Desconfianzas comunes
LA FIRMA DEL ACUERDO FINAL PARA LA Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, sin lugar a dudas, pese a que muchos estén en desacuerdo, constituye el pacto político más importante de los últimos 25 años en el país, el cual ha sabido desatar en los últimos cuatro años un proceso democratizador palpable, objetivamente, tanto por hechos positivos —tales como la votación en la consulta popular anticorrupción, la elección de fuerzas políticas emergentes en escenarios regionales y locales y, por primera vez, la disputa real de la Presidencia por expresiones ajenas al statu quo—, como por hechos negativos asociados a la reacción de aquellas fuerzas políticas, sociales y económicas que se oponen al cambio —como son los asesinatos sistemáticos contra líderes sociales y firmantes del Acuerdo Final, el retorno de formas autoritarias de gobierno y la gestión de conflictos sociales, así como la simulación de la implementación del Acuerdo Final—.
Como militante de Comunes coincido en parte con lo que este editorial afirma: potenciar nuevos liderazgos, impulsar rostros nuevos que representen sus ideas, en últimas, cambios profundos, dado que en gran medida este no es otro que el sentir de las bases de este partido político, en el cual nos hemos politizado a partir del diálogo fraterno, la crítica y autocrítica, el disentimiento y, para asombro de muchos, la democracia participativa. Sin embargo, disiento de la tesis central que busca posicionar este editorial: depende de los cambios profundos en Comunes que el país ceda a estos.
Los colombianos no cederán ante la potencia transformadora del Acuerdo Final y ante Comunes simple y llanamente porque estos den muestras de cambios profundos. Esto es parte, pero no es todo. Esto es así porque, ante los desafíos que supone la implementación del Acuerdo Final, también deben reclamarse cambios en todos y cada uno de los que participaron directa e indirectamente en el conflicto político, social y armado. Para no ir más allá, veamos solo dos actores relacionados indirectamente en los planteamientos que aborda el editorial: las Fuerzas Armadas y los partidos políticos. Las primeras, pese a los testimonios en la Comisión de la Verdad y el caso de los mal llamados “falsos positivos” en la Jurisdicción Especial para la Paz, han asumido una postura de negación absoluta frente a lo sucedido. Los segundos, aferrados a cálculos electorales, reeditan, con sus gestos de exclusión a Comunes —ya vivido en pasadas elecciones bajo el argumento de que se llamaban FARC—, la sustracción que durante gran parte del Frente Nacional (1958-1974) los partidos políticos tradicionales hicieron del entonces Partido Comunista de Colombia (PCC), relegándolos a una especie de ciudadanía de segunda categoría, evidenciado con ello su impermeabilidad al proceso democratizador que a trancas y mochas se mantiene en pie en Colombia.
Desconfianzas comunes reclaman compromisos comunes, no solo de una parte, sino de todas.
Posdata. Ojalá el diario El Espectador exija también a los demás partidos políticos cambios profundos. De aquellos también depende que el país pase la página del conflicto armado.