Secreto a voces
Los acuerdos confidenciales para comprar vacunas han desatado gran cantidad de críticas hacia los laboratorios y los gobiernos; sin embargo, su manera de proceder no es nueva.
Aunque Colombia aseguró dosis para 29 millones de personas que serán vacunadas contra el COVID-19, la confidencialidad de las negociaciones ha provocado una avalancha de críticas. En ese entorno nadie sabe con exactitud el precio que están pagando los gobiernos ni las cláusulas que aceptan en caso de revelar información.
Este artículo tiene una debilidad: todas las personas del Gobierno con quienes conversamos prefirieron permanecer en el anonimato. Así que si lo desea puede suspender la lectura aquí. La otra opción es un acto de confianza y tratar de llegar al final del texto. Las vacunas contra el COVID-19 se han convertido en un asunto tan difícil de manejar que, únicamente, hay dos autorizados para hablar de ellas: el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y el presidente, Iván Duque. Por eso, todos prefieren mantener su nombre en reserva. Todos los nueve con quienes hablamos tienen una relación estrecha con la regulación de medicamentos en Colombia. Todos, sin excepción, respetan el compromiso de confidencialidad. Ninguno da un solo detalle de los acuerdos pactados con las farmacéuticas. Saben que después de esta semana, abrir la puerta a cualquier rumor puede perjudicar el que podría ser, como dice uno, el mayor desafío que ha tenido y tendrá la salud pública del país en décadas: vacunar a más de 34 millones de personas.
Hecha esta aclaración, aquí hay unas pistas para entender el complejo negocio que podría ayudarnos a controlar la pandemia.
Una vacuna que compra votos
A mediados de esta semana, el Ministerio de Salud organizó una breve capacitación para que los periodistas comprendieran mejor el Plan de Vacunación contra el COVID-19. El ministro Ruiz fue el primero en intervenir. En medio de su breve charla hizo una petición: “Busquemos no especular, por favor. La especulación hace mucho daño y genera efectos negativos en la vacunación. Tenemos que ser conscientes de que estamos trabajando con un tema muy delicado”.
La semana no había empezado bien para Ruiz. El martes, los senadores Jorge Enrique Robledo, Maritza Martínez y Jorge Londoño solicitaron una audiencia pública para “analizar el proceso de adquisición de las vacunas”. La confidencialidad de los acuerdos había creado un manto de dudas que, como dice un alto funcionario del Minsalud, el presidente Duque terminó de rematar con una frase: “Estaremos cerrando contratos los próximos días”.
“Pero le faltó explicar que los acuerdos ya están hechos. Es tan simple como comprar una casa. Hicimos un acuerdo de compraventa y luego se pasa a la firma del contrato. No había ningún misterio, pero en adelante todo fue un caos”, reiteró.
A partir de ese día los mensajes de indignación prevalecieron en redes sociales. Varios políticos se sumaron: “Si ya hay un decreto para que privados compren y comercialicen la vacuna y hasta el día de hoy el Estado no ha comprado ninguna, ¿entonces a cuál gratuidad en la vacunación se refería Iván Duque? ¿A la ‘gratuidad’ de entregar vacunas a cambio de chantajes de cara a las elecciones?”, escribió Ángela María Robledo en Twitter. “La falta de claridad y transparencia del Gobierno tan solo genera más preocupaciones, confusiones y malos entendidos”, señaló el representante Mauricio Toro.
Lo que sucedía en otros países empezaba a pasar en Colombia. En palabras de Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, la campaña de vacunación se convirtió en el punto central de la polémica política. Y esa llama encontró esta semana el mejor combustible para crecer: la confidencialidad que ha rodeado las negociaciones entre los gobiernos y las farmacéuticas.
“No está bien hacer política con las vacunas”, dice Claudia Vaca, farmacoepidemióloga y profesora de la U. Nacional. “Deberíamos proteger este debate del partidismo, pero cuando la vacunación se volvió un asunto geopolítico era inevitable pretender que no lo fuera en el país”.
Y eso lo cambió todo en el mercado farmacéutico, señala Germán Velásquez, exdirector del Programa Mundial de Medicamentos de la OMS y subdirector del South Centre, quien está en Ginebra (Suiza). “Hace treinta años, los protagonistas a la hora de hablar del acceso a medicamentos eran los laboratorios y el Estado; ahora hay un actor más: los políticos. Sus promesas sobre las vacunas no obedecen a razones sanitarias, sino a razones electorales. Es uno de los motivos por los que también acaparan la producción”. Es, según lo han llamado algunos, el “nacionalismo de las vacunas” (basta ver la imagen de arriba para entender en qué consiste ese acaparamiento de producción).
