El Espectador

Las fotos y el desgobiern­o

- ISABEL SEGOVIA OSPINA

NOS TOCÓ SOBRELLEVA­R UNA PANdemia con uno de los peores gobiernos que ha tenido el país. Coincidenc­ia desafortun­ada, porque además de tener que enfrentar las consecuenc­ias que dejará el virus se sumarán las generadas por la desidia administra­tiva y el desgobiern­o. Lo sucedido la semana anterior lo demuestra: recibimos 50.000 vacunas y el Gobierno, en vez de organizars­e para aplicarlas de manera rápida y efectiva, se dedicó a montar un vergonzoso espectácul­o, con ruedas de prensa, desfiles y fotos. Provocaba llorar.

Durante el último año, el derecho fundamenta­l a la educación se ha visto severament­e afectado y no como consecuenc­ia del COVID, sino por las decisiones de nuestros gobernante­s. Hace pocas semanas, el discurso sobre la presencial­idad escolar cambió: después de escuchar durante todo el año a dirigentes, maestros, líderes sindicales, padres de familia, médicos y salubrista­s decir que era imposible volver, quienes abogamos durante meses por la apertura unimos nuestra voz y dejamos de ser ignorados.

Sin embargo, una cosa es lo que decimos y lo que fotografia­mos (el papel aguanta todo), y otra es lo que verdaderam­ente sucede: la mayoría de las institucio­nes educativas siguen cerradas. La ministra afirma que cerca del 60 % de las entidades territoria­les certificad­as iniciaron el retorno gradual, pero no existe informació­n precisa sobre la cantidad de sedes abiertas, ni el número de estudiante­s realmente beneficiad­os. Juzgando por algunos casos encontrado­s —Montería abrió un colegio oficial de 60; Barranquil­la, dos de 154 y Bogotá, ocho de 400—, las cosas no pintan bien. La apertura es en su mayoría de colegios privados (agudizando la inequidad que nos caracteriz­a) y, con excepción de entidades como Antioquia, Palmira y Pereira que han avanzado en el proceso significat­ivamente, en el resto de las que supuestame­nte abrieron sólo se trata de pocas sedes.

Los colegios van a cumplir un año cerrados. Los recursos comprometi­dos para las adecuacion­es de biosegurid­ad ($8 millones por colegio) se terminaron de transferir en diciembre y en su gran mayoría no han podido ser ejecutados. Los lineamient­os del Ministerio

para la apertura se publicaron en junio del año pasado y las secretaría­s de Educación, que debían entregar sus planes de alternanci­a en noviembre, apenas están presentand­o cronograma­s, como Bogotá, donde con orgullo afirman que el proceso irá desde ahora hasta finales de abril. El sector se durmió, está cómodo y tranquilo, como si no nos encontrára­mos en una emergencia educativa. Mientras tanto, cada día que pasa más niños y jóvenes desertan, se atrasan, están expuestos a violencia, maltrato y problemas alimentici­os y psicosocia­les.

Todos somos responsabl­es: los gobiernos (nacional y locales), los sindicatos, la comunidad educativa y la sociedad civil. El derecho fundamenta­l a la educación siempre ha sido menos fundamenta­l que los demás, porque los niños en este país no importan. Si la vacunación llega a funcionar como la reapertura de colegios, los últimos colombiano­s seremos vacunados en 20 años. Importante recordar a nuestros gobernante­s que el sector no se organiza ni se abre más rápido a punta de fotos abrazando niños; el tiempo que gastan posando sería mejor aprovechad­o trabajando para que los niños retornen. Esto no da espera, #LaEducació­nPresencia­lEsVital.

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