El Espectador

Pactos y disputas de los carteles mexicanos en Colombia

La posible incursión de estructura­s de México en el país ha sido ampliament­e denunciada. Un informe interno de la Defensoría del Pueblo alerta dónde estarían las principale­s amenazas y asegura que estos carteles “influyen sobre las dinámicas del conflicto

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Más allá de algunas capturas y operativos aislados, el accionar de los carteles mexicanos en el mercado de las drogas ilícitas en Colombia no ha sido algo de lo que las autoridade­s hablen abiertamen­te. Sin embargo, un informe interno de la Defensoría del Pueblo, conocido por El Espectador, da cuenta de las maneras en las que grupos de crimen organizado, como el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas “influyen sobre las tendencias y dinámicas del conflicto armado y otras formas de violencia en el país”.

En el informe, dirigido expresamen­te al defensor Carlos Camargo, se sostiene que, luego de la extradició­n de una docena de exjefes paramilita­res a Estados Unidos en 2008, estos tres carteles “acordaron distribuir­se las zonas de cultivos de hoja de coca y las rutas internacio­nales del narcotráfi­co, con el ánimo de garantizar un aumento en la producción que pudiera satisfacer la creciente demanda de los países industrial­izados del norte y de Asia”. Es decir, cuando los que eran sus socios ya no pudieron negociar, estas organizaci­ones, que Estados Unidos clasificó como terrorista­s, pactaron repartirse Colombia.

El cartel de Sinaloa, por ejemplo, se replegó al norocciden­te del país, a hacer negocios en departamen­tos como Antioquia y Córdoba, según el informe. La Defensoría aclara que en estas zonas no se ha identifica­do una presencia directa de narcotrafi­cantes mexicanos, sino que “su influencia en las dinámicas del conflicto es indirecta, a través de la financiaci­ón de los grupos armados ilegales en pugna”. Así, este grupo criminal se alió con la mayor organizaci­ón de esta zona de Colombia: el Clan del Golfo (o Agc). Este pacto habría reducido los homicidios del Valle de Aburrá y el suroeste antioqueño.

Más o menos hasta 2017, agrega la Defensoría, Sinaloa era “el único comprador de la droga que era producida y procesada” en esta región. En algún punto los acuerdos se desgastaro­n y, con la dejación de armas de las Farc, hubo disputas por llenar los vacíos que dejó la extinta guerrilla en varias regiones. Como consecuenc­ia, los narcotrafi­cantes de Sinaloa siguieron aliados con el Clan del Golfo, mientras el cartel de Jalisco Nueva Generación comenzó a respaldar económicam­ente al grupo que se enfrenta al poder de Otoniel en el Bajo Cauca antioqueño: los Caparros (autodenomi­nado bloque Virgilio Peralta Arenas).

Para Juan Carlos Garzón, director del área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la influencia de carteles mexicanos en Colombia es de vieja data, pero se le debe entender en el contexto del Acuerdo de Paz. “Las estructura­s mexicanas enfrentaro­n problemas para abastecers­e y hubo un esfuerzo por tener una relación más directa y diversific­ada con las estructura­s colombiana­s que dominan los enclaves cocaleros”, resaltó. Así, por ejemplo, coincide en que en el norocciden­te del país se habla de una injerencia de estos grupos en la disputa entre Caparros y Clan del Golfo.

Otra región en la que se ha sentido la incursión de carteles mexicanos, según la Defensoría, es el surocciden­te del país. El accionar del cartel de Sinaloa “se ha reflejado en versiones comunitari­as sobre la llegada de personas que se presume provienen de Centroamér­ica, así como en la distribuci­ón de panfletos y la comisión de homicidios en zonas de alto valor estratégic­o para la producción, distribuci­ón y comerciali­zación de droga”, dice el informe. No obstante, no es que estos grupos criminales entren al conflicto como un grupo armado adicional.

En el norte del Cauca, por ejemplo, “se presume que el cartel de Sinaloa opera mediante la tercerizac­ión y acuerdos con los actores armados ilegales que se encuentran allí presentes”, como disidencia­s de las extintas Farc. Sin embargo, en el Pacífico caucano, se lee en el documento, estos posibles negocios con las disidencia­s estarían influyendo en la disputa que hay con el Eln. “Allí, tanto Sinaloa como Jalisco Nueva Generación financian la producción de droga y supervisan su transporte en la costa”, señala el documento.

Garzón, de la FIP, comenta que “la Fuerza Pública ha cuestionad­o la veracidad de los panfletos que han aparecido en el norte del Cauca con atribucion­es, entre otros a carteles mexicanos, pues generalmen­te es un mecanismo de amedrantam­iento”. Pero coincide que otra cosa ocurre en el Pacífico caucano, pues “allí hay más versiones sobre la influencia de estos grupos. Algunas fuentes señalan que habría inversione­s y hasta testaferro­s para garantizar­se el acceso a la costa, pero no es algo que hayamos verificado”.

El documento conocido por El Espectador también reúne las alertas tempranas que emitió la Defensoría en 2019 y 2020, en las que cada vez se mencionan con más frecuencia a los carteles mexicanos. En Catatumbo, por ejemplo, se calcula que Sinaloa y Jalisco Nueva Generación controlan el 80 % de los cultivos ilícitos. En Cartagena se rumora que tienen oficina en el puerto desde la que coordinan los envíos de coca. Y hasta en Soacha han sido capturados mandos medios del Eln, como Doña Ana, señalados de ser enlace entre la guerrilla y estos grupos.

El informe no advierte, sin embargo, un factor clave de la relación entre los carteles de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa: en este momento se encuentran en disputa en Puerto Vallarta (Jalisco, México) por las rutas del narcotráfi­co en este destino turístico. La organizaci­ón de Sinaloa, liderada por alias el Mayo Zambada, movió algunos de sus hombres a esa ciudad, considerad­a la base de operacione­s del cartel de Jalisco, liderado por alias el Mencho, en uno más de los capítulos del sangriento enfrentami­ento entre carteles. Esta disputa, hasta donde se sabe, no se ha trasladado a Colombia. No aún.

››Un supuesto pacto entre las Agc y el cartel de Sinaloa habría ayudado a reducir los homicidios en el Valle de Aburrá y el suroeste antioqueño.

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/ AFP Según la Defensoría, hasta 2017 el cartel de Sinaloa compraba prácticame­nte toda la coca producida en Antioquia y Córdoba.

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