A diferencia de otros países, las promesas del Gobierno colombiano tienen, por ahora, un problema: no existe una fecha clara para iniciar la vacunación. El Ministerio de Salud no lo ha revelado por una sencilla razón: tampoco lo sabe. El motivo, dice alguien del Minsalud cercano al proceso, es que el consorcio Pfizer-BioNTech (que nos venderá vacunas para cinco millones de ciudadanos) no ha dado una fecha precisa de entrega. Todo indica que la misma empresa está encartada con la entrega de 522.440 dosis en todo el mundo. Por eso, el Gobierno solo se arriesgó a presentar esta semana una “proyección” de los meses en los que podrían llegar las vacunas. Entre abril y julio arribaría la mayoría (cerca de veinte millones de dosis).
“Los acuerdos están pactados y existen; eso es completamente cierto”, reitera Ana María Vesga, directora de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI. La gran inquietud es, entonces, ¿por qué no nos los muestran?
Confidencialidad, vieja costumbre
La petición que hizo la semana pasada el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue casi una súplica. “Pido encarecidamente a países y fabricantes que dejen de cerrar acuerdos bilaterales en detrimento del COVAX”, dijo en un intento por resucitar ese mecanismo reactivado a mediados del año pasado para lograr algo muy ambicioso: inmunizar al 20 % de las personas más vulnerables de todos los países.
Su solicitud parecía llegar un poco tarde. Más de treinta países, además de toda la Unión Europea, ya han hecho acuerdos con diferentes compañías para adquirir vacunas. Algunos, como Francia y Canadá, han comprado más dosis de las que necesitaría toda su población. Otros, como Colombia, aún siguen negociando para alcanzar su objetivo: administrar los biológicos al 70 % de los habitantes para lograr la anhelada “inmunidad de rebaño”.
Pero todos comparten un punto en común: los acuerdos son confidenciales. Nadie sabe con precisión el precio que están pagando los gobiernos ni las cláusulas que aceptan en caso de revelar información.
La idea ha caído muy mal en todo el mundo, pero parece inevitable. “No hubiéramos tenido esos contratos si no tuviéramos la cláusula de confidencialidad. Es un debate relevante, no lo estamos cuestionando; pero esto fue parte del pro
››Todas las negociaciones de los gobiernos con los laboratorios comparten un punto en común: son confidenciales.
ceso para concluir esos contratos, y no estamos en condiciones de cambiarlo ahora”, respondió a The
New York Times Eric Mamer, vocero de la Comisión Europea, cuando le preguntaron por el motivo de esos acuerdos. “El Departamento ha determinado que en este caso la divulgación de dicha información perjudicaría los intereses comerciales del Departamento y las empresas mencionadas”, contestó a Telegraph el Estado británico cuando ese medio le envió un derecho de petición.
El ministro Fernando Ruiz también ha reiterado que aceptar esa confidencialidad era indispensable para poder acceder a las vacunas pronto. “El asunto es simple: si no firmábamos, pues no nos vendían. Entonces, ¿esperábamos a estar en el último lugar de la fila y no vacunamos a los colombianos?”, se pregunta uno de los negociadores del Gobierno. Además, señala otra de las personas que trabaja con medicamentos en esa cartera, “los acuerdos de confidencialidad en este mercado son el pan de cada día”.
En eso tiene razón. La confidencialidad es una característica usual en la compra de medicamentos y dispositivos médicos. Sucede en todos los países y con todo tipo de medicinas. Ese es uno de los motivos por el que, a veces, es difícil saber con precisión cuánto paga un gobierno por un determinado tratamiento.
En palabras de la profesora Vaca, esa es la forma que tiene la industria de fragmentar las negociaciones y garantizar una renta más alta dependiendo del negociador. De hecho, en todos los eslabones del mercado farmacéutico (laboratorios, gestores farmacéuticos, hospitales o EPS) también suele haber confidencialidad. “Pactamos confidencialidad tanto en el precio como en las condiciones de pago”, cuenta una persona de la industria.
Y aunque todos los que participen en esas transacciones deben reportar los precios máximos y los mínimos al Sistema de Información de Precios de Medicamentos de Colombia (Sismed), eso no necesariamente ha sido una garantía de transparencia. “Como está protegido por habeas
data, no se puede revelar quién le compró a quién ni publicar el margen de negociación. Es decir, el sistema intenta dar algo de transparencia, pero no es del todo completa”, dicen en el Minsalud.
Pero más allá de este detalle, si la confidencialidad es algo usual en este mercado, ¿por qué, entonces, la discordia? ¿Por qué los disgustos?
