El juez y el general
EL FALLECIMIENTO EN CHILE DE Juan Guzmán Tapia, el primer juez chileno que procesó al dictador Augusto Pinochet, es una triste noticia para los defensores de los derechos humanos. Guzmán Tapia deja un ejemplo de dignidad, entereza, respeto por la ley y el convencimiento de que nadie puede estar por encima de la misma.
No era fácil para un funcionario público, en un país con un alto grado de polarización y en medio de un proceso de reconciliación nacional, asumir el manejo de un proceso que tenía como máximo responsable a quien usurpó, mediante un sangriento golpe de Estado, la presidencia. Menos aún cuando ese mismo funcionario estuvo de acuerdo con el golpe y, en el inicio del ejercicio de su actividad judicial, creyó de buena fe que las acusaciones que se hacían contra el régimen eran simples invenciones de la izquierda. Hasta que recibió, como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, la investigación por los hechos ocurridos durante la caravana de la muerte.
Para el entonces magistrado Guzmán, como lo afirma en el documental El juez y el general y en su libro autobiográfico En el borde del mundo, era muy difícil dar credibilidad a lo que se le imputaba al hombre más poderoso del país. Sin embargo, todo cambió cuando el juez comenzó a desentrañar la historia negra del exdictador, la misma que más de la mitad del país se empeñaba en negar u olvidar. La caravana de la muerte fue un hecho muy doloroso ocurrido en 1973, poco después del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, en la cual un grupo de militares, bajo instrucciones de Pinochet, recorrió el país asesinando a presos políticos, que se selló con el sangriento saldo de 57 homicidios y 18 secuestros.
Gracias a su tenacidad y profundo sentido de la justicia, el juez Juan Guzmán pudo levantar el fuero al senador Pinochet para que respondiera ante la justicia ordinaria. Logró imponer el concepto de que, a pesar de la ley de amnistía existente, mientras no aparecieran los cuerpos de los detenidos desaparecidos, estos continuaban como secuestrados por las autoridades. Así, el general fue procesado por genocidio, secuestro, asociación ilícita e inhumación ilegal. Al final, el juez sumó cerca de 200 querellas contra el dictador, entre ellas la de la Operación Cóndor, mediante la cual las dictaduras de la región persiguieron y asesinaron opositores en sus países. Gracias a este hecho, el juez español Baltasar Garzón solicitó la detención de Pinochet en Londres y su extradición a España.
Las autoridades inglesas devolvieron al general a Chile en el año 2000, por su edad y problemas de salud. A su regreso, la defensa de Pinochet logró que la Corte de Apelaciones dejara sin efecto el procesamiento y la Corte Suprema lo sobreseyó por motivos de salud. Pesó entonces el temor político a la desestabilización del país si el exdictador iba a la cárcel y se prefirió terminar así el proceso que se le seguía. El general murió sin haber pagado un solo día de cárcel por los delitos de lesa humanidad de los cuales fue el autor intelectual.
El juez, tras 35 años de ejercicio público, prefirió retirarse para dedicarse a la docencia, frente al evidente rechazo que había en la Corte Suprema de que fuera uno de sus magistrados. Como lo mencionó la diputada comunista Carmen Hertz, viuda de un ejecutado durante la caravana de la muerte, Juan Guzmán “fue un magistrado valiente y digno que posibilitó el primer desafuero del genocida Pinochet por los crímenes de la caravana de la muerte y su procesamiento como autor. Nunca aceptó presiones del establishment y poderes fácticos”.
‘‘La caravana de la muerte fue un hecho en el cual un grupo de militares, bajo instrucciones de Pinochet, recorrió el país asesinando a presos políticos”.