El panorama legislativo de un año pandémico
Mientras aumentaba el número de enfermos y el país abría la economía por sectores, los congresistas dedicaron gran parte de 2020 a discutir si sesionanaban a distancia o en la presencialidad.
El primer caso de coronavirus en el país se conoció el 6 de marzo, época en la que el Congreso culminaba el receso legislativo de tres meses. En un escenario regular, el Capitolio abría sus puertas el 16 de marzo para llevar a cabo sesiones ordinarias; pero el caos del COVID-19 también golpeó el recinto de la democracia. Desde que se supo que el virus se movía en vientos colombianos, el parlamento se detuvo en seco para discutir qué hacer.
Ese 16 de marzo el Capitolio no abrió. Bogotá era la ciudad con más casos, 28, y a escala nacional se registraban 54. En un contexto en el que la incertidumbre era preponderante, Lidio García, presidente del Senado en la legislatura 20192020, suspendió por cuatro semanas el regreso al Capitolio y radicó un proyecto para modificar la Ley Quinta de 1992, que rige al Congreso, para sesionar por medio de una plataforma digital. Según cuentas del propio García, el recinto de los parlamentarios recibía, en promedio, 4.000 personas, entre funcionarios y visitantes: un argumento suficiente para afirmar que este sería, con facilidad, un foco de contagio si no se tomaban medidas.
La decisión le generó varias críticas a García, porque aplazar el trabajo de los parlamentarios reforzaba el juicio negativo de que “los congresistas no trabajan”, una idea que sonaba incluso peor para la opinión pública en medio de una pandemia en la que otros sí salían a trabajar, arriesgando su vida y ganando bastante menos que los de corbata. Por otro lado, surgió de voz de un parlamentario cercano a García una presunción: que prefería aplazar por temor, pues él tenía comorbilidades y en su caso el virus podía ser letal.
El 19 de marzo se anunciaron las restricciones de movilidad y el cierre de los aeropuertos, tanto para vuelos internacionales como nacionales, medidas que se extendieron en el tiempo. Y el 22 de ese mismo mes, el presidente Iván Duque dio la estocada que faltaba para declarar la crisis que tomaba forma en Colombia: decretó la emergencia sanitaria en virtud de la pandemia. En ese panorama se dio un álgido debate: mientras senadores como Rodrigo Lara y Jorge Enrique Robledo abogaban por la presencialidad, pues la política se hace también en los pasillos, y porque un “Congreso virtual constituye un peligro para la Constitución porque es un remedo de la democracia”, como dijo Lara, los representantes José Daniel López y Juanita Goebertus le apostaron a sesiones remotas para seguir legislando.
“Los tiempos de crisis demandan pensar por fuera de la caja y de manera constructiva”, dijo en un principio Goebertus para solicitar a las corporaciones el traslado del Congreso a una “sede virtual” utilizando una plataforma. En respuesta, el 28 de marzo Duque firmó el Decreto 491, que reglamenta las reuniones no presenciales para el Congreso, las asambleas y los concejos.
Zanjada la discusión sobre las sesiones remotas y que el Congreso empezó de manera escalada a apropiarse de esta modalidad de trabajo, vino el trámite del proyecto que quería darles mayor seguridad jurídica a los parlamentarios con relación a la virtualidad y las iniciativas aprobadas en ese marco, reformando la Ley Quinta. En Cámara empezó el debate y sin mayores tropiezos fue aprobada, tanto por la Comisión Primera como la plenaria, permitiendo la votación de iniciativas de manera virtual antes del receso legislativo en junio.
En medio de las vacaciones de junio de los parlamentarios, la Corte Constitucional tomó una decisión que cambió el rumbo del proyecto. El 9 de julio tumbó el artículo 12 del Decreto con el que supuestamente el Gobierno les dio vía libre a las tres ramas del poder para trabajar de manera remota.
Entre otras, la Corte le dijo al Congreso que era autónomo para convenir la modalidad de trabajo y, con ese argumento, lo llamó a reglamentar la Ley Quinta para que la normativa se acomodara a la realidad que vivía el país. Así mismo, dio un parte de tranquilidad con relación a los proyectos tramitados desde la virtualidad, como el de cadena perpetua para violadores de niños o el área metropolitana de Cundinamarca-Bogotá, entre otras veinte iniciativas.
Bajo el pronunciamiento de la Corte y las recomendaciones que hizo en cuanto al trámite de actos legislativos, el Senado comenzó la discusión del proyecto y le introdujo cambios sustanciales a los dispuestos por la Cámara. El principal fue el de prohibir la discusión y votación de proyectos de reforma o cualquier intención de modificar los Acuerdos de Paz, pues para los defensores de los textos de La Habana la modalidad virtual era una puerta de entrada para lograrlo. De esa misma forma, la plenaria de la corporación aprobó el texto y lo único que quedaba era conciliar.
Y precisamente llegar a un acuerdo entre los documentos aprobados representó la estocada final para la iniciativa, que se hundió en noviembre. ¿La razón? la Cámara no quiso acoger lo aprobado por el Senado, que recogía lo dicho por el alto tribunal. Aunque la Corte dijo que su decisión no se aplicaba de manera retroactiva, su llamado iba a que, para conservar la legalidad, constitucionalidad y seguridad jurídica de lo tramitado, era necesario sacar adelante una iniciativa que llenara los vacíos y sirviera de escudo a eventuales demandas.
Aún con esa incertidumbre, y luego de dar trámite a otras iniciativas con un modelo de semipresencialidad que ha funcionado desde el pasado 20 de julio, se prevé que al menos durante el primer semestre de 2021 el Congreso siga funcionando de manera mixta: con algunos parlamentarios en el recinto y otros desde una plataforma. En cualquier caso, 2020 será recordado como el año de la virtualidad y del aprendizaje en el Congreso de la República.