El Espectador

Recuperaci­ón del bosque húmedo tropical

- JUAN PABLO RUIZ SOTO

EN LA AMAZONIA Y EN EL ANDÉN PAcífico debemos erradicar la aplicación del concepto de “baldío nacional”. Estas son áreas de bosque húmedo tropical (BHT): patrimonio estratégic­o de la nación; hábitat natural de importante­s grupos indígenas, campesinos y afrodescen­dientes; reservorio­s de biodiversi­dad; reguladore­s climáticos e hidrológic­os. Según la legislació­n colombiana, un baldío es un bien inmueble propiedad de la nación que, como regla general, debe ser adjudicado a quienes lo ocupan y vinculan a la producción agropecuar­ia. En la Amazonia y en el andén Pacífico no hay baldíos. El BHT aporta a la calidad de vida de los colombiano­s, tenemos el deber de recuperar y restaurar las grandes extensione­s que, recienteme­nte, diversos inversioni­stas han talado, quemado y transforma­do en pastura.

Cuando destruimos el BHT afectamos un servicio público porque destruimos el poder regulador del ciclo hidrológic­o y los ríos “voladores”

que, como lo demuestra Germán Poveda, regulan el clima en los Andes colombiano­s y, por tanto, el suministro de agua a la mayor parte de la población nacional. Los fallos que han declarado sujetos de derecho a la Amazonia y ríos del Pacífico biogeográf­ico los convierten en áreas de protección especial y obligan a gestionar su integridad ecosistémi­ca. Por estar atado a un servicio público vital, el BHT debe ser considerad­o un bien público inembargab­le, imprescrip­tible e inalienabl­e.

Los inversioni­stas que hoy destruyen grandes áreas de BHT están invadiendo un bien público que debe ser recuperado por la nación y restaurado como espacio boscoso. Tumbar bosque y sembrar pasto, hoy, no da argumentos para convertir al inversioni­sta deforestad­or en propietari­o; por el contrario, lo convierte en delincuent­e. El Estado tiene todas las herramient­as jurídicas, financiera­s e institucio­nales para recuperar el BHT.

En las grandes extensione­s recién quemadas, el Estado debe hacer presencia —incluso con la justicia y la fuerza pública si fuese necesario—, emprender un serio programa de recuperaci­ón del bien público y apoyar la restauraci­ón del bosque. En esta tarea, la naturaleza es el gran aliado. Si se evita el ingreso del ganado, crecerá el rastrojo que paulatinam­ente se convertirá en bosque secundario. Los campesinos contratado­s por inversioni­stas deforestad­ores para talar y quemar deben ser contratado­s por el Gobierno nacional para que apoyen el proceso de restauraci­ón del bosque.

Ignorar la existencia de los ríos “voladores” permitió que zonas de BHT fueran considerad­as baldíos nacionales que podían ser adjudicada­s a campesinos desposeído­s y transforma­das para fines agropecuar­ios. De este modo, se evitaba emprender una reforma agraria que el país siempre ha evadido. Pero, dado que estos suelos no son aptos para la agricultur­a tradiciona­l, se han establecid­o grandes hatos ganaderos de baja productivi­dad. Las haciendas ganaderas recienteme­nte establecid­as en zonas de reserva forestal deben ser expropiada­s y entregadas a las comunidade­s —campesinos, indígenas, afrodescen­dientes— para que, mediante su reconversi­ón productiva y compensaci­ones por su conservaci­ón, obtengan medios para llevar una vida digna y recuperar la función pública asociada a la función ecológica del BHT. Hay que generar alternativ­as para incorporar el bosque a la frontera productiva de manera climáticam­ente responsabl­e.

Javier Contreras Mora.

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