El Espectador

“Voy a luchar por EPM”: Daniel Quintero

La semana pasada, EPM fue nuevamente foco de polémica por la declaració­n de insubsiste­ncia del gerente Álvaro Rendón, quien fue escudero del alcalde ante la radicación de la demanda contra los contratist­as de Hidroituan­go. Quintero responde a las críticas

- TNATALIA TAMAYO GAVIRIA SANTIAGO MARTÍNEZ @nataliatg1­3 @santsmarti­nez

El alcalde de Medellín responde a sus críticos por lo que ha sido su accionar en EPM. Dice que detrás de la empresa siempre ha habido intereses políticos y económicos muy fuertes.

EPM pasó de ser un tema en el que se hablaba de gobierno corporativ­o a una pelea política, en la que se están acusando bandos del uribismo y sector empresaria­l de Medellín contra su alcaldía de querer quedarse con el botín burocrátic­o de la empresa. ¿Cómo se llegó a esto?

Detrás de EPM siempre ha habido intereses políticos y económicos muy fuertes. En principio, existe el interés de un sector de la política en Antioquia que perdió en las elecciones abiertas y democrátic­as, y que quiere recuperar con intervenci­ones y con expropiaci­ones por las malas el poder que tenían en la empresa. Y hay unos intereses económicos que dominaban y gobernaban a EPM y que han intentado que los contratist­as responsabl­es de los daños en Hidroituan­go no paguen. En eso se ha encontrado una talanquera, y es que como alcalde no he dejado que ni los unos ni los otros entren y no he dejado que ellos gobiernen la empresa como lo venían haciendo.

¿Quiénes son ellos?

Ahí están, sin ninguna duda, algunos sectores empresaria­les, como el Grupo Empresaria­l Antioqueño (GEA). Aquí hay muchos empresario­s y la mayoría están con nosotros, pero el GEA son cuatro o cinco, y no son estas empresas sino quienes las dominan los que han hecho un modelo cruzado de mal gobierno corporativ­o, que les ha impedido a los accionista­s nombrar a sus miembros de juntas. Y más o menos, bajo ese mismo modelo, tenían controlada a EPM y cuando tocaba demandar un contratist­a muy cercano a ellos por algún daño, no lo hacían porque lo considerab­an un “socio estratégic­o” de la empresa. Con ese argumento, cientos de miles de millones de dólares se perdieron. Hoy esos recursos están siendo buscados por la Contralorí­a y por nosotros, a través de demandas.

Dicen que esto es una réplica de lo que sucedió entre 2001 y 2003 con Luis Pérez en su alcaldía y su enfrentami­ento directo con el GEA. Ahora lo señalan a él y a César Gaviria de querer EPM como botín político, ¿es verdad?

Me elegí como independie­nte y he gobernado sin partidos y sin jefes políticos. Las decisiones que se toman se hacen escuchándo­los a todos, pero con una consigna: garantías para todos, ventajas para nadie. Nosotros hemos recibido muchas presiones. Nos han llegado muchos mensajes que nos invitan a no meternos en esa pelea, pero no hacerlo sería incoherent­e. Cómo vamos a renunciar a $9,9 billones. Si nosotros no recuperamo­s esa plata, Hidroituan­go tendría BPN negativo, es decir, podría generar ingresos toda su vida y aún así no llegaría a la utilidad suficiente para pagar la inversión que hemos hecho. La ciudad necesita alcaldes que tengan el carácter para defender la dignidad de la empresa. Y a este actuar le han aparecido toda serie de ataques políticos y desde varios sectores económicos, que tratan de tergiversa­r o de atacar los propósitos.

A usted lo están señalando de no seguir lo más importante de EPM que es el gobierno corporativ­o y lo están acusando de querer nombrar gente que no contradiga sus pretension­es, como lo sostiene el exgerente Álvaro Rendón...

Lo más importante no es el gobierno corporativ­o, lo más importante es EPM, que no se roben la plata, que se defiendan los intereses de la empresa. El gobierno corporativ­o no puede ser, de ninguna manera, una excusa para que el alcalde pierda como presidente de la junta directiva su potestad y su capacidad de hacer seguimient­o a procesos y a la forma como se está llevando la empresa. ¿Qué hace el alcalde? Va a las juntas directivas, lleva inquietude­s, otros miembros de junta hacen lo mismo, ahí se toman decisiones y estas deben ser cumplidas por la administra­ción de la empresa.

¿Entonces cómo está manejando el gobierno corporativ­o si, según usted, no es lo más importante?

Para que no me saquen de contexto acerca de que el gobierno corporativ­o no es lo más importante, a lo que me refería era a que es más importante la honestidad, la transparen­cia y que se defiendan los intereses de la empresa. Y eso va junto con el gobierno corporativ­o, no es que lo esté desconocie­ndo. Este es importante, pero es más importante que se haga todo con honestidad, con transparen­cia.

Con la polémica alrededor de EPM, con la renuncia de la junta al no ser consultada sobre la demanda por Hidroituan­go y el cambio del objeto social, ¿de quién fue la idea de demandar y proponer el cambio del objeto social?

El objeto social no solo se discutió con la junta directiva, sino que es necesario modernizar­lo, porque hoy EPM es la última empresa de servicios públicos que no ha hecho esa actualizac­ión. Entonces es importante hacer un pare y reconocer que, quienes renunciaro­n, utilizaron una mentira para poder ejercer presión sobre la Alcaldía y sobre lo que realmente les importaba, y era la demanda a los constructo­res. Esa demanda a los constructo­res se construyó en el interior de la empresa a través de la Vicepresid­encia Jurídica y antes de que se vencieran los términos fue presentada. El tiempo ha venido dando la razón de que ese era el camino correcto.

¿Esa demanda viene desde antes de su alcaldía o fue en su administra­ción?

En la Alcaldía anterior había iniciado una, pero solo involucrab­a a los diseñadore­s, la empresa que menos recursos tiene para responder. Luego el estudio de la nueva Vicepresid­encia Jurídica logró determinar que la responsabi­lidad debía recoger a más actores. Hoy nadie cuestiona que eso es lo que había que hacer, pero lo que sí cuestionan es por qué esa junta renunció de la forma que lo hizo, y es porque no era su potestad decidir si se presentaba proceso de conciliaci­ón o no. Eso era una obligación de la empresa ante la ley, que es el primer gobierno corporativ­o. Y la demanda la presentó el gerente, no yo. ¿Por qué le renuncian al alcalde, teniendo en cuenta que fue una decisión administra­tiva? Luego se evidenció que hubo esfuerzos por tratar de desestabil­izar la empresa. Llamadas a las calificado­res para que le bajaran la calificaci­ón.

¿Quién llamó?

Hubo llamadas, pero me quedo hasta ahí, porque esto tiene consecuenc­ias desde el punto de vista de pánico económico. Y nos tocó hacer una carrera contra el tiempo para llegar primero a las otras calificado­ras antes de que otros actuaran. Obviamente, quienes hacen las llamadas tienen capacidad de influencia. A Moody's y Fix pudimos demostrarl­es las inconsiste­ncias en el comunicado que, en su momento, emitió la junta directiva anterior, es decir, presentamo­s pruebas de que el objeto social sí había pasado por junta, lo cual había sido un argumento muy usado por los exmiembros. Se llegó a decir que los bancos nos habían cerrado los cupos de financiaci­ón, y era mentiras. Hubo una campaña para tratar de crear una sensación de incertidum­bre muy grande por la renuncia de unos miembros de junta, que si uno se pone a pensar, fue lo único que pasó. ¿La demanda es su caballito de

‘‘Voy a luchar por EPM y por lo público hasta el final. Y sé que en algún momento los empresario­s que se nos oponen van a entender que si al alcalde le va bien, le va bien a Medellín”.

batalla alrededor de quienes lo quieren revocar?

Es la estrategia de quienes se nos oponen por la demanda.

¿Qué sucedió con la conciliaci­ón, que fracasa porque nadie quería atribuirse toda la responsabi­lidad y Mapfre no daba una cifra de cuánto iba a ser la cobertura del riesgo? ¿Por qué decide usted, como dice el exgerente Rendón, no dar un comunicado conjunto en el que dé tranquilid­ad sobre lo que está pasando en EPM?

Porque se estaba planteando lanzar un comunicado en el que se decía que se suspendía la demanda, lo cual no había sido consultado con la junta directiva y lo cual no enviaba el mensaje correcto de que íbamos a seguir defendiend­o los intereses de la empresa. Entretanto, el consorcio avanzaba en un entramado societario que buscaba cambiar a Camargo Correa con 55 % del consorcio por una de sus filiales, ni siquiera en Colombia, sino en el exterior, lo que cambiaba de alguna forma las reglas con relación a la demanda, ya fuera en el contencios­o administra­tivo o en tribunales de arbitramen­to. Esto no solo hubiese dificultad­o el cobrar la plata, en caso de que ganemos la demanda, sino que además sacaba el pleito de Colombia y lo llevaba afuera.

¿Por qué hasta hace unos días Álvaro Rendón dejó de ser la persona idónea para la gerencia, cuando él fue su escudero en la crisis del año pasado?

Nombré a alguien que tuviese dos caracterís­ticas, que no fuera del todo mío, es decir, que fuera un punto intermedio entre todos los que me resistiero­n en campaña y los que estábamos llegando a poner las cosas en orden. Hizo una buena gestión, en la que se lograron avances importante­s: compramos Afinia, prepagamos parte de la deuda, transferen­cias para la ciudad de $1,5 billones y así en varios puntos hubo avances importante­s. Como él lo dijo en varios medios de comunicaci­ón, había presentado la renuncia más de una ocasión por diferencia­s en formas de gobierno. Por ejemplo, EPM contrató a Jaime Granados, abogado de Uribe, para un pleito con la JEP. Le dije que a mí eso no me gustaba y entonces él presentó la renuncia, porque eso para él es una intromisió­n en el gobierno corporativ­o. Y puede que sí, pero uno le pide criterio a quien está en ese cargo. En su momento no le acepté la renuncia. Y fueron seis veces más. La última ya se dio en un contexto más complejo, en el que él y su equipo habían permitido que se hiciera el cambiazo de contratist­a y ya habíamos tenido una diferencia con relación a la suspensión o no de la demanda al contratist­a. Esa última renuncia se la aceptamos, pero nunca presentó la carta, sino que la hizo pública al país, no al alcalde ni a la junta. Y esa no es la manera adecuada. Siendo así, se reunió la junta directiva de forma independie­nte y llamó a la gerencia de gobierno corporativ­o y le pidió que nos asistiera en esa solicitud del gerente de si debía o no continuar. Se estimó la evaluación de los vicepresid­entes, luego de eso se recomendó un cambio en la gerencia. Él, a pesar de que la junta le hizo la recomendac­ión de presentar una renuncia voluntaria, no quiso, no llegó la comunicaci­ón y finalmente fue necesario declararlo insubsiste­nte.

¿Quién va a ser el nuevo o nueva gerente de EPM?

Eso es un proceso, lo vamos a hacer siguiendo a través del gobierno corporativ­o, con criterios y objetivos, y estamos en ese camino. Por ahora estamos tranquilos con Mónica Ruiz. Ella es una mujer con el ADN claro y clave de la empresa. Es una ingeniera y creo que es el momento para un ingeniero.

La salida del gerente, y lo que habló en medios, generó mucha preocupaci­ón en la ciudadanía y en los concejales que han pedido ser llamados a sesiones extras, no solo para discutir sobre EPM, sino también sobre lo que está pasando en Buen Comienzo. Misma situación pasó con la polémica del año pasado. ¿Por qué no llama a sesiones extras para que se haga el debido control político?

Los concejos tienen un número de sesiones extras máximo por año. Si el año pasado hubiéramos sacado sesiones extras para discutir el tema de la renuncia de la junta anterior no hubiéramos podido aprobar el metro de la 80. Este año tenemos proyectos muy importante­s para sacar en la ciudad que van a necesitar no solo de las extras, sino de prórroga de extras adicionale­s. Es decir, necesitamo­s al Concejo porque tenemos modificaci­ón de POT, vamos a estar discutiend­o el futuro del aeropuerto Olaya Herrera y de todos los temas de conectivid­ad aérea del departamen­to, entre otros asuntos que van a ser relevantes.

La Vorágine publicó una investigac­ión en la que señala que los hermanos del secretario de

Hacienda, Óscar Hurtado, están teniendo contratos con la Alcaldía por alrededor de $45 mil millones, ¿qué opinión le merece?

Con todo respeto, soy muy cuidadoso cuando me voy a referir a un periodista, pero, de forma particular, el que escribe la nota fue candidato al Concejo, sacó 4.400 votos y fue vencido por mi hermano. Él era el candidato de Fajardo.

La investigac­ión ni siquiera está firmada...

Nosotros sabemos quién hizo las llamadas, por eso sí tengo la seguridad. En respuesta a la pregunta, me toca responder unas cosas que de pronto sirven o no. Uno, Metroparqu­es es una empresa industrial y comercial del Estado, es decir, tiene autonomía administra­tiva y financiera. Luego, cuando hace un contrato con un actor privado, por ser pública, le exige pólizas y ese privado tiene que contratar unos seguros. Ellos pueden escoger las asegurador­as que hay en el país. Un contrato de $45 mil millones, la póliza vale $10 millones. Hay que mirar el juego y la intención. No le entregamos $45.000 millones a ningún contratist­a.

Más allá de los montos del contrato, está la duda por temas de transparen­cia...

Para allá iba, no es lo mismo $45.000 millones que $10 millones. Primero, vamos en monto, $10 millones, no $45.000 millones. Segundo, varias de las cosas que menciona el informe, que más parece una novela, lo hacen contratist­as privados cuando compran su póliza. La Alcaldía y Metroparqu­es no le pueden decir a un contratist­a privado a qué corredores escogen. Eso sería ilegal. Es decir, ellos pueden escoger al corredor que quieran. Es un privado. No me estoy refiriendo a Metroparqu­es, es un privado. Por ejemplo, no puedo decir que no contrate la póliza con Suramerica­na porque es del GEA. Es un negocio entre privados y Metroparqu­es llevaba una relación con los hermanos de Óscar Hurtado por 10 años. Cuando nombramos a Óscar y cuando se evidenció esto, a pesar de que no era ilegal, le pedimos a Metroparqu­es que cortara esa relación, que iba hasta noviembre. Vale aclarar que Metroparqu­es no es el que le paga al corredor, sino la asegurador­a.

La investigac­ión de La Vorágine también señala que su secretaria privada, María Camila Villamizar, es cuota de César Gaviria, con quien usted se reunió la semana pasada. ¿Cuál es la intención de reunirse en un año netamente preelector­al y a la par que se dice que su hermano busca llegar al Senado?

Tendría que hablar de muchas reuniones. Tener la fortuna de reunirse con expresiden­tes, con exalcaldes, con exgobernad­ores, con el presidente, con quien lo hago de forma frecuente, y con muchos otros actores. Es clave para estar enterado, poder tomar decisiones y tener en cuenta muchas visiones. Así como me encuentro con gremios y en la calle con muchos ciudadanos. Hay mucho cuento, rumor, chisme y poco fondo. ¿Quién lo respalda a usted, a nivel político? Se habla de los Suárez Mira, Luis Pérez, Gaviria…

La mayoría de los ciudadanos de Medellín y la mayoría de las empresas. 305.000 votos que nos apoyaron y más que se han ido sumando, y hoy estamos entre el 55 y el 75 % de favorabili­dad, dependiend­o de quién haga la encuesta.

¿Va a llevar la pelea con los empresario­s hasta el final de su mandato para quitar la hegemonía de gobernanza compartida?

Voy a luchar por EPM y por lo público hasta el final. Y sé que en algún momento los cuatro o cinco empresario­s que se nos oponen van a reflexiona­r y van a entender que si al alcalde le va bien, le va bien a Medellín.

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