Los interrogantes del caso Barco-UP
Lo que buscaba el entonces presidente era “fortalecer” a la UP para que se alejara de las Farc y condenara la lucha armada.
Jorge Orlando Melo presentó sus reparos a la versión de que el presidente Virgilio Barco fue el determinador del exterminio de la UP. Crítica a la pesquisa de Alberto Donadio.
Dos tesis enfrentadas
El pasado 10 de enero, Alberto Donadio publicó un artículo, según el cual el presidente Virgilio Barco ordenó el exterminio de la Unión Patriótica (UP) a finales de 1986. Hasta ahora la visión más o menos convencional ha sido que Barco no logró frenar a los grupos que mataron a muchos miembros de la UP, y aunque puede considerarse que es en algún sentido responsable, por omisión o por debilidad, no se había afirmado nunca que el presidente apoyara la muerte de los miembros de ese partido. Muchos piensan más bien que, aunque Barco trató de parar el genocidio, la guerra contra los carteles de la droga llevó a que se superara la capacidad de respuesta de su gobierno.
Si lo que dice Donadio se acepta, su tesis podría llevar a exculpar a otros mandatarios. Hasta ahora se ha pensado que presidentes como Betancur, Barco, Gaviria y Samper fueron incapaces de frenar a las autodefensas y a sus aliados en el Ejército y el Gobierno, y que fue Uribe quien apoyó su acción en forma más o menos ambigua, pero demostrada. En cambio, si adoptamos la postura de Donadio, el verdadero responsable del auge de los paramilitares, con todo el apoyo militar, sería Barco.
Los vacíos y las contradicciones
Sin embargo, el artículo de Donadio presenta pocas pruebas para sustentar su afirmación, y su argumentación es débil y arbitraria. Se basa, ante todo, en el testimonio de una fuente no identificada, probablemente un alto funcionario del gobierno de Barco, que tiene recuerdos muy imprecisos sobre dos reuniones en las que estuvo a finales de 1986 y comienzos de 1987.
El informante le contó a Donadio que, poco después de la posesión presidencial, en 1986, Barco le dijo a un pequeño grupo de asesores -Germán Montoya, un alto mando militar cuyo rango no se identifica y el testigo desconocido- que le gustaría que Rafi Eitan, un consultor israelita al que había conocido en Washington, viniera a Colombia para asesorar al gobierno en la lucha contra la guerrilla. Barco logró que Ecopetrol aceptara pagar el viaje y la asesoría de Eitan. Según Donadio, a comienzos de 1987, Barco le informó a Montoya, a otro alto militar y al mismo testigo que Eitan aconsejaba “eliminar a los miembros de la UP”, lo cual se ofrecía a hacer si se le hacía un nuevo contrato.
Según la fuente, el alto mando militar afirmó que esa “misión” debía ser asumida por el Ejército y no por un contratista privado, y Barco habría aceptado su sugerencia. Los datos son insuficientes e incongruentes: no se sabe quién es el testigo o a título de qué estaba presente en las dos reuniones y no se explica por qué se demoró tantos años en denunciar esos hechos.
Además, la información de Donadio es contradictoria: en un artículo de diciembre publicado en El Espectador da por sentado que el contrato con Eitan se ejecutó, mientras que en el artículo reciente en Los Danieles dice que, como Barco aceptó que el Ejército cometiera el genocidio, “Eitan se quedó sin su segundo contrato”.
De todos modos, la supuesta prueba de que Barco ordenó el exterminio de la UP es endeble y consiste, en esencia, en dos datos negativos: que, al presentar la idea de Eitan, el presidente no la condenó ni la presentó como un acto de “gangsterismo”, y que descartó la posibilidad de contratar a Eitan para asesinar a miembros de la UP. Es decir, lo único que logra establecerse, si el informante recuerda con precisión, es que Barco consideró que era buena idea acabar con la UP, y así lo dijo, aunque no se aprobó el contrato para hacerlo, porque se acogió más bien la idea de que el trabajo lo hiciera el Ejército colombiano.
El caso Eitan
Como no tenemos transcripciones de lo que dijo el jefe militar, es difícil saber si la interpretación del testigo es correcta o se apoya en hechos posteriores. En realidad, es más probable que el militar hubiera afirmado que la tarea de enfrentar a la guerrilla y a la UP debía ser del Ejército, y no podía ser asumida por un contratista, y que la posterior actitud del Ejército hacia la UP lleve al testigo a pensar que lo que estaba proponiendo el jefe militar era “matar” a los miembros de ese partido político.
