“Me mataron pero seguiré levantando mi voz”
“SOY UNA PERIODISTA COLOMBIANA que lleva más de 25 años ejerciendo su profesión. Entre 1999 y 2000 era reportera judicial del periódico El Espectador y estaba documentando un caso de tráfico de armas y ‘compra y venta’ de secuestrados, además de otras violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo en La Modelo, uno de los centros penitenciarios más peligrosos del mundo para ese momento. Esa investigación tenía un componente especial y era que allí confluían todos los grupos armados: paramilitares, guerrilleros, integrantes de mafias del narcotráfico y delincuencia organizada. Lo paradójico era que, públicamente, los agentes del Estado (estoy hablando de integrantes del Ejército y, especialmente, de la Policía) combatían estos grupos ilegales pero, dentro de la cárcel, tenían alianzas.
En mayo del 2000 se registró una masacre de 32 internos en esa prisión. El Espectador hizo una serie de publicaciones. Seguimos con las investigaciones y recibí llamadas en que me decían que me quedaban tres días de vida. Con el director del periódico y mi editor, Jorge Cardona, decidimos acudir a la Policía. Hombres de Inteligencia de ese organismo nos dijeron que la mejor solución para que terminaran las amenazas era que me entrevistara con los paramilitares. Esa misma noche recibimos una llamada en que nos ponían cita para ir a entrevistar a uno de ellos. Acudí la mañana del 25 de mayo con mi editor, Jorge Cardona, y el fotógrafo, para hacer la entrevista. Era una trampa. Cuando estábamos en la puerta de La Modelo, una persona del Inpec nos dijo que la boleta para el ingreso estaba lista. Mientras mi editor iba por el fotógrafo (que estaba en el vehículo), fui abordada por un hombre y una mujer. El hombre me intimidó con una pistola 9 milímetros, me encañonó en frente de una patrulla de la Policía. Me llevaron a un lugar cercano, me amarraron, me golpearon, me subieron a un carro y me sacaron de la ciudad. Empezó una travesía de muchas horas. (Cometieron contra mí) abusos y torturas que terminaron en violación masiva. Después no sé qué ocurrió. Me dejaron abandonada en una carretera, casi muerta.
(Mientras me torturaban) manifestaron que era un escarmiento para la prensa, que los periodistas éramos la plaga. Durante 11 años el fiscal que estaba encargado del caso me llamaba para decirme que por qué no investigaba yo, y que le entregara los resultados a él. El proceso estuvo paralizado todos esos años, y solo cuando la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) decidió presentar mi caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reactivó. Tuve que narrar mi violación 12 veces ante la Fiscalía. Muchos años después, gracias a las investigaciones periodísticas, pero también a los testimonios que han entregado paramilitares que han sido llamados al proceso, logramos establecer que la cabeza de esta red criminal y quien ordenó mi secuestro fue un general de la Policía en complicidad con otras personas de ese organismo. A mí me mataron la mañana del 25 de mayo. Un día el director de la Policía le dijo al director del periódico en donde trabajo hoy, el diario El Tiempo, que lo mejor era que me fuera del país porque no podía garantizar mi vida. Pero no me voy a callar. Voy a levantar mi voz” (extracto de la declaración de la periodista Jineth Bedoya, esta semana, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que juzga al Estado colombiano por las atroces vejaciones que ella ha sufrido desde hace 21 años, sin apoyo de los gobiernos que han transcurrido desde entonces, ni de la justicia).
Entre paréntesis. Colombia, representada por Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, solo intervino ante la Corte IDH para decir que se retiraba porque “no tenía garantías”. ¡Ignominia!