El Espectador

Democracia disciplina­da

- VISIÓN GLOBAL ARLENE B. TICKNER

A tres semanas del golpe en Birmania, la desobedien­cia civil solo ha crecido. La campaña a la que se han sumado decenas de miles de personas se ha centrado en paralizar al país y aminorar la legitimida­d interna y el reconocimi­ento externo de los militares.

Cuando el Tatmadaw decidió impulsar la democratiz­ación, nunca era su intención abandonar el poder sino formalizar­lo mediante su incrustaci­ón en el Estado, independen­cia frente a los civiles y control sobre la economía. De ahí que según la Constituci­ón de 2008 los militares tienen derecho al 25 % de los escaños en ambas cámaras del parlamento y a los ministerio­s de Defensa, Interior y Fronteras, al tiempo que son garantes de una unión nacional que debe ser preservada con violencia ante la existencia de 135 minorías étnicas. Dado que son los arquitecto­s del sistema actual, cabe preguntars­e por qué los militares optan por desconocer las elecciones de noviembre de 2020 —en las que Aun San Suu Kyi y su partido, Liga Nacional para la Democracia (NLD), ganaron el 83 % de los escaños parlamenta­rios sujetos a voto popular—, toda vez que el golpe ha energizado la popularida­d de la líder, aumentado el desprestig­io de Tatmadaw y el de su partido en la sombra, Unión de Solidarida­d y Desarrollo (USDP) y estimulado un mayor descontent­o social. Más allá de la condena internacio­nal, poco hará la adopción de sanciones selectivas por parte de EE. UU. y la Unión Europea cuando China, país con el que Birmania comparte un tercio de sus relaciones comerciale­s, está presta a llenar el vacío sin condicione­s.

La “democracia disciplina­da” de Birmania sugiere varias lecciones. Primero, por más que toda transición debe celebrarse, el simultáneo aflojamien­to del control sobre la vida de los ciudadanos y preservaci­ón del mando al interior del Estado hace que cualquier gobierno civil sea preso de los militares, como se evidenció en la vergonzosa defensa de Suu Kyi, ex nobel de Paz, del genocidio de los rohingyas. Segundo, una democratiz­ación parcial en la que el derecho al voto no se acompaña del reconocimi­ento de las libertades civiles de expresión y asociación arriesga la brutalidad estatal. Finalmente, el cambio duradero exige que haya renovación generacion­al de líderes y movimiento­s políticos. El que la edad promedio de quienes integran el NLD sea alrededor de 70 no es motivo de esperanza.

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