Una historia con muchos tropiezos
Ana María Vesga, de la ANDI, tiene varios motivos por los que cree que todos deberíamos estar agradecidos con la industria farmacéutica. Sin ella, cuenta, la humanidad no hubiese contado con una vacuna en tiempo récord. “Ha sido un proceso único en el que se desarrolló una tecnología en tiempo récord. Además, la industria ha sido transparente en la información que ha presentado sobre seguridad y eficacia. Cuando tuvieron que detener los ensayos clínicos, lo hicieron”.
Ese papel de la industria generó varios augurios al comienzo de la pandemia. Uno de los principales apuntaba a la gran posibilidad de rescatar una reputación deteriorada por el tiempo y algunas malas prácticas. “¿Podría ser un punto de inflexión en la reputación de las grandes farmacéuticas?”, se preguntaba la periodista Linda Geddes en el diario The Guardian.
Varios episodios de la historia de la salud pública no los favorecen. En el caso del VIH, el precio inicial de los antirretrovirales fue inalcanzable para gran parte del planeta. “Pasaron más de siete años antes de que el tratamiento pudiera llegar a los países más pobres”, recordaba hace un mes Peter Sands, director ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. “Fuimos sorprendentemente lentos para garantizar un acceso equitativo a los medicamentos que salvan vidas”.
Sucedió algo similar con los precios iniciales de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH). Su costo era de unos 100 euros cuando fue lanzada. El precio del sofosbuvir, la cura para la hepatitis C, también escandalizó a todo el mundo. Por cada persona tratada Gilead cobraba US$75.000 en Francia, y US$55.000 en Canadá y Reino Unido. En Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe, el Ministerio de Salud hizo un acuerdo confidencial con la multinacional Roche que puso en aprietos los recursos del sistema de salud.
Y detrás de todos estos ejemplos sueltos hay asuntos de fondo. El informe del Grupo de alto nivel del secretario general de la ONU sobre el acceso a los medicamentos (2016) señalaba varios. Uno de los principales tenía que ver con los costos de innovación y desarrollo. Mientras que un estudio realizado por el Tufs Centre for the Study of Drug Development (financiado por la industria) estimaba que los costos de comercializar un medicamento nuevo oscilaban entre US$2.560 millones y US$2.870 millones, la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (que no tiene fines de lucro) aseguró que sus gastos en innovación y desarrollo no sobrepasaban los US$52 millones. La diferencia es abismal.
¿Qué hacer en Colombia?
Cuando les preguntamos a las personas del Gobierno si estaban de acuerdo con que esa negociación fuese confidencial, todas respondieron que no, aunque tampoco encontraron una salida para resolver el difícil dilema en el que los ha puesto la industria. “No es lo correcto en un mercado monopólico”, advirtió una. “Es impresentable que estos acuerdos no sean transparentes”, reconoció otra. “Es posible que unas abusen de esa posición favorable pero no todas”, dijo una más.
Varias también mandaron un mensaje de tranquilidad. “El equipo que está sentado en esa mesa es de una gran calidad técnica. Ha hecho un trabajo increíble. Colombia puede estar tranquila. Todo se lleva en actas, se graba y hay otras entidades que han participado”, comentó uno de los que ha estado presente. “Es un gran trabajo y estamos haciendo lo posible por adquirir vacunas al mejor precio y lo más pronto posible”, afirmó otra.
Si hay algo en lo que todos están de acuerdo, tanto defensores como detractores, es que ha habido grandes fallas en la forma de comunicar los mensajes. “Hay muchas cosas que se pueden publicar de este esfuerzo, pero seguimos con los mismos boletines muertos y un programa de TV”, dijo una de las entrevistadas. “Ya no es una estrategia sanitaria”, complementó otro.
“No entiendo por qué si el Gobierno creó una instancia asesora para la toma de decisiones para el tema de la vacuna, casi nunca aparecen en los medios”, reflexionó el profesor Jairo Humberto Restrepo, del Grupo de Economía de la Salud de la U. de Antioquia. “No comprendo por qué no son claros sobre que hay confidencialidad y dejan de crear suspicacias, porque así lo único que parece faltar es transparencia”.
Pero la transparencia, ahora, no solo consiste en un acuerdo entre un país y un laboratorio. Lois Chingandu, directora de Frontline AIDS, le resumió al diario Telegraph el escenario que está enfrentando el mundo: “Necesitamos dejar de lado las ganancias de la industria farmacéutica durante esta pandemia sin precedentes, tanto para salvar a la humanidad como a la economía. Esta pandemia es un problema global que requiere una solución global. La economía mundial seguirá sufriendo mientras gran parte del mundo no tenga acceso a una vacuna”.