La Caimanera o la historia de un peaje ilógico

del IVA son las migajas de los recortes tributarios que caen de la mesa de los ricos: un par de billones de pesos para el 20 % más pobre, entregados para justificar un recorte de casi diez billones a las empresas del 1 % más rico. Callan que quienes ganan el salario mínimo no reciben compensación del IVA, pero sí tendrán que subsidiar de su bolsillo el recorte de impuestos a los grandes grupos económicos. Hacen, en resumen, un alarde teatral de preocuparse por la injusticia económica que ellos mismos han acrecentado. ¿Es conveniente que los ricos paguen un IVA más alto? Quizá. Retomando la cita: “Estas son las cosas que debían haber hecho, sin descuidar aquellas. ¡Guías ciegos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello!”. ¿PARA QUÉ TENER EL MAR EN EL patio si no hay de qué vivir?, pregunta una mujer que cambió su casa con palmeras y arrullos de agua por un apartamento pequeño en un barrio alto de Medellín. Cuenta que hace unos seis meses dejó Tolú, un pueblo que a muchos suena a porro, a cielo azul absoluto durante enero o a antiguo bastión pirata. Dice que en su pueblo de salitre y aguas tranquilas ganaba la mitad del salario que recibe ahora. En su retrato a la distancia de su pueblo marino, menciona un sitio: el peaje La Caimanera, ese que entró en operación en el 2016 y se levanta entre Coveñas y Tolú. Este lugar, que se convirtió en un paso obligado para muchas de las personas que viajan entre Coveñas y Tolú, tiene un costo de $13.300 para los automóviles y $19.600 para los buses. Para una persona con un ingreso limitado y previsto, un pago diario así altera su rutina. Algunos se cansan, desisten, se mueven, cambian de oficio o intentan comprar una moto que no se vea obligada a ese recorrido.

La Ley 80 de 1993 dio poder al Estado para firmar contratos a través de los llamados concesionarios, mediante los cuales se otorga la gestión de un servicio público y el cobro del dinero a quienes usen determinada vía. Desde el 2016, los habitantes de Tolú y Coveñas han pedido al Gobierno quitar este peaje porque consideran que ha afectado sus negocios y su vida. Tesis de grado, encuestas, informes, protestas de la comunidad, cadenas humanas para bloquear su paso, cartas y reuniones variadas se han realizado para retirar este lugar que desde el primer día afectó la vida y el principal oficio de la comunidad: el turismo. Desde hace varios años la Agencia Nacional de Infraestructura ha evaluado la situación y solo hasta ahora se toma una decisión. En todo ese tiempo, algunos hoteles han cerrado, otros han caído en la austeridad absoluta, las personas han reducido sus viajes, han cambiado de casa o han dejado de viajar a Tolú, el municipio más afectado. Mientras en otros países de tradición y cultura turísticas se evita poner peajes en algunas zonas para facilitar la llegada de personas, en países como el nuestro sucede precisamente lo contrario. En lugar de buscar otras formas de generar ingresos o aplicar la creatividad, se ve el peaje como solución principal.

Hace unos días, José Chadid Anachuri, alcalde de Tolú, anunció que el de La Caimanera será movido a otro lugar y agradeció al presidente Duque. Aún no se conoce fecha oficial para ello, pero muchos celebran y cuentan las horas para el suceso esperado. Aunque eso ocurra, será un poco tarde para algunos y quedarán en evidencia varios elementos de muchos de nuestros líderes o gobernantes: la lentitud para tomar decisiones, la falta de sensibilidad hacia los más vulnerables, el interés escaso hacia los paisajes lejanos habitados por unos cuantos o la incapacidad de generar recursos para sus regiones a través de formas nuevas. Ante al abandono o las malas decisiones estatales, algunos se refugian en el paisaje, pero no siempre es posible: “Trataba de justificar su vida con la gratificación sensual de lo que se iba poniendo ante sus ojos, gaviotas, atardeceres arrebolados, algún velero que cruzara mar adentro”, escribió Tomás González.