No distorsionar la verdad

DEBERÍAMOS ESTAR CURTIDOS. EL libreto se repite; desgastado, pero todavía le funciona al uribismo. Descalificar al opositor y reducir la gravedad de los señalamientos a un asunto de cifras: decirlo al lado de un dato numérico, más allá de su veracidad, para convencer sin esfuerzo.

Por eso se entiende el afán desmedido de la Fiscalía de manejar las estadísticas sobre crímenes contra defensores de derechos humanos, que ahora la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos reduce a 66 el año pasado, mientras que la Defensoría del Pueblo habla de 182 e Indepaz, de 310. Así nos quedamos con los números, pero sin los rostros ni las historias.

Le quitamos el foco a la gravedad de los crímenes y nos entrelazamos en un debate abstracto de metodologías y pruebas que restan contundencia y sensibilidad a la información de esos asesinatos. ¿Lo ven? Funciona.

Lo mismo pasa con las 14 masacres que ya acumula este año. El problema no parece estar en la ignominia de semejante seguidilla, sino en la disputa por enumerarlas, caracterizarlas y hasta por definirlas según la cifra de asesinados. El encuadre, que llamamos.

Pero cuando la cortina de humo no funciona, como acaba de suceder con las 6.402 ejecuciones extrajudiciales que según la JEP ocurrieron durante los gobiernos de Uribe, y no 2.228 como dice la Fiscalía, siempre queda el recurso de la calumnia y el señalamiento para desviar la conversación pública.

Con información precisa, José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, sorteó lo uno y lo otro con un reclamo que debe quedar escrito sobre mármol: “No distorsionar la verdad”, que aplica no solo para ejecuciones extrajudiciales, sino también para el exterminio de reinsertados, líderes sociales y masacres como formas de terror, esas cuatro patas de una mesa a la que se sienta esta sociedad de la barbarie. Harto trabajo le queda a la JEP o, en su defecto, a la Corte Penal Internacional, que está próxima a venir.