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Las restricciones para frenar la propagación de COVID-19 dejaron en cuidados intensivos al sector. Cerca del 29% de locales no renovaron registro mercantil en 2020.
Entre cuarentenas, toques de queda, pico y cédula y ley seca, las restricciones para frenar la propagación del COVID-19 tienen en jaque a bares y discotecas. El año pasado cerca del 29 % del sector no renovó su registro mercantil. No se oponen a las medidas de prevención, pero piden que los tengan en cuenta para discutirlas y que no sean sorpresivas.
Luego de facturar cerca $9,1 billones en 2019, los bares, restaurantes y servicios de catering del país aseguran que están a punto de quebrar por culpa de la pandemia. Así lo sostiene Camilo Ospina, presidente de la Asociación de Bares de Colombia (Asobares), quien insiste en que han sido el sector más perjudicado en medio de la crisis social y económica por el coronavirus: “Parece que Colombia hubiera encontrado la vacuna contra el COVID19: la ley seca y los toques de queda”. Ospina agrega que a pesar de que fueron de los últimos sectores en arrancar pilotos en el país, han sido los primeros afectados por los estragos de las nuevas restricciones impuestas a escala local para contener la propagación del virus y evitar un colapso hospitalario.
De acuerdo con información entregada por la Cámara de Comercio a Asobares, con corte al 31 de julio de 2020, más de 20.000 establecimientos habían cerrado en el país. Es decir, cerca del 29 % del sector no renovó su registro mercantil. Ospina reconoce que los pilotos para la apertura de bares en septiembre fueron alentadores, porque reactivaron 15.000 negocios en cerca de 700 municipios. Además, más de 150.000 personas recuperaron sus empleos, lo que representa el 40 % de la nómina total del sector. Sin embargo, señala que las nuevas restricciones “no tienen el foco donde debe ser”. Para Asobares, se generan más aglomeraciones en el día y las autoridades realizan más controles estrictos en el comercio formal que en reuniones familiares y lugares clandestinos.
Otro de los cuestionamientos de Asobares es sobre la ley seca, pues señalan que se trata de una medida excepcional que se ha mantenido por largos períodos de tiempo en varios municipios del país sin justificación de peso. Hasta el momento no se ha autorizado la reactivación de discotecas, por lo que algunas se han adaptado para funcionar como bares. No obstante, las otras ya cumplen diez meses cerradas. En diciembre, la asociación solicitó al consejero presidencial, Diego Molano, que las discotecas y los lugares de baile comenzaran planes pilotos de apertura. Según Ospina, Bogotá, Cali y Medellín están entre las ciudades más afectadas.
Solo en Bogotá y Cundinamarca se han cerrado de forma definitiva 11.000 establecimientos. De hecho, en la capital del país los bares y discotecas solo pueden abrir bajo la modalidad de gastrobares. Uno de los casos más representativos es el de Yhan Bernal, dueño del gastrobar La Chula, que tiene sede en Bogotá y en Medellín, quien antes de la pandemia tenía 390 empleados. Durante la reactivación su personal disminuyó a 130 personas, pero con las nuevas medidas solo puede pagarles a treinta, pues el pago del arriendo de los locales continúa. Mientras su sede en Bogotá está cerrada —porque se halla en la localidad de Usaquén, que está en cuarentena total—, la sede de Medellín no abrió durante los últimos fines de semana por las restricciones totales de movilidad.
La principal implicación para el sector es la pérdida de empleos. Juan Pablo Valenzuela, abogado y presidente de Asobares en Antioquia, dice que por cada mes de cierre perdieron $20.000 millones y que para la temporada de fin de año la cifra subió a $90.000 millones. Antes de la pandemia, en Antioquia había 4.200 bares, gastrobares y discotecas; pero en julio de 2020 solo 2.500 renovaron su matrícula mercantil. “Consideramos que en este momento pueden ser más establecimientos los que han cerrado. Las pruebas piloto no se han desarrollado en los 125 municipios y hay muchos que no han abierto en estos diez meses”, señala el abogado.
En esto coincide Manuel Pineda, presidente de Asobares en el Valle del Cauca, quien sostiene que el 80 % de sus ventas se realizan el fin de semana. Más de 550 negocios han cerrado en Cali, en su mayoría discotecas, y cerca de 27.000 personas han perdido su empleo. Antes de la pandemia el sector nocturno en la ciudad tenía ventas mensuales de $50.000 a $60.000 millones, mas con la reactivación apenas llegaron a $20.000 millones y con las nuevas restricciones no alcanzan ni al 8 % de esas ganancias. El pago de arriendo es otro de los grandes problemas, pues aunque no reciban ingresos deben pagar y no han podido acceder a apoyos económicos ni préstamos bancarios. Los miembros del gremio solicitaron una reunión con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, para exponer la situación del sector y solicitar, entre otras cosas, que se retire la ley seca para que los negocios puedan vender a domicilio.
Lugares emblemáticos como La Topa Tolondra, que hacen parte de la cultura caleña, han manifestado que su situación es crítica. Su dueño, Carlos Ospina, asegura que varios de sus colegas cerrarán en febrero si la situación no mejora. Antes de la pandemia tenían 23 empleados y ahora tienen solo siete, a pesar de que abre el local toda la semana.
Asobares solicita que haya planeación, anticipación y evaluación. Reclaman que las medidas deben ser expedidas de forma anticipada, para que los empresarios puedan tomar decisiones, contratar o suspender contratos y organizar su inventario.