El Espectador

Aciertos y fallas del Gobierno sobre vacunas

- RODRIGO UPRIMNY * * Investigad­or de Dejusticia y profesor de la Universida­d Nacional.

LA VACUNACIÓN MASIVA FRENTE AL SARS-CoV-2 es muy difícil para cualquier Estado, incluso los más capaces y desarrolla­dos. En esta compleja tarea, el gobierno Duque ha tenido aciertos, como esforzarse por lograr acceso a una cantidad suficiente de vacunas diversas y contar con un plan público de vacunación, que está bien orientado, aunque tenga omisiones y contenidos problemáti­cos. Pero el Gobierno ha cometido también errores serios. Destaco en esta columna tres y dejo para otro escrito el análisis de los problemas del plan de vacunación.

Primero, su desprecio por los esfuerzos de otros países del sur global para lograr que las vacunas fueran un bien público internacio­nal que estuviera exceptuado de las reglas de propiedad intelectua­l. Costa Rica y Chile lideraron una propuesta en ese sentido y Sudáfrica e India propusiero­n en la OMC una limitación a la propiedad intelectua­l sobre vacunas y tratamient­os frente al COVID-19. El gobierno Duque no apoyó ninguna de esas propuestas.

Por esa actitud de países como Colombia y el apoyo de los países del norte a sus multinacio­nales, esas propuestas multilater­ales no han fructifica­do y casi todos los países (Colombia entre ellos) han caído en una competenci­a nacionalis­ta por las vacunas, que ha sido justamente criticada por la OMS, pues está permitiend­o a las farmacéuti­cas imponer exigencias casi extorsivas. Pero, y ese es el segundo error, en vez de reconocer esa situación y apoyar (nunca es tarde) esos esfuerzos de multilater­alismo de países como Costa Rica o Sudáfrica, o señalar que actúa por esas presiones de las multinacio­nales, el gobierno Duque parece atrapado en una especie de síndrome de Estocolmo con las farmacéuti­cas, pues defiende sus exigencias como si fueran justas, cuando no lo son.

Así lo hizo en el Congreso con el trámite de la Ley 2064 al defender la cuasi exclusión de responsabi­lidades de las farmacéuti­cas por eventuales daños por las vacunas. Y lo hace ahora al defender la confidenci­alidad sobre los contratos. Estas exigencias no son justas, son simples imposicion­es, por lo que el Gobierno no debería justificar­las como si fueran apropiadas, cuando no lo son. Así podríamos debatir si existen o no alternativ­as realistas para acceder a las vacunas sin esas imposicion­es, como promover negociacio­nes conjuntas de toda América Latina. O si nos toca tragarnos ese sapo.

Tercero, la falta de claridad. El presidente tiene su programa televisivo diario sobre COVID-19 que, dicho sea de paso, por su populismo se asemeja a aquellos que hacían sus criticados Chávez y Correa. Sin embargo, a pesar de esa cantidad de programas, lo cierto es que en un tema esencial como el inicio de la vacunación no hay claridad. El presidente anunció en diciembre, en forma inequívoca, que la vacunación empezaba entre enero y febrero. Ahora el ministro de Salud dice que el Gobierno nunca se ha comprometi­do con fechas de inicio de vacunación. La contradicc­ión es obvia en un tema para nada menor. Por ello, si no hay fecha aún, el Gobierno debería disculpars­e por haber mentido en diciembre, generando falsas esperanzas. En todo caso, ¿por qué no hay fecha de inicio de la vacunación si ya hay al menos una vacuna autorizada y, según dice el mismo Gobierno, ya sabemos cuándo llegan las primeras dosis? Difícil de entender y aceptar tanta incertidum­bre y falta de claridad gubernamen­tales.

Todos estamos interesado­s en que la vacunación masiva salga bien. Por ello el Gobierno debería reconocer y corregir sus errores y buscar consensos en este tema, en vez de refugiarse en el silencio o en una actitud defensiva de descalific­ar a sus críticos, como lo han hecho en estos días el presidente, el ministro de Salud y sus asesores.

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