Una ley de despojo
PARA NADIE FUE UN SECRETO EL fastidio que generaron los rostros negros chambaculeros, a pocos metros de las murallas, en la Cartagena con pretensiones turísticas de los años 50. En 1971 los sacaron de su territorio, de la tierra donde habían armado sus casas, sus días, donde mataban el hambre y eran felices y tristes, y los mandaron para los márgenes de la ciudad, a los lugares donde Cartagena envía sus despojos.
Libres de la algazara de los chambaculeros, Chambacú era recorrido por cangrejos y futbolistas de potrero, hasta que en 1993 el constructor Héctor García Romero le entregó al Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) una propuesta sobre el terreno. En mayo de 1993, Luis Alberto Moreno —entonces ministro de Desarrollo— nombró director del Inurbe al mismo Héctor García Romero. Es decir, le dieron la dirección de la entidad a la misma persona que había mostrado interés por el predio y que por buena —o mala— suerte era el primo hermano de Gabriel García Romero,
alcalde de Cartagena en aquellos días. Lo que se ha dicho es que Héctor le propuso a su primo Gabriel que le cambiara la destinación del uso del suelo a Chambacú, que el alcalde así lo hizo y que el Concejo Distrital lo avaló. Dividieron el terreno en dos zonas: una con destinación para un parque y la otra para construcción. La del parque fue cedida por el Inurbe a Cartagena y la otra se vendió dos años más tarde al Consorcio Cartagena de Indias S. A., cuyos socios eran Luis Alberto Moreno —ya mencionado en esta historia—, Fernando Araújo Perdomo —excanciller y padre del senador Fernando Nicolás Araújo—, Alberto Araújo Merlano —el abuelo del senador— y el mismo Héctor García Romero, entre otros. En ese momento ocurrió el segundo despojo de Chambacú: unas 30 familias del sector Papayal, que aún permanecían allí, fueron sacadas con tanquetas de la Policía.
Hace 21 años, el periodista Ignacio Gómez publicó en este mismo medio las relaciones de poder y corrupción entre funcionarios que permitieron la apropiación del predio. La decisión de cambiar la destinación del suelo, la licitación, el asesoramiento al Concejo y el avalúo estuvieron a cargo de quienes finalmente terminaron siendo los compradores de Chambacú. La empresa que avaluó la propiedad era de la familia Araújo.
Algunos chambaculeros, reubicados en barrios periféricos de la ciudad, aún conservan fresco el recuerdo. Manuel Zapata Olivella se encargó de meterle arterias, pulso, tendones, sangre y vida a la memoria de quienes habitaron el Corral de Negros. El año pasado el senador Fernando Nicolás Araújo —hijo y nieto de los dueños del consorcio que compró Chambacú— sacó adelante una ley que tiene un nombre largo y pretencioso; un eufemismo, si se quiere. En breve, propone la creación de un fondo para la superación de la pobreza y la adaptación al cambio climático de Cartagena, es decir: todo. Dicho fondo, según esta ley, sería manejado casi a dedo por una pequeñita junta directiva en la que coincidirán públicos y privados. Una gallina de los huevos de oro que manejaría recursos y decisiones de los otros pueblos negros y empobrecidos que le quedan a la ciudad. De los que falta despojar, mandar a una periferia sin paisaje, sin salida al mar, mientras se hacen “negocios” con sus territorios: las faldas de La Popa, la zona insular, los pueblos de la zona norte y las comunidades cercanas a la Ciénaga de la Virgen… La gente que vive allí trata de salvar el día; otros, entre tanto, hacen cálculos de rentabilidad. El mismo sistema que los empobrece luego se enriquece prometiéndoles sacarlos de pobres.