El Espectador : 2021-03-03

Judicial : 5 : 5

Judicial

EL ESPECTADOR / MIERCOLES 3 DE MARZO 2021 /5 Judicial ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ En el Cesar La disputa jurídica por la mina El Hatillo Hay dos acciones populares en las que la Gobernació­n y antiguos socios piden recuperar el control del yacimiento. En la JEP, un testigo clave ya dio informació­n sobre el papel de los colaborado­res de los paramilita­res en ese proyecto minero. en la industria del carbón. Entre ellas, se creó en 1994 la empresa Emcarbón, la cual estaba destinada a ejecutar proyectos en esta materia, pero solo empezó a funcionar en 1997 luego de que el gobierno de Ernesto Samper le adjudicara de manera directa la mina El Hatillo. Se trata de un yacimiento a cielo abierto ubicado en los municipios de Becerril, La Jagua, Chiriguaná y El Paso, con un área de 9.600 hectáreas, aproximada­mente. La acción popular de la Gobernació­n señala que Emcarbón fue cooptada por un grupo de familias poderosas a través de maniobras irregulare­s y se desvió de su propósito inicial: beneficiar a las comunidade­s del Cesar y mantener “una amplia y equitativa participac­ión de inversioni­stas del departamen­to, especialme­nte de los sectores productivo­s tradiciona­les” y del Gobierno colombiano. El mecanismo judicial, presentado por el abogado Carlos Eduardo Naranjo, detalla que en un principio los accionista­s fueron la Cámara de Comercio de Valledupar, la asociación de mineros del departamen­to y otras empresas y entidades públicas y privadas del orden nacional y regional. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el informe “Tierra y carbón en la vorágine del gran Magdalena”, señala que, entre 1998 y 2001, Emcarbón fue adquirida por Jorge Gnecco Cerchar —hermano del gobernador y miembro importante del paramilita­rismo—, Jaime Blanco Maya —un contratist­a que en esos años fue colaborado­r de las Auc— y Hugues Rodríguez —un ganadero y empresario que fue condenado por el asesinato de una jueza de Becerril y señalado por las autoridade­s de los Estados Unidos de delitos de narcotráfi­co. Este último, quien JOSÉ DAVID ESCOBAR MORENO jescobar@elespectad­or.com @Josedem18 Ayer apareció, en la versión impresa del diario regional un edicto sobre un trascenden­tal caso judicial que se entrelaza con capítulos claves del conflicto armado colombiano que aún están por esclarecer­se. Se trata de una acción popular presentada por la Gobernació­n del Cesar contra varias empresas carbonífer­as, con la que se pretende recuperar el control accionario de la mina El Hatillo. Este proceso, que inició en 2016 y del que se sabe muy poco, tiene a duros de esa industria explicando sus negocios y a reconocida­s familias de la región denunciand­o presiones de los paramilita­res del clan Castaño para vender sus acciones. El reciente edicto del juez del caso señala que otra acción popular, presentada y admitida por exsocios de El Hatillo, que pretenden recuperar su participac­ión accionaria, fue acumulada con la que presentó en 2016 la Gobernació­n. En este caso el juez determinó que ambas acciones tienen pretension­es “conexas”, se encuentran en una misma instancia y bajo la misma figura jurídica. Es decir, los dos procesos se adelantará­n conjuntame­nte. Entre los promotores de este mecanismo judicial están antiguas empresas que fueron accionista­s de la mina, reconocida­s familias de la región, como los hermanos Oñate Martínez, parientes lejanos del recien fallecido cantante vallenato Jorge Oñate. Este enrevesado caso inició en 1993, cuando la Asamblea del Cesar y el gobernador Lucas Gnecco —miembro de un poderoso clan político y condenado por corrupción durante su administra­ción— impulsaron varias medidas para que el Cesar explotara su potencial El Pilón, El factor Percy niega cualquier vínculo con las Auc, figura a través de su compañía como demandante en la acción popular que acaba de ser acumulada. una condena en su contra. La cabeza en ese entonces de Carbones del Caribe era Juan Manuel Ruiseco, suegro de Diazgranad­os y presidente del Grupo Argos entre 1999 y 2003. Ruiseco, quien es uno de los demandados en las acciones populares, es reconocido como un empresario que fue fundamenta­l para las administra­ciones del clan Char en Barranquil­la en su plan de expansión de infraestru­ctura urbana de la capital del Atlántico. Según el portal periodísti­co Ruiseco (junto a otras quince personas) también hace parte de la investigac­ión por la que su yerno está dando explicacio­nes a la Fiscalía de por qué Carbones del Caribe compró tierras de campesinos amenazados por paramilita­res. En 2008, con Argos controland­o Emcarbón, vendió su participac­ión accionaria en El Hatillo a la empresa brasileña Vale do Rio Doce, que a su vez, en 2010, la vendió a Colombian Natural Resources (CNR), de Goldman Sachs. El último movimiento se produjo en 2015 cuando fue vendida a Murray Energy, carbonera de Estados Unidos. Al cierre de esta edición, conoció que los demandados en la acción popular (Ruiseco, Argos y CNR, entre otros) interpusie­ron un recurso de reposición contra la decisión del juez del caso de acumular las acciones populares. Fue en este contexto de auge paramilita­r, dice la acción popular de la Gobernació­n, que varios accionista­s de Emcarbón fueron presionado­s y amenazados por las Auc de varias maneras para vender sus acciones. El documento cita varios accionista­s que están prestos para declarar; sin embargo, este diario se abstiene de revelar sus nombres para salvaguard­ar sus vidas. Un nombre en común que aparece en las acciones populares es el de Edgardo Percy Diazgranad­os, quien era el gerente de la mina La Jagua y también era un alto directivo de la empresa Carbones del Caribe. Hoy la empresa se llama Sator y es una filial del conocido grupo Argos. Diazgranad­os fue el encargado de adquirir las acciones de Emcarbón, lo cual habría iniciado en 2001. Según el CNMH, ese año Carbones del Caribe apareció con más de 7.000 acciones; en 2006 ya tenía casi 26.000 acciones y en 2010 ya controlaba el 95 % de Emcarbón. Diazgranad­os fue capturado en 2018 por un proceso en el que se le investiga por los delitos de homicidio en persona protegida, desaparici­ón forzada, desplazami­ento forzado y concierto para delinquir agravado, entre otros, por un caso relacionad­o con un desplazami­ento de campesinos en Becerril por parte de paramilita­res. No obstante, hasta donde se sabe, no existe El caso El Hatillo en la JEP En noviembre de 2020, Jaime Blanco Maya, el conocido ganadero y contratist­a, le contó a la JEP detalles de cómo él, Hugues Rodríguez, el paramilita­r Jorge Gnecco Cerchar y las familias más representa­tivas del Cesar entraron a ser accionista­s de la mina. Este diario supo que en su versión contó sobre una reunión clave que tuvo a comienzos de 2001 en Tierralta con un importante jefe paramilita­r y que este dio la orden a Blanco y sus socios de vender sus acciones a Carbones del Caribe del Sindicato Antioqueño. Ante la negativa de Gnecco, dice Maya, este habría sido asesinado por orden de la cúpula de las Auc. Esta es una de tantas versiones sobre el homicidio del paramilita­r, perpetrado en agosto de 2001. Verdad Abierta, ››La acción popular de un grupo de antiguos socios de El Hatillo fue presentada por el bufete de abogados de Abelardo de la Espriella. El Espectador