No se debe olvidar a las víctimas
POCAS VECES HA HABIDO EN LA HIStoria moderna algún país que pueda compararse con Colombia en cuanto al grado de violencia que ha experimentado, las pérdidas que ha sufrido en su propio territorio o la resiliencia que ha mostrado para hacer frente a sus desafíos.
Hoy, las medidas de justicia transicional previstas en el Acuerdo de Paz a través de la Comisión de la Verdad representan, a los ojos del mundo, el espacio que permitirá que las víctimas de la guerra contra las drogas sean escuchadas. El correspondiente informe, que se publicará este año, es un elemento clave para alcanzar una paz duradera.
El mundo observa la labor que realiza la Comisión de la Verdad para abordar cómo las políticas de drogas represivas han contribuido a la violencia, los conflictos y las violaciones de los derechos humanos. No hay duda de que el tráfico de drogas ha sido uno de los factores que han echado más leña al fuego de los conflictos en Colombia y que han contribuido al financiamiento de los grupos armados. Sin embargo, la represión ciega de esas situaciones de producción y tráfico ha menoscabado el control de drogas, pues ha contribuido a que las ganancias y el poder queden en manos de delincuentes. Dicha represión se ha centrado en los cocaleros tradicionales, los consumidores y los traficantes a pequeña escala, sin que los encargados de hacer cumplir las leyes tengan que rendir claras cuentas de sus acciones.
Conocer la verdad es un paso decisivo para lograr la reconciliación y la equidad entre los colombianos. Pero esa meta es imposible si no se rompen todos los tabúes. No resultará fácil abordar más de un siglo de conflictos sin hablar de lo inmencionable y sin exponer los defectos de todas las partes involucradas.
Si se quiere buscar la verdad o la reconciliación, no se puede ignorar el impacto de la militarización contra el tráfico y la producción de drogas, cuando los productores han sido cocaleros que se han visto atrapados en una guerra. De lo contrario, se dejaría de tener en cuenta a toda una parte de la sociedad colombiana que, si bien es un segmento estadísticamente pequeño y marginado desde el punto de vista geográfico, ha perdido su bienestar a causa de la guerra contra las drogas.
¿Alguna vez se ha dado a los cocaleros la oportunidad de exponer sus motivos socioeconómicos y culturales para vender sus cosechas a quienes las utilizan para producir drogas ilegales, o de explicar el impacto que ha tenido en sus vidas la fumigación con un carcinógeno como el glifosato?
De modo similar, ¿en qué momento se ha permitido que los efectivos militares se manifiesten libremente sobre la eficacia de poner en peligro sus vidas, cuando el tráfico, las ganancias y su blanqueo van en aumento cada año? Según su propio criterio y desde el punto de vista de la paz, ¿qué se ha logrado con sus acciones en la jungla colombiana?
Tenemos la esperanza de que la Comisión de la Verdad sea un espacio donde se puedan reconocer y admitir los daños que han causado los Estados con la aplicación de políticas de drogas, donde las víctimas se sientan seguras para denunciar y se promueva una conversación sobre cómo reparar los daños y garantizar que la historia no se repita. La Comisión es la oportunidad de dar voz a quienes han sufrido con la penalización, la coacción por parte de narcotraficantes y grupos guerrilleros, y la estigmatización social, para que el mundo entienda que la participación en los mercados de drogas, al nivel que sea, suele estar vinculada con la falta de oportunidades, servicios e infraestructuras. Dar cabida a la verdad, por más incómoda que sea, y crear un espacio para que todos puedan exponer su verdad, tal como la han vivido, es la clave para lograr una paz sostenible y prevenir injusticias futuras.