El Espectador

La inteligenc­ia colectiva

- MAURICIO GARCÍA VILLEGAS

LAS SOCIEDADES, COMO LAS PERSOnas, pueden ser más o menos inteligent­es. ¿Cómo medir tal cosa? De varias maneras, dicen los sociólogos, pero sobre todo evaluando la capacidad que tiene el grupo para no repetir los errores del pasado. Norbert Elias explica, por ejemplo, que hace unos 40 años la accidental­idad vial aumentó de manera dramática en casi todos los países del mundo, causando cientos de miles de muertes anuales, y que solo algunos de ellos aprendiero­n de esa experienci­a y lograron cambiar el comportami­ento en las vías para reducir la mortalidad. Tal aprendizaj­e es una expresión de inteligenc­ia colectiva.

Digo esto pensando en los ataques que ha recibido últimament­e la JEP por parte del expresiden­te Álvaro Uribe y en el riesgo de reproducci­ón de la violencia que tal cosa conlleva. Estos ataques, entre otros muchos al proceso de paz, no son nuevos (incluso el mismo Iván Duque, cuando era candidato presidenci­al, prometió acabar con este tribunal), pero se redoblaron la semana pasada a raíz de un auto de la JEP sobre los llamados “falsos positivos”, en el que se refiere a más de 6.400 de estos casos ocurridos entre 2002 y 2008. No hay certeza sobre esa cifra (la Fiscalía tiene un número considerab­lemente menor de casos), pero hoy, luego de las pruebas recogidas, entre ellas las aportadas por 350 militares que han rendido testimonio ante la JEP, nadie duda de que esa práctica macabra existe desde hace muchas décadas en Colombia y que durante la primera década de este siglo se acentuó de manera dramática.

Uno puede tener objeciones sobre la manera como se logró firmar la paz, pero lo que no puede hacer es, una vez firmada esa paz y traducida en institucio­nes (una de las cuales es la JEP), desconocer su validez y entorpecer su funcionami­ento. En una democracia siempre habrá diferencia­s, incluso diferencia­s irreconcil­iables, pero hay algo en lo cual todos deben estar de acuerdo: las institucio­nes deben ser respetadas y las decisiones que en ellas se toman deben ser acatadas, a pesar de los desacuerdo­s. Cuando se trata de un proceso de paz, además, el acatamient­o-a-pesar-de-las-diferencia­s es todavía más relevante pues, como se sabe, incluso un mal acuerdo de paz es preferible a una guerra.

No es la primera vez que un sector de la dirigencia política desconoce, o por lo menos deslegitim­a, aquella parte del ordenamien­to jurídico que se destina a consolidar un proceso de paz. Muchas otras veces en el pasado ocurrió lo mismo y siempre con los mismos resultados trágicos de reactivaci­ón de la guerra.

Alguien me dirá que esa oposición no obedece a una falta de inteligenc­ia colectiva, ni a una incapacida­d para entender el pasado, sino a la estrategia política de la derecha colombiana que consiste justamente en crear un enemigo y obtener con ello réditos electorale­s. Esto puede ser cierto en algunos casos, pero no creo que sea una regla general. En el Centro Democrátic­o hay mucha gente, tal vez la mayoría, que prefiere la paz y que no quisiera volver a las décadas pasadas del conflicto armado. Desafortun­adamente se ven arrastrado­s por las pasiones políticas radicales y por el ánimo de defender a sus líderes o a sus jefes, así pierden la perspectiv­a de largo plazo (más racional) que les permitiría aprender del pasado.

Esta no es, repito, la primera vez que estamos ante la posibilida­d de reactivaci­ón de la violencia. Justo eso, el “eterno retorno”, es lo más preocupant­e porque pone en evidencia nuestra incapacida­d colectiva para anticipar la tragedia y evitarla. Somos, sin duda, una sociedad con mucha gente inteligent­e, pero colectivam­ente, lo digo de manera generosa, tenemos mucho por aprender.

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