¿Despenalizar las drogas?
Aunque cada vez son más los países que despenalizan la posesión de drogas como la cocaína y la heroína, en países productores estas medidas no resuelven los problemas del mercado ilícito. Expertos explican.
Aunque cada vez son más los países que despenalizan la posesión de drogas como la cocaína y la heroína, en naciones productoras estas medidas no resuelven los problemas del mercado ilícito. Prohibirlas es el peor de los mundos posibles, porque se entrega el control a los actores ilegales cuya finalidad es aumentar ganancias y para eso van a adulterar, lo que exacerba los daños de la sustancia”. Expertos explican.
“¡Histórico! El estado de Oregón dio un giro drástico en la lucha contra las drogas”: Así titularon los principales medios de comunicación en Estados Unidos, luego de que Oregón se convirtiera en el primer estado del país en despenalizar la posesión de todas las drogas. Tener pequeñas cantidades de heroína, cocaína, metanfetamina o LSD para uso personal ya no es un delito en ese lugar. Siguen siendo ilegales, al igual que venderlas, pero la posesión ahora es una violación civil, no criminal, que puede resultar en una multa o en terapia médica, pero no en la cárcel.
Oregón ha sido el estado más progresista en el tema de drogas. Fue el primero en despenalizar el cannabis en 1973 y lo legalizó en 2014. En total 15 estados de EE. UU. han despenalizado el uso recreativo de la marihuana. Sin embargo, analistas consideran que despenalizar las drogas no es el debate actual, pues desde hace más de una década, 30 países del mundo, entre los que están Colombia, Costa Rica, República Checa, Holanda y Portugal, despenalizaron el uso personal de algunas drogas.
“Lo que Estados Unidos está haciendo hoy, en Colombia se hizo en 1994 con la Sentencia C-221, expedida el 5 de mayo por la Corte Constitucional. Para países donde la problemática es la producción, el tráfico, la exportación y toda la economía criminal alrededor de las drogas, la despenalización del uso personal, aunque muy necesaria, no nos hace ni cosquillas”, explicó Isabel Pereira, coordinadora de política de drogas en Dejusticia a El Espectador. Un argumento muy similar al que planteó Drug Policy Alliance: aunque la despenalización de la marihuana, por ejemplo, es un primer paso hacia una reforma del régimen de prohibición, “la medida no aborda los mayores daños: la corrupción, los altos niveles de delincuencia, la violencia y los mercados ilícitos”.
Algo que indiscutiblemente ocurre en Colombia. “Por un lado, aquí el consumo es minoritario. Y, además, los problemas que tenemos están asociados a otras dinámicas de la cadena de drogas. Es decir, si otros países despenalizan, esto no nos impacta en nada porque aquí sigue siendo un delito para los campesinos cultivar, sigue presente la amenaza de la fumigación y sigue el poder que tienen los actores criminales en el negocio. Esto nos lleva a un debate más amplio sobre lo necesario en materia de política de drogas”, agregó Pereira.
La salida: eliminar la prohibición para todas las drogas. Ojo: estamos hablando de regular, mas no legalizar. “Prohibirlas es el peor de los mundos posibles, porque se entrega el control a los actores ilegales cuya finalidad es aumentar ganancias y para eso van a adulterar, lo que exacerba los daños de la sustancia”, dijo.
John Walsh, director de política de drogas de WOLA, una organización que promueve los derechos humanos en las Américas, le dijo a este diario que la despenalización funciona muy bien para los países donde el consumo es elevado, pero no aborda el tema de la oferta. “La medida deja la distribución en manos del mercado negro y en grupos al margen de la ley. El próximo paso, como lo vimos en el caso del cannabis, es buscar regular la oferta. Solo dos países han regulado expresamente su mercado de cannabis: Canadá y Uruguay; México lo está debatiendo”.
El caso Portugal, ¿estancado?
A principios de la década de 1970, decenas de jóvenes portugueses fueron reclutados para pelear en las guerras de varias colonias africanas. “Era como los estadounidenses en Vietnam. El whisky era más barato que el agua, y el cannabis era de fácil acceso”, dijo João Goulão, el arquitecto de la política de drogas en Portugal a NPR. La cuestión no fue menor: en 1990 el 1 % de la población -unos 100.000 portuguesesera adicta a la heroína.
La respuesta del gobierno portugués fue introducir políticas cada vez más duras ligadas a un sistema de justicia penal. En la década de 1990, cerca de la mitad de las personas encarceladas en Portugal estaban allí por algún motivo relacionado con drogas. Y no solo eso, el problema fue tan grave, que el país se enfrentó a una de las tasas más altas de muertes por sobredosis en Europa, y las personas que se inyectaban heroína representaban el 60 % de la población VIH positiva del país, de acuerdo con Drug Policy.
El país decidió en 2001 tomar una decisión contundente: se convirtió en la primera nación del mundo en despenalizar el consumo de todas las drogas. La ley supone que cualquier persona que sea sorprendida con una dosis para menos de 10 días es enviada a una comisión local, donde un médico, un abogado y un trabajador social evalúan cada caso. La clave: tratar la adicción como un problema médico más que como un asunto criminal.
Sí, hubo avances: las muertes por sobredosis disminuyeron en más del 80 % y el país ahora tiene el índice más bajo de muertes relacionadas con drogas: tres por cada millón de habitantes. Aumentó el número de personas que reciben tratamiento por adicción, las infecciones de VIH entre personas que usan drogas cayó a la mitad y la población carcelaria por este asunto pasó del 75 al 45 % en 20 años, según cifras de Dejusticia. Pero aún quedan varios asuntos por resolver.
“Es curioso que se mencione tanto a Portugal. Ellos dicen que no entienden por qué son un caso de
››En Portugal no se hace distinción entre drogas “duras” o “blandas”, o si el consumo ocurre en público o en privado. Lo que importa es si la relación con las drogas es sana o no.
ejemplo en el mundo cuando el país se quedó estancado en la despenalización y no fue más allá”, agregó Pereira.
¿Qué más falta? Lugares de consumo supervisados. En otras palabras, dar un paso hacia la regulación. “En Canadá crearon salas de consumo supervisadas donde la gente que usa drogas, y no quiere dejar de usarlas, puede ir y consumir en un espacio seguro. Tienen acceso a material higiénico y a personal de salud en caso de una sobredosis. Es un modelo muy interesante que también utilizan en Alemania, y que Portugal no lo tiene. En Suiza realmente van más allá, tienen el mismo modelo de sala de consumo supervisado, pero ellos dan la heroína para asegurar que la sustancia no sea de las redes criminales que está adulterada. Es un modelo de esquema regulado que no está mediado por el mercado, sino por el sistema de salud”, explicó Pereira.
Un reto que trasciende fronteras
Los países que representan el grueso de los consumidores de drogas están bajo la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, que emite todo el régimen de prohibición de marihuana, cocaína y sus derivados. “La regulación de la cocaína, que es en realidad lo que necesitaríamos en Colombia, no tiene ningún ambiente político en el país. Pero además, si llegáramos a tener un cambio regulatorio sobre la cocaína, esto no quita el hecho de que existe un tratado internacional que lo prohíbe”, dijo Pereira.
De ahí que John Walsh, director de política de drogas de WOLA, explica que los Estados que promulgan la regulación del cannabis deben encontrar la manera de alinear sus reformas con sus obligaciones internacionales y alcanzar un nuevo consenso global, algo que parece muy difícil con unas potencias mundiales muy conservadoras en Naciones Unidas como Rusia y China.
Esa es la discusión en Uruguay, el primer país del mundo en legalizar la marihuana, donde aún queda un largo camino para lograr un consenso entre los tratados internacionales y las reformas de política interna. El 4 de enero, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) le recordó al gobierno uruguayo que el uso recreativo del cannabis va en contra de la normativa internacional. La
Junta insistió en que la Convención establece que el uso de cannabis debe limitarse a actividades médicas y científicas, y que otras normativas prohíben su producción, distribución o venta.