Fumigación
LOS ACCIONISTAS DE BAYER DEBEN estar muy satisfechos con el anuncio del Gobierno de Colombia de reiniciar las aspersiones con glifosato a los cultivos de hoja de coca. Esta empresa ha sido sancionada con fuertes multas por los tribunales de EE. UU. por no advertir que el herbicida es potencialmente cancerígeno.
A pesar de los efectos nocivos, ambientales y de salubridad, y del aumento de la desconfianza en el Estado por parte de los campesinos, el Gobierno insiste en fumigar. El argumento esgrimido es que la mayor área de coca explica el aumento de los asesinatos de líderes sociales en los municipios cocaleros.
Un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, realizado por J. C. Garzón y J. D. Gálvez, rebate la hipótesis del Gobierno, utilizando estadísticas oficiales. Los puntos de la gráfica —homicidios por 100.000 habitantes y hectáreas sembradas de coca— no muestran correlación alguna. Las series de tiempo muestran una correlación inversa en los municipios de Nariño y Putumayo, pues los asesinatos disminuyen al crecer el área cultivada de coca; por el contrario, en Norte de Santander, al crecer los cultivos sí aumentan los homicidios. No se observa una tendencia explicativa de causa-efecto (área-homicidios) en la mayor parte de los municipios cocaleros. En algunos hay tenues correlaciones positivas y en otros son negativas. Son más sorprendentes los resultados agrupando los municipios cocaleros y la tasa de homicidios por 100.000 habitantes; se encuentra una correlación pero inversa, a mayor área cultivada menor la tasa de homicidios. En el 2012 el área cultivada era de 40.000 hectáreas y el índice de homicidios en los municipios, 58 por 100.000 habitantes; en el 2017, las cifras son 170.000 hectáreas y 43 homicidios por 100.000 habitantes. Estos hallazgos son consistentes con los resultados de la Fiscalía General de la Nación en el documento 03 “Droga y homicidios”, el cual muestra que entre 2012 y 2015 el área cultivada se duplicó, pero la tasa de homicidios se redujo de 35 por 100.000 habitantes a 24 por 100.000 habitantes. El estudio concluye, igualmente, que los municipios cocaleros no son los más violentos. Por supuesto, es insensato concluir que para reducir los homicidios se estimule el cultivo de coca, como lo es decir que la reducción del área disminuirá los homicidios. No hay correlación, las causas de la violencia son mucho más complejas.
La evidencia estadística concluye que para erradicar una hectárea de hoja de coca se deben fumigar de 15 a 20, pues rápidamente se resiembra en el mismo sitio o se tala bosque para nuevos cultivos.
Los consumidores norteamericanos requieren aproximadamente 1.100 toneladas de cocaína al año. Si la producción crece por encima de la demanda, caen los precios. Una forma de evitar la sobreoferta es permitir mayores decomisos. La ecuación producción = demanda + decomisos se cumple. Las autoridades presentan como éxito lo que puede ser simplemente un método de control de precios.
Si la razón para continuar la ineficaz y costosa política de control de drogas es una orden de EE. UU., es conveniente recordar la frase de Chomsky al recibir el grado honoris
en la Universidad Nacional: “El tabaco es dañino. Si para disminuir las muertes y enfermedades causadas por su consumo el gobierno colombiano le ordenara al gobierno de EE. UU. que fumigara los campos tabacaleros de Virginia, ¿qué respuesta obtendría?”.