Ni el secuestro queda impune, ni el odio es la justicia
“EL CASTIGO POR SECUESTRAR SEgún la JEP no deben ser penas privativas de la libertad”, dice un lacónico trino del partido del presidente Duque en reacción a un logro monumental de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): el de responsabilizar a directivos, jefes de bloques y otros comandantes de las extintas Farc por “toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”.
Es otro ejemplo de cómo ese partido distorsiona los avances de paz para hacer que parezcan retrocesos. Sus voceros se han vuelto especialistas en torcerle el sentido a las palabras para que la gente confunda paz con guerra y justicia con odio.
En realidad, la semana pasada la JEP dio un paso definitivo para materializar el punto más álgido del Acuerdo de Paz de La Habana, por el cual las partes aceptaron que habría una Justicia Especial ante la cual dirían la verdad y reconocerían los horrores de la guerra, y aceptaron ser castigados por esa justicia. De demostrar un compromiso genuino por restituir a las víctimas, sus penas no serán necesariamente privativas de la libertad.
En cierta forma, son castigos más duros de tragar: más fácil sería para perpetradores de delitos de guerra y crímenes de lesa humanidad pasarse unos años en prisión sin reconocer nada a que sus víctimas los encaren para que nunca olviden el sufrimiento que causaron. El proceso judicial especial, en efecto, documenta los gravísimos delitos, da voz a las víctimas (en el caso de secuestro han participado 2.456 de ellas) para que puedan por fin denunciar lo que les hizo esta guerra, describe en detalle el daño padecido y obliga a los culpables a reconocer sus delitos, pedir perdón públicamente y a resarcir a la sociedad y a las víctimas con trabajo y otras acciones.
Ahora es la justicia independiente y del más alto nivel la que está diciéndole al mundo que además de ordenar secuestros, muchos jefes medios de las Farc torturaron, maltrataron con crueldad a las personas en cautiverio, sin importar si eran niños o mujeres, desparecieron a muchos secuestrados que murieron en sus manos y abusaron sexualmente de algunas de sus rehenes indefensas.
Los excombatientes ya han empezado a reconocer sus crímenes. En ocho relatos colectivos a la justicia, 257 de ellos ya han contado lo que hicieron. Otros 38 han ofrecido sus versiones individualmente. Saben que deberán colaborar en serio con la verdad y restaurar a miles de secuestrados y a sus familiares, o si no les esperan, además de la condena pública, largos años de cárcel.
Sobre esta verdad y esta justicia es que se construye una paz duradera. Y la realidad está muy lejos del relato engañoso del partido oficial, que da a entender falsamente que la JEP sólo busca que los secuestradores no vayan a la cárcel, encendiendo así una hoguera de comentarios rabiosos que repiten el infundio, aún el día en que ésta publica su enorme acusación contra las Farc.
Cuando vayan a la cárcel aquellos mandos militares, que degradados por la guerra, sean responsables de crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada o la tortura, y no hayan querido colaborar con la verdad, ni pedirle clemencia a sus víctimas, ya veremos cómo este partido de extrema saldrá a exigir la excarcelación.
Los voceros del Centro Democrático insisten en que ellos no están saboteando la paz, a la vez que promueven una política de odio que ni siquiera alcanza una altura ideológica: es una simple estratagema para cosechar votos. Pero si, al igual que Trump, su ídolo caído, no consiguen engañar por más tiempo a la mayoría, y pierden las próximas elecciones, ya los veremos trinar: ¡fraude, fraude, fraude!