El Espectador

Reforma fatal

- SALOMÓN KALMANOVIT­Z

EL GOBIERNO DIO A CONOCER EL texto de su tercera reforma tributaria, que revela sesgos a favor de empresas y contra los consumidor­es que ojalá el Congreso quiera y logre neutraliza­r. Las empresas reciben una disminució­n de tarifa tributaria de su renta líquida que pasa de 33 % en 2019 a 30 % en 2022. Así mismo, los hoteles continúan con una tasa del 9 %, aunque no tiene que ver con la pandemia, sino con un afán de que sean muy rentables y se expandan. Técnicamen­te, no se justifica una gabela de semejante tamaño. Al parecer las empresas en zonas francas continuará­n pagando la mitad de la tarifa que pagan el grueso de empresas.

La reforma ofrecerá exenciones de impuestos a la renta a las empresas que inviertan en la economía naranja que nadie sabe en qué consiste. Va desde confección de prendas de vestir hasta telecomuni­caciones, educación, teatro y biblioteca­s, incluyendo industrias con valor agregado tecnológic­o, que segurament­e cubre de todo: Rappi, Uber y otras empresas depredador­as de sus trabajador­es que disfrazan de socios. Se ofrecen además descuentos del 50 % del pago que hayan hecho las empresas en impuestos de industria y comercio y en el gravamen a las transaccio­nes financiera­s (el 4 x 1.000). Por ese concepto el Gobierno pierde $5 billones de recaudo. En resumen, a las empresas se les da pasito porque contribuye­n adicionalm­ente solo $3 billones.

Los damnificad­os de la reforma son las personas naturales, a las que se les pretende extraer $17 billones de sus bolsillos por impuesto a la renta. Deben declarar ingresos mayores de $2,6 millones y se les retendrá en la fuente de manera progresiva. Antes el límite era de $3,4 millones, lo que significa que se les pasa la cuchilla a las personas de la clase media vulnerable, que puede que engrosen la población pobre que tanto se amplió con la pandemia.

A los patrimonio­s mayores de $5.000 millones se les ajustará una tarifa del 1 % marginal (o sea, sobre lo que exceda ese límite de $5.000 millones) y de 2 % a los que superen los $15.000 millones. El tributo a los dividendos será de 10 % a los que obtengan hasta $29 millones y de 15 % si superan ese límite, lo cual no tiene sentido.

Mejor sería tratarlos como renta líquida que pague la tarifa que le correspond­e.

El impuesto del valor agregado (IVA) tiene un dulce que consiste en que se reduce la tarifa actual del 19 % al 17 %, pero también bastante veneno porque recae sobre más productos y acaba la tarifa del 6 % que suavizaba el golpe contra el consumo. Quedarán gravados muchos productos de la canasta familiar que antes no lo estaban, pero no sabemos cuáles. Lo que sí conocemos es que Carrasquil­la pretende sacarles a los consumidor­es $10,6 billones, de ahora en adelante propiciand­o el hambre y la alimentaci­ón desbalance­ada de la población. Quedarán gravados además los insumos para la producción agropecuar­ia, incluyendo la maquinaria, de tal modo que indirectam­ente se le agregan costos a la producción de alimentos. La misma tarifa del 17 % se impondrá a la energía, computador­es, celulares y hasta los servicios funerales y de cremación se recargarán con el bendito impuesto. Es que ya no podemos morir tranquilos porque tributarán hasta nