El “sastre” de Uribe y la democracia

MUY PRONTO, EN LOS PRIMEROS DÍAS de marzo, el abogado Gabriel Jaimes que funge como fiscal investigador de Álvaro Uribe Vélez y quien fue puesto en este caso por Francisco Barbosa, que a su vez fue puesto por Duque, el presidente que Uribe puso, es decir, el sastre Jaimes, deberá terminar de coserle el traje que mejor le ajuste al cliente expresidente. El mes entrante termina el tiempo que la ley le da a Jaimes para acusar al jefe de sus jefes de fraude procesal y soborno a testigos, o archivar el asunto. Pero no tenemos que esperar: en manos de su subalterno indirecto, el también jefe de la bancada más fuerte del Congreso, será absuelto y pasará a la historia como mansa paloma, gracias a que el dios Poder lo protege. Primero, Jaimes intentó devolver el proceso que recibió, avanzado, de la Corte Suprema, a ceros. O sea, trató de invalidar centenares de pruebas que recopilaron y valoraron dos salas diferentes del máximo tribunal penal del país. Cuando un juez lo puso en su sitio y le dio la orden de continuar con la siguiente etapa, Jaimes obedeció la forma, no el fondo: “Optó por repetir el trabajo que ya había hecho la Corte”, según contó El Espectador ,y “desde entonces, ha decretado la recolección de más de cien evidencias” (ver web). Con el fin de que el pantalón y el saco tengan la medida exacta de su modelo, el sastre está revisando, también, otros procesos.

Curiosamente, el principal defensor del procesado ahora está contento y los actos de Jaimes le parecen perfectos: “Es usual” que el fiscal quiera ahondar, dijo a este diario, e indicó que “lo que más nos interesa es que el trabajo de la Fiscalía sea lo más completo posible” ¡Muy comprensivo! Una semana después del artículo de El Espectador, El Tiempo le dio continuidad al tema con una nota cuyo título es sintomático: “La nueva evidencia que está apareciendo en el caso Uribe”. Allí se notifica que el sastre Jaimes “legalizó una evidencia relevante... que si bien conoció la Corte cuando tuvo el caso y dictó medida de aseguramiento contra Uribe, allá no fue legalizada aunque la defensa del exmandatario lo solicitó” (ver web).

El 15 de diciembre pasado, una revista penosa desde cuando abandonó el periodismo para convertirse en el órgano de propaganda política, lanzó una “chiva” con el #URGENTE: la Comisión de Acusación vinculaba a una investigación al extogado de la Sala Penal de la Suprema José Luis Barceló, en cuyo despacho se había abierto el caso Uribe. A la Comisión, un órgano político de mayoría uribista, compuesto por representantes a la Cámara que también cuenta con mayorías uribistas, llegó una denuncia del parlamentario uribista Ricardo Ferro contra Barceló. Su reclamo es copia fiel de hechos que ya habían sido alegados por el apoderado del exmandatario y desechados por la Corte. Gracias a la divina providencia, la denuncia de Ferro llegó al despacho de Edward Rodríguez, uribista. La revista uribista, a la que un uribista le dio la noticia, sorprendió a Barceló con su vinculación judicial a un proceso del que aún no había sido notificado. De otro lado, el país es testigo del ataque público que sufrieron los magistrados de la Sala de Instrucción de la Suprema que revisaron el proceso del expresidente cuando el despacho de Barceló lo remitió para su examen. Fueron ellos los que determinaron, por unanimidad, la detención preventiva del exmandatario. Desde entonces, el hostigamiento a esta sala tampoco ha cesado. A tal punto que, aunque sea inútil, varios togados interpusieron una denuncia por el delito de amenaza contra servidor público ante la Fiscalía de Barbosa. La queja de los togados será significativa como constancia del clima hostil que sufren y sufrirán quienes intenten administrar justicia independiente: Uribe, inocente y aclamado. Sus jueces, perseguidos y condenados. Viva la democracia.