Es difícil creer que un militar se hubiera atrevido, en frente del presidente y de otros testigos, a proponer el asesinato de militantes de un partido legal, más aún cuando el presidente estaba promoviendo una negociación con las Farc y acababa de tomar unilateralmente una decisión que parecía favorecerla: el nombramiento, en agosto de 1986, de los primeros alcaldes de la UP. Todo lo que sabemos es que Eitan vino a Colombia y dio un informe a Barco, con una propuesta que, a veces, Donadio dice que Barco puso en ejecución y, otras veces, dice que no pudo ser aprobada y se reemplazó por otra estrategia.
Los hechos contradicen a Donadío
Pero no es verosímil que Barco ordenara el exterminio de la UP. Aunque la política de Barco debe ser discutida y sometida al juicio de historiadores, lo que se sabe sobre ella muestra que a finales de 1986 estaba interesado en avanzar en las negociaciones con la guerrilla, aunque reduciendo las concesiones que había hecho Betancur. Por eso, tan pronto se posesionó, Barco decidió nombrar a 24 alcaldes de la UP en sitios donde había tenido los mejores resultados electorales ese año. Lo que buscaba era “fortalecer” a la UP para que se alejara de las Farc y condenara la lucha armada.
Y la estrategia parecía haber dado algunos resultados, a pesar del aumento de los asesinatos que estimuló el nombramiento de alcaldes de la UP: en 1985, las Farc escogieron como candidato presidencial del partido a Jacobo Arenas, partidario de la lucha armada. Posteriormente, para dar más libertad a este y enfrentar algunas resistencias, dejaron que la UP lo cambiara a comienzos de 1986 por Jaime Pardo Leal, quien fue a las elecciones de ese año y presentó una línea algo más “legalista”.
En 1989 y 1990, Bernardo Jaramillo Ossa, Diego Montaña Cuéllar, Alberto Rojas Puyo, Nicolás Buenaventura, José Arizala, Álvaro Delgado y otros convirtieron a la UP en un partido que defendía la lucha pacífica y legal. Finalmente, esta terminó más legalista, más eurocomunista, más perestroika que el Partido Comunista, en el cual militaban muchos de sus miembros.
De todos modos, esta divergencia llevó a que, en los primeros meses de la presidencia de Gaviria, mientras las Farc consideraban
››Es probable que el principal ataque a la UP proviniera de los paramilitares vinculados a los carteles de la droga, que se enfrentaron a las Farc por razones políticas y por conflictos derivados del negocio de la droga.
que no podían negociar con el gobierno ni participar en la Constituyente, la UP presentara listas para esta corporación, de manera que en diciembre de 1990, el mismo día en el que el gobierno de Gaviria atacó a las Farc en La Uribe (Meta), para castigar su negativa a participar en la Asamblea y mandarles un mensaje de fuerza, fueron elegidos los constituyentes de la UP (entre ellos Aída Avella).
¿Quién exterminó a la UP?
Es probable que el principal ataque a la UP proviniera de los paramilitares vinculados a los carteles de la droga, que se enfrentaron a las Farc por razones políticas y por conflictos derivados del negocio de la droga. Desde las negociaciones de paz con Betancur, muchos sectores del Ejército habían considerado que en estas negociaciones se hacían demasiadas concesiones a la guerrilla. Por eso, muchos hicieron arreglos ilegales con los capos del narcotráfico y apoyaron sus acciones armadas. Se creó entonces el “paramilitarismo”, la alianza entre propietarios rurales, muchos de ellos “narcos”, dirigentes políticos y mandos locales del Ejército, que actuaban por fuera de las normas legales y de las instrucciones expresas del gobierno. Y se formaron las “autodefensas”, que fueron más que los contratistas extranjeros o el Ejército colombiano- los ejecutores directos del exterminio de la UP.
Sabemos bien que ninguno de los presidentes (Betancur, Barco o Gaviria) se sentía con fuerza para obligar a los militares, reticentes u opuestos al proceso de paz, a apoyar sus políticas a fondo. La desconfianza hacia los militares era muy profunda y, como Betancur, Barco tuvo choques frecuentes con el Ejército, pero mejoró sus herramientas legales para controlar las Fuerzas Armadas mediante la creación de la Consejería de Derechos Humanos y el apoyo a los procuradores Serpa y Gómez Méndez, cuyas investigaciones llevaron al retiro de muchos oficiales. Sin embargo, esto se hizo casi siempre con guantes de seda, hablando de “razones de servicio” y sin dar los motivos reales de las decisiones, para evitar irritar demasiado el espíritu de cuerpo del Ejército.
Por todo lo anterior, tengo la convicción de que las viejas explicaciones del paramilitarismo y de la masacre de la UP siguen en general vigentes, y que esta vez la investigación de Donadio, aunque muestra de nuevo su paciente y acuciosa búsqueda de indicios y documentos, no produjo pruebas que lleven a cambiar lo que los investigadores colombianos piensan de estos temas.