Estímulo en Estados Unidos, chichiguas en Colombia
JOE BIDEN LOGRÓ QUE SE APROBARA el plan de rescate de la economía estadounidense por 1,9 billones de dólares, más del 9 % del PIB de ese país. En 2020 su economía se contrajo el 3,5 % y la tasa de desempleo llegó al 6,2 % de la población económicamente activa.
Diversos analistas auguran una recuperación total en 2021, aunque algunos temen que la economía se recaliente y aumente la inflación. Otros consideran que eso no sucederá necesariamente y que el aumento de precios se limitará a ciertas materias primas, un costo bajo frente a los beneficios. El plan extiende el seguro de desempleo y aumenta las mesadas, subsidia los seguros de salud (contra la inclemencia de Trump), subsidia alquileres y otorga bonos por cada niño en situación de vulnerabilidad. Una muestra de empatía con los sufrimientos de buena parte de la población estadounidense, de la que carece el Partido Republicano que, unificado alrededor del expresidente, no emitió ni un voto favorable al plan.
Aunque la contracción de la economía colombiana ha sido más del doble y la tasa de desempleo es cercana al 16 %, una calamidad, la administración Duque no ha dispuesto ni un tercio del estímulo recién aprobado en Estados Unidos (para no mencionar los billonarios paquetes de ayuda anteriores), el país del que copiamos todos sus defectos pero ninguna de sus virtudes. Es obvio que su capacidad de endeudamiento es enorme, mientras que la tesorería colombiana está más limitada. Por eso mismo, debe recurrir más a los impuestos.
Quizá más pronto que tarde aumentarán los impuestos al capital en Estados Unidos para pagar parte del plan de rescate y se afectarán las ganancias de las corporaciones. En nuestro país, el ministro Carrasquilla da puntadas a una nueva reforma tributaria, pues el objetivo de la que hizo hace dos años fue reducir los impuestos a las sociedades y a los mayores ingresos. Así, agravó el desequilibrio fiscal estructural del Gobierno, aun antes de que fuera necesario actuar contra la pandemia.
Una propuesta distinta es impedir que el Gobierno asuma el impuesto de industria y comercio que pagan los empresarios a nivel local, con un costo de $6 billones. Otra, gravar las altas pensiones, que hoy están exentas. Nuestro sistema tributario ha acentuado la desigualdad al apoyarse cada vez más en el IVA en lugar del impuesto de renta. Según Anif, “en 1991 [el IVA] pesaba el 32,5 % del recaudo… (2,6 % del PIB), mientras que en 2019 aumentó al 41,4 % (5,8 % del PIB)”. Carrasquilla pretende aumentar aún más la desigualdad, fijando un IVA más alto a muchos bienes de la canasta familiar y “ofreciendo” devolverlo a los hogares más pobres, una oferta difícil de cumplir con tanta informalidad.
Al Gobierno no le interesa aumentar los impuestos a las personas, que son ridículamente bajos: por este concepto recauda un ínfimo 1 % del PIB frente al 8 % en los países de la OCDE; falta un impuesto con dientes al patrimonio y restablecer la renta presuntiva. El Gobierno se identifica con los ricos, pero es insensible a las necesidades de una población afligida por la enfermedad, la muerte y el hambre.
Carrasquilla espera aumentar el recaudo en un escaso 1,5 % del PIB, lo que refleja su talante mezquino y chichigüero y la cortedad de sus reformas tributarias ante las abrumadoras necesidades de nuestra sociedad. Habrá entonces muchísima austeridad fiscal.