Licencia social, “fracking” y violencia
EL PASADO 11 DE FEBRERO INICIÓ, DE pésima manera, el llamado Diálogo Territorial, condición previa a la implementación de los proyectos piloto de investigación integral (PPII), que tienen por objeto generar información para evaluar si es o no conveniente extraer petróleo usando la técnica del fracturamiento hidráulico (fracking).
Inició de pésima manera porque la instalación de la primera mesa de dialogo se vio rodeada de actos de violencia e intimidación contra ciudadanos que pertenecen a organizaciones sociales locales que se oponen al uso del fracking en Puerto Wilches. Los días anteriores a la instalación de la mesa de diálogo, varias personas fueron intimidadas por manifestar y argumentar su oposición al uso de esta técnica.
Así es imposible dialogar. Quienes adelantan estos actos violentos están forzando, de manera torpe, a que se suspendan las actividades asociadas a los PPII.
Después de verificar la ocurrencia de las amenazas, el Foro Nacional Ambiental (FNA) y algunos de quienes fuimos miembros de la Comisión Interdisciplinaria Independiente (CII) para evaluación del fracking, y que pertenecemos a organizaciones miembros del FNA, elaboramos un comunicado dirigido al señor presidente y a los diversos órganos del Estado para que investiguen, esclarezcan e impidan que estas amenazas se lleven a cabo.
El comunicado señala cómo las recientes amenazas son contrarias al espíritu de lo propuesto por la Comisión. En efecto, la CII propuso transparencia, diálogo y activa participación ciudadana en el proceso previo, durante la ejecución de los PPII y en su posterior evaluación integral. El Gobierno nacional se comprometió a poner en práctica la recomendación y este tipo de acciones dificultan, si no impiden, la gestión de la “licencia social”.
La violencia, directa o simbólica, afecta la confianza y la relación entre Gobierno, empresas y comunidades, y si estos actos persisten, no se valida la ejecución de los PPII, caso en el cual, para evitar mayores costos sociales, sería necesario suspender su ejecución.
El Gobierno de Colombia debe garantizar condiciones para una participación abierta y segura de todos los grupos de interés y esto requiere, como condiciones iniciales, coordinación interinstitucional y concurrencia de competencias. En el comunicado se solicita la intervención inmediata del Gobierno nacional en contra de todas las amenazas, asesinatos, intimidaciones y manifestaciones de violencia a los líderes en Colombia.
Los actos de violencia ocurridos en Puerto Wilches son inaceptables y van en contravía de la puesta en marcha de la recomendación de la CII, cuyo espíritu conozco plenamente porque participé en su elaboración. El FNA y quienes suscribimos la comunicación seguiremos atentos la implementación de lo recomendado por la CII. Para generar confianza y legitimidad, pasos iniciales para gestionar la licencia social, es necesario que el Estado en general y el Gobierno nacional, regional y local, en particular, demuestren que tienen capacidad para, una vez definidas unas claras reglas del juego, garantizar a los diversos grupos de interés que pueden participar y exponer sus ideas con seguridad y confianza. Esas condiciones mínimas no están hoy en el territorio.