“No deberíamos sacrificar transparencia por vacunas”
Transparencia Internacional presenta hoy su “Índice de percepción de la corrupción”, que evidencia que el país está “estancado” en la lucha contra este flagelo. En tiempos de pandemia y vacunación se disparan las alertas.
Restan solo semanas para que Colombia cumpla un año en emergencia social, económica y sanitaria por cuenta del COVID-19. Si bien ahora la discusión es alrededor de la adquisición y aplicación de vacunas, hay un frente que no deja de preocupar y que también se ha visto trastocado por la pandemia: la lucha contra la corrupción. No es un tema menor: según la más reciente encuesta Gallup Poll, un 91 % de los colombianos consideran que la corrupción está empeorando en el país. En marzo pasado, cuando se desató la emergencia, ese porcentaje se ubicaba en el 78 %, es decir, que en poco menos de un año se disparó un 13 %.
Sin embargo, la situación también genera alarma desde afuera. El Espectador conoció el “Índice de percepción de la corrupción 2020”, que hoy presenta Transparencia Internacional, y el balance no es alentador. Si bien Colombia obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100, y ocupa la posición 92 entre 180 países evaluados, para el organismo se evidencia un estancamiento y no hay avances significativos.
¿La razón? No hay una variación importante del puesto del país, dado que entre 2012 y 2020 ha estado entre los 36 y 39 puntos. Según el índice, una calificación por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción “muy serios”. Ante ello, el director de ese organismo en su capítulo Colombia, Andrés Hernández, advierte que en el país “la pandemia exacerbó el riesgo de corrupción” y ante la controversia desatada por la confidencialidad de los acuerdos con farmacéuticas por las vacunas, alerta que no se puede “sacrificar transparencia” por acceder a ellas.
¿Cómo se explica el estancamiento de Colombia en la percepción de la corrupción?
Lo primero que hay que aclarar es que este es un índice de percepción, es decir, no está midiendo si el país tiene nuevas leyes, más instrumentos o si ha habido una coyuntura determinada. A grandes rasgos, pregunta si se percibe o no al país afectado por la corrupción. Esa percepción es difícil de cambiar, porque no solo requiere elementos objetivos, sino también está influenciado por experiencias directas o de terceros.
¿Cómo revertir esa percepción?
La gran mayoría de las fuentes que toma el índice son extranjeros, analistas internacionales, empresarios o inversionistas. Es gente que está viendo constantemente a los países, los compara, analiza la contratación pública, y en gran medida lo que termina impactando los indicadores son los resultados concretos que se logran, más allá de si el país tiene más normas.
En gran medida, esa percepción puede estar siendo afectada por no llegar a resultados mucho más contundentes.
¿Qué tan relacionado está el estancamiento con la pandemia?
La corrupción y los ámbitos por donde se desvían recursos ya existían antes de la pandemia. Lo que el contexto de ella nos hizo ver es que esos riesgos que veníamos identificando desde antes se exacerbaron, entre otras, porque tuvimos que vivir un contexto de ejecución de recursos de forma ágil para responder a necesidades inmediatas y no se podían seguir procedimientos tradicionales. Esa fue la tendencia que vimos en todo el mundo. Lastimosamente, bajo esas condiciones de urgencia y sabiendo que teníamos problemas de corrupción que ya existían previamente, lo que vimos en 2020 fue que la pandemia exacerbó el riesgo de hechos de corrupción.
Sumado a ello, en muchos países, incluida Colombia, hubo una tendencia y es que, pese a los diseños para controlar el Poder Ejecutivo, en algunos casos este fue más allá de los límites y terminó afectando a otras ramas del poder. La pandemia también nos deja un escenario preocupante de alerta frente a la dificultad de pedirles cuentas a los poderes ejecutivos.
En el informe se concluye que la mayoría de países no han registrado ningún avance, es decir, ¿no es un problema solo de Colombia?
Lo que estamos viendo desde hace un par de años es que 2/3 partes del mundo están en un puntaje muy bajo, por debajo de 50. De allí la insistencia en castigos, sanciones y resultados frente a los grandes escándalos. Pero lo que vemos es la incidencia de redes de corrupción que operan a nivel transnacional y que generan afectaciones en un país específico, pero que exigen una respuesta global.
¿Qué lectura hacen de la polémica alrededor de la confidencialidad frente a los contratos y acuerdos con farmacéuticas por las vacunas?
No deberíamos sacrificar transparencia y rendición de cuentas por acceso a vacunas. Es un dilema que no debemos asumir como correcto. Hemos considerado que la transparencia es uno de los vehículos que ayudan a que la gestión gubernamental, en un momento tan complicado, cuente con mayor legitimidad y confianza.
Entendemos, por supuesto, que puedan existir elementos de reserva, pero eso no significa que no se le deba dar divulgación a lo que se conoce como versiones públicas de los documentos, en los que se oculta justamente lo que la ley permite ocultar y que está relacionado con el secreto comercial.
Para hacerle frente a la percepción recomiendan, entre otros, independencia de los órganos de control. ¿Sí se puede en Colombia cuando Procuraduría, Contraloría, Defensoría y hasta Fiscalía están en cabeza de personas cercanas al gobierno de Iván Duque?
Compartimos esa alerta frente a lo que está pasando, pero la única manera de resolver la posible falta de independencia entre los órganos de control y el Ejecutivo es que veamos las decisiones.
El control que se ejerza en pandemia también al tema de vacunación será decisivo. El Gobierno les ha pedido a estos organismos que acompañen el plan de vacunación, y su función no es acompañar, su rol es vigilar y hacer control.
Mencionó que en la elaboración del índice participan privados y empresarios. ¿Qué tan problemático es entonces que, entre los países de la OCDE, Colombia ocupe el penúltimo puesto, superando solo a México?
Es una señal negativa, pero que al mismo tiempo traza un camino de acción. A la ciudadanía le han dicho que Colombia accedió a la OCDE porque es el club de las buenas prácticas. Sentimos que los instrumentos para la lucha contra la corrupción se han debilitado. La meta que debe plantearse el país es no estar por debajo de 50, es una visión que sigue haciendo falta.
››Según Hernández, la pandemia exacerbó el riesgo de corrupción.