a pesar del tiempo que se le ha dedicado a su estudio y discusión, aún enfrenta al Gobierno y la mayoría de artistas, es la economía naranja. El concepto, para el cierre de este año, ya no genera debate por la falta de comprensión con respecto a sus aspiraciones, sino porque, precisamente, se considera que estas no son evoluciones, sino amenazas.
Precisamente la audiencia pública “La cultura en tiempos de pandemia”, convocada por Robledo y Cepeda, se pensó como un espacio para promover el diálogo entre el Gobierno y los gestores culturales. De dicha reunión surgió una conclusión: entre las autoridades públicas y los artistas hay diferencias con respecto a la concepción de la cultura. Varios representantes del sector solicitaron desarticular la cultura de la economía naranja. El mensaje se centró en que las
artes no son mercancía, sino la base de la construcción de identidad colombiana y un escenario de resistencia y construcción de paz.
En la audiencia también se le solicitó al Gobierno tener en cuenta el “Plan de salvamento del sector de las artes, la cultura y su cadena de valor”, documento creado por algunas organizaciones culturales para responder a la crisis. En él se solicita la creación de un censo de los artistas que ayude a la formulación de una política pública para la cultura, así como a la focalización de los recursos. También se plantea establecer un Ingreso Básico de Emergencia de seis meses, según recomienda la CEPAL, una Renta Básica Universal, aplazar deudas tributarias e hipotecarias y congelar el pago de créditos y arriendos, entre otras medidas. En cuanto a la financiación, el plan propone aumentar la bolsa de estímulos y becas, y trabajar en la formulación de planes de desarrollo locales con lineamientos y recursos para la cultura.
Ante este escenario, Felipe Buitrago, viceministro de la Creatividad y la Economía Naranja, afirmó que los cuestionamientos en torno al concepto de la economía naranja no deben desviar el fondo de la discusión. “Ninguna actividad artística está al margen de actividades económicas y ninguna actividad económica está al margen de actividades artísticas”. Con respecto al plan, agregó: “Si bien simpatizamos con él, la propuesta fiscal no es viable para el país. Estamos trabajando en viabilizar las ideas para el corto y el mediano plazo”. Estos vaivenes entre el sector y el Gobierno terminaron con la aprobación de la ley Reactivarte.
A consecuencia de la crisis y la urgencia de los artistas para que se creen políticas públicas que les ofrezcan más garantías para desarrollar sus labores, así como el mejoramiento de su calidad de vida, es imposible disimular la ruptura entre el Estado y el sector. Uno de los desafíos más grandes será su acercamiento: la asertividad y efectividad de las iniciativas que busquen proteger a los productores de la cultura nacional dependerá de escuchar e incluir a sus protagonistas.