“Estados de emergencia no son carta blanca para restringir derechos”
La Procuraduría hizo una revisión sobre la restricción de derechos fundamentales en la pandemia y dejó claro que un estado de emergencia no puede llevar a su suspensión injustificada y que medidas como las cuarentenas deberían tener control judicial.
“El ordenamiento jurídico colombiano cuenta con vacíos que es urgente resolver, en lo que se refiere al alcance y el control de los estados de emergencia económica, social y ecológica, así como de la emergencia sanitaria. La posibilidad de restringir drásticamente derechos fundamentales a través de medidas de aislamiento estricto y obligatorio, mediante el poder reglamentario ordinario, es (un) vacío que requiere ser subsanado cuanto antes”. Esta es una de las principales conclusiones a las que llegó la Procuraduría General al hacer un estudio sobre el estado de los derechos en el marco de la pandemia de COVID-19 y del estado de emergencia que fue necesario decretar en 2020 para atenderla.
Y es que para la Procuraduría, si bien el estado de emergencia era la medida correcta para manejar la inesperada pandemia, en la práctica se tomaron decisiones con esas facultades extraordinarias, pero también por las vías ordinarias que desdibujaron fronteras estrictas y, con eso, se afectaron derechos fundamentales. La razón de ello es que los decretos de emergencia y otras resoluciones tuvieron control judicial posterior para evitar que hubiera en ellos desafueros, pero otras medidas nunca tuvieron un control posterior como el aislamiento preventivo obligatorio, tanto a nivel nacional como local.
En total, hubo 14 decretos que limitaron el derecho a la libre circulación como las cuarentenas y sus extensiones, así como el cierre de fronteras y pasos marítimos. Y para la entidad esta fue la restricción más estricta, pues no se podía ni salir de casa, ni siquiera a lugares cercanos, sino solo para actividades esenciales, cambiando la interacción de la vida social por meses. Y aunque necesaria, no tuvo control judicial salvo casos concretos como la llamada “rebelión de las canas”, en la que un grupo de personas de más de 70 años lograron un fallo a su favor. En ese sentido, dice la entidad, hicieron falta fallos que determinaran si estas restricciones afectaron o no derechos.
Y no solo las cuarentenas deberían tener control judicial, sino que todas “las restricciones que se impongan a través de reglamentaciones en ejercicio de funciones ordinarias, pero durante las emergencias, deben contar también con revisiones de oficio que garanticen ese control cruzado de los poderes públicos”. El informe insiste en que la pandemia evidenció falta de claridad sobre los controles judiciales y la ausencia de un control del Legislativo frente a los poderes excepcionales de la Rama Ejecutiva. Así, se cuestionó la “apariencia de legitimidad de las medidas restrictivas de derechos por mera conexidad con el origen de la emergencia, sin que haya claridad para los ciudadanos sobre un análisis profundo que justifique dichas medidas como las menos intrusivas frente a otras alternativas”.
A este escenario se suma que las mismas medidas tomadas para enfrentar la pandemia generaron, así fuera de manera indirecta, afectaciones a otros derechos. Así, la necesidad urgente de trasladar recursos del sistema de salud para evitar contagios implicó la desatención de otras enfermedades que puedan tener un impacto epidemiológico para el país a largo plazo o bien, se aprobaron rápidamente registros de medicamentos y se autorizó a EPS a prestar nuevos servicios sin evaluación previa. La agilidad que, insiste la Procuraduría, era necesaria en todo caso afectó la calidad del servicio y limitó casos de abortos y otro tipo de consultas o tratamientos no urgentes tal vez, pero sí necesarias.
Sobre la financiación, por ejemplo, la Procuraduría aseveró que incluso se destinaron recursos del sistema de salud (incluyendo los de la Subcuenta del Régimen Subsidiado) que ya estaban antes de la pandemia en vez de usar los del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que se creó en el marco del Estado de excepción. Esto, dice el informe, está “afectando de manera directa o indirecta la financiación del servicio de salud frente a otras necesidades históricas del sistema, el cual tiene una oferta limitada de servicios, definidos en el (Plan de Beneficios) PBS, que aumentaron por el nuevo virus del COVID-19”.
Seguido del derecho a la salud y a la libre circulación, el derecho más afectado fue el acceso a la justicia, pues un sistema congestionado hace años se vio ralentizado aún más en la pandemia, con servicios judiciales que debieron empezar a hacerse digitalmente, sin que estuvieran prestas las herramientas para ello. Como la telemedicina, los casos se afectaron por falta de conectividad, alfabetización digital e infraestructura tecnológica. Se afectó la posibilidad de presentar denuncias o demandas en los aislamientos, disminuyeron las noticias criminales en la Fiscalía en un 27 % frente a 2019, así como los procesos de conciliación de conflictos.
Los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales también se vieron afectados, pues se permitió ampliar el plazo de respuesta a las peticiones o se usaron más aplicaciones y formularios con datos personales. “La instalación o uso de muchas de las aplicaciones tecnológicas y formularios no son formalmente obligatorias, sino solo recomendadas; pero en la interacción entre las autoridades y los ciudadanos se están tornando obligatorias de facto, porque son condición para lograr acceder a un permiso, licencia, beneficio, etc. Esto pone en riesgo la garantía de los principios de libertad y finalidad, porque el ciudadano debe tener la libertad para entregar sus datos personales”.
A estas restricciones se suma una especial: el derecho a la educación: “A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Educación, lo cierto es que la falta de conectividad, alfabetización digital e infraestructura tecnología en colegios y universidades, como también en los hogares de los estudiantes, afectaron gravemente las posibilidades de acceso y la calidad de la educación”.
››Los derechos a la salud, a la libre locomoción, al acceso a la justicia y a la educación, así como a la información y protección de datos, son los más afectados.