Abogados de militares niegan presiones
La JEP investiga si militares han sido presionados por abogados para cambiar sus testimonios sobre los falsos positivos. El fondo que reúne a los defensores niega las acusaciones.
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) viene indagando, desde inicios de 2021, sobre un delicado asunto: las denuncias de posibles presiones que están recayendo sobre los militares comparecientes ante esta justicia para que modifiquen su testimonio u omitan hechos en sus versiones voluntarias en esa jurisdicción nacida del Acuerdo de Paz con las Farc. En febrero pasado, El Espectador contó que esa sala de la JEP ordenó una serie de acciones para determinar quién o quiénes estarían detrás de estas supuestas acciones que, igualmente, fueron informadas a la Fiscalía y Procuraduría para que se investiguen.
Este diario conoció la respuesta a la JEP del Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec), organización que fue acusada por uno de los militares comparecientes de instruir a los militares a la hora rendir testimonio en esa justicia transicional. Dos abogados de ese Fondo, Juan Martín Parada y Jaime Augusto Castillo, le aseguraron a la JEP que ellos ni ningún miembro del Fondo han sido mencionados puntualmente por los uniformados como autores de las supuestas presiones y que los señalamientos, prácticamente, no son claros en fechas, personas ni lugares, entre otras circunstancias.
Uno de los testimonios que alertaron a los magistrados de la JEP fue el de un militar que aseguraba que “reconoció presuntas irregularidades de orden penal y/o disciplinario en la realización de la ‘Jornada de pedagogía sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición a comparecientes de la JEP’, que tuvo lugar los días 1° y 2 de noviembre de 2018 por parte de la Dirección de Centros de Reclusión Militar del Ejército Nacional (DICER) en la ciudad de Bogotá”.
Volviendo con los abogados del Fondetec, quienes hicieron reparos a la compulsa de copias a través de un recurso de reposición, también señalaron que las denuncias debieron ser verificadas y contrastadas para “evitar que se vulnere el buen nombre, la honra, intimidad, debido proceso y defensa”. Y agregaron que esa petición de la JEP para que investigue al Fondo ha vulnerado su derecho a la intimidad, “ya que hoy mediante la violación de la reserva (...) hoy se nos reconoce como contratistas de Fondetec, y con el hecho de ustedes no determinar los hechos, conductas y los presuntos autores o partícipes, se nos ha puesto en la picota pública, como delincuentes”.
En el recurso de reposición también intervinieron organizaciones de víctimas como la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), quienes hacen parte del caso 003, denominado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. Es decir, ejecuciones extrajudiciales, comúnmente denominados falsos positivos. Fue en este macroproceso donde se dio a conocer uno de los testimonios de los uniformados que advirtieron presiones. La CJL y el CSPP pidieron que continuaran las indagaciones de la JEP sobre las supuestas presiones y la compulsa de copias a otras entidades. Incluso, pidieron a la JEP que la decisión de compulsar copias se extienda al Consejo Superior de la Judicatura, ya que se podría estar ante la actuación irregular de abogados en el marco de sus competencias. “Lo anterior por cuanto aun cuando existe libertad frente a las estrategias de litigio, tienen un deber que se deriva de principios éticos y morales, del compromiso con la construcción de la paz, y de la Ley 1123 de 2007, por la cual se establece el código disciplinario del abogado dentro de los que se consagra como deberes (i) observar la Constitución Política y la ley”.
“La manipulación de los relatos de los versionantes o comparecientes por parte de abogados integrantes de Fondetec puede constituirse como una obstrucción a la justicia, en su propósito de desconocer y violentar las obligaciones que tienen los agentes estatales de ofrecer verdad plena y exhaustiva en este mecanismo de justicia transicional (...) en caso de llevarse a cabo maniobras para alterar las versiones voluntarias de los agentes estatales, encaminadas a ocultar información y proteger a mandos militares, se constituye como una obstrucción a la justicia y una afectación a los derechos de las víctima”, señalaron las organizaciones sociales.
Además de la compulsa de copias a la Fiscalía y la Procuraduría, en febrero pasado la JEP también le pidió información al Fondetec sobre sus actividades y que aclare la identidad del “doctor Vargas” mencionado en la declaración del compareciente. También comunicó a los despachos de la JEP para que reporten otros hechos similares a los que son denunciados y a la DICER en Bogotá que también respondiera una serie de preguntas con el fin de conocer a fondo esta situación.
Mientras se conocen esas respuestas, la JEP negó la petición de los abogados del Fondetec y dejó en firme su intención de esclarecer las denuncias de los militares comparecientes. Por ejemplo, el pasado 16 de febrero, Jorge Ramos, director del Fondetec, le dijo a la JEP que respondería sus preguntas, pero pidió una serie de pruebas en manos de ese organismo que fueron la base de la compulsa de copias, con el fin de ejercer su derecho a la defensa. Igualmente, reiteró que desde ese Fondo jamás se ha intentado tergiversar lo dicho por los militares ante esa justicia especial. Este complicado asunto aún está por resolverse.
››Los abogados aseguraron que se les está poniendo en la “picota pública” injustamente.