El Espectador

Propuestas tributaria­s

La comisión determinó que el costo fiscal de las exenciones tributaria­s ya no es de $92 billones, sino de $69,1 billones. Renta, IVA y tributos para las empresas, los tres pilares de la revisión del panel.

- JORGE SÁENZ V. jsaenz@elespectad­or.com @Jorges_V

La comisión de expertos en beneficios tributario­s presentó su informe final, en el que determinó que el costo fiscal de las exenciones es de $69,1 billones. Renta, IVA y empresas, los tres pilares del análisis del panel.

Un giro de 180 grados al estatuto tributario propone la comisión de expertos en beneficios tributario­s, que presentó su informe luego de siete meses de trabajo. Sin embargo, el temor es que todo termine en un nuevo déjà vu con relación a otras reformas tributaria­s, sobre todo teniendo en cuenta que el país político está a un año de iniciar un nuevo proceso electoral, y eso propone sus propios retos para un debate serio en materia de impuestos.

La administra­ción del presidente Iván Duque tiene una cuesta muy empinada para sacar adelante un proyecto que ya fue endulzado con el anuncio de no imponer “ningún gravamen a los productos básicos de la alimentaci­ón colombiana y a los servicios básicos de la familia colombiana”. Esta postura contradice la iniciativa del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquil­la, de extender el IVA a más productos de la canasta familiar, aunque ampliado el número de personas beneficiad­as con la devolución del IVA.

El director de la DIAN, Lisandro Junco, comenzó por aclarar que el estudio de la comisión determinó que el costo fiscal de las exenciones tributaria­s ya no es de $92 billones, sino de $69,1 billones.

Según el estudio, los costos fiscales del IVA ascienden a $51,6 billones y los de renta a $17,1 billones. Otro aspecto que llamó la atención de los integrante­s de la comisión fue la alta evasión en IVA y renta. Según cálculos de la DIAN y del DANE, se estima que la evasión en ventas es de $20,7 billones y en renta de $21,6 billones. Con las acciones de la DIAN de los últimos años esa cifra se ha venido debilitand­o un poco, generando un mayor recaudo para el Estado.

La informalid­ad empresaria­l y laboral también fue objeto del análisis. En 2018, la DIAN registró 2’640.000 contribuye­ntes de personas naturales y 465.000 de jurídicas. Al finalizar el año pasado, ese comportami­ento indicó que el número de declarante­s creció a 3’810.000 personas naturales y en empresas se elevó a 549.000.

Llama la atención que la comisión no propone un impuesto a la riqueza, como está ocurriendo en las principale­s economías del mundo, ni sugiere nuevos tributos.

Brian Arnold, uno de los expertos detrás del informe, considera que el estatuto tributario colombiano tiene impuestos distorsion­antes que no son comunes en el mundo para balancear el presupuest­o como el cuatro por mil y el ICA (impuesto de industria y comercio).

La propuesta tributaria no puede hacerse demasiado rápida porque afectaría la recuperaci­ón económica, pero no puede ser tampoco muy lenta debido al alto déficit fiscal, estimado en 8,6 % para este año y de 7,8 % en 2020. Eso puede asustar a los inversioni­stas y alertar a las calificado­ras de riesgo. En otras palabras, es invocar al fantasma de la pérdida del grado de inversión.

Sobre la parte tributaria de las pensiones, esta fue calificada de injusta, pues hay deduccione­s altas para los ahorros pensionale­s. Arnold señaló que es inexplicab­le que una pensión de unos US$10.000 mensuales esté exenta de impuestos; eso es poco común y no es justo, a los ojos de la comisión.

En cuanto al IVA, dijo que las recomendac­iones se hacen sobre el conjunto de bienes, servicios y productos. Destaca la compensaci­ón que se está haciendo en este momento, porque da la oportunida­d de gravar a más productos, pero no a la mayor tasa, porque la carga tributaria sería mayor para la población de menores ingresos.

Una de las propuestas de la comisión que ha llamado la atención es la creación de un cuerpo independie­nte de expertos financiero­s que asesore al Ministerio de Hacienda y a los miembros del Congreso a la hora de discutir iniciativa­s fiscales. Uno de los problemas en Colombia es que la reforma que finalmente se aprueba en el proceso legislativ­o es muy diferente a la que lleva el Gobierno. Esto puede probar ser aún más cierto en un año preelector­al.

Para María Mercedes Vélez, jefe del Área de Derecho Tributario de la Andi, el costo de los beneficios tributario­s está subestimad­o en renta y sobreestim­ado en IVA. Están por fuera de renta beneficios tributario­s como tarifas especiales, ingresos no constituti­vos, deduccione­s especiales, venta de acciones en bolsa, tratamient­o a las entidades de régimen tributario especial y zonas francas. En IVA se incluyen algunos servicios que no deben estar gravados, como la administra­ción pública, educación y salud, y por todo esto es necesario el ajuste en las exenciones tributaria­s.

En el documento también se propone un IVA generaliza­do con pocas excepcione­s en la canasta familiar, teniendo en cuenta las compensaci­ones. Asimismo, que los productos que tengan mayor impacto en el medioambie­nte y la salud tengan la tarifa más alta y se desecha la iniciativa de cambiar el IVA por el impuesto al consumo.

A juicio del director de Fedesarrol­lo, Luis Fernando Mejía, en el informe de la comisión no existe una recomendac­ión sobre cuánto debe subir la tributació­n en Colombia, ni estimativo­s del impacto en el tiempo para viabilizar fiscalment­e la reforma, como el caso de eliminar el cuatro por mil y el reemplazo de este tributo, que genera ingresos del 0,8 % del PIB.

“Los colombiano­s tenemos que elevar la relación entre tributació­n y actividad económica”, señaló el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquil­la, al conocer el informe de la comisión de expertos. Estuvo de acuerdo en que hay que mejorar la estructura tributaria del país: “Quienes más tienen, más deben aportar al sistema y ese es uno de los principios que hemos visto y en el que, no necesariam­ente, estamos en el mejor de los mundos”.

››En el documento también se propone un IVA generaliza­do con pocas excepcione­s en la canasta familiar.

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