El Espectador

Delirante

- JOSÉ FERNANDO ISAZA

LA ACUSACIÓN CONTRA EL PRESIdente Virgilio Barco de que fue el instigador del genocidio contra la Unión Patriótica es delirante.

De lo dicho por el informante anónimo a Alberto Donadio no puede concluirse la veracidad de semejante acusación. Que la Presidenci­a firmara un contrato con un experto en seguridad israelí no es prueba de complicida­d del Gobierno con el exterminio de la UP. Es natural que el entonces presidente buscara un sistema de protección; no era ningún secreto que el narcotráfi­co había penetrado las institucio­nes colombiana­s: justicia, Ejército, DAS, Policía, etc. Por lo cual era convenient­e buscar mecanismos de protección externos. Un ejemplo del grado de influencia del narcotráfi­co en los más altos estamentos del Estado fue una portada de la revista Time que señaló al comandante general de la Policía como receptor de los dineros de la mafia. Ese oficial buscó el apoyo del presidente Barco, quien, con mejor informació­n, le respondió: “General, mejor demande a la revista por esta calumnia y si gana será multimillo­nario”; por supuesto, no lo hizo, pues la acusación no era infundada. Barco enfrentó a las mafias del crimen organizado. Algunos pensaban: ¡con qué ejército los va a enfrentar! Emprendió una reestructu­ración de las Fuerzas Militares y de la Policía para reducir la infiltraci­ón de la delincuenc­ia. ¿Es censurable que en estas circunstan­cias haya buscado asesoría externa para temas de seguridad? La falta de confianza en algunos oficiales del Ejército se expresa en la entrevista a la revista South: “Para Venezuela y Colombia es mejor que los militares reciban las comisiones y no se gasten los recursos en la compra de costoso armamento”.

La acusación de Donadio hace referencia a una reunión en la cual, según un testigo, el asesor de seguridad propuso el exterminio de la UP y Barco no se opuso. Es alucinante que un tema así se trate en alguna reunión. Donadio tiene derecho a no divulgar su fuente, pero debe contrastar­la. Barco era un liberal, en el sentido de respeto a las ideas de los contradict­ores, en la defensa de la vida y los derechos humanos; su círculo más cercano estaba conformado por ciudadanos de tendencia claramente democrátic­a, lejos de pensar que eliminar al contrincan­te era una idea aceptable. El talante de Barco no era el de emplear el poder del Estado para aniquilar un partido político.

Con Barco se negociaron y firmaron acuerdos de paz con el M-19 y el Ejército Popular de Liberación, se avanzó en las negociacio­nes con el Partido Revolucion­ario de los Trabajador­es y el movimiento indígena armado Quintín Lame. Los integrante­s de los movimiento­s subversivo­s, muchos de ellos en la clandestin­idad, disponen de informació­n de seguridad que mejora sus posibilida­des de superviven­cia. Conocen mucho más sobre los acontecimi­entos y estrategia­s de las políticas que se mueven en capas más oscuras que las que afloran oficialmen­te. Esta constataci­ón es un poderoso argumento para rebatir al anónimo acusador de la memoria del presidente Barco. ¿Es concebible que grupos insurgente­s, con capacidad militar, con integrante­s urbanos y rurales, con contactos y conocimien­tos de los diferentes sectores, aceptaran negociar con un Gobierno que buscaba exterminar a los que se reinsertab­an o a los partidos que lo apoyaban? Sería inconsiste­nte. La consistenc­ia es condición necesaria para la verdad, la inconsiste­ncia es suficiente para la falsedad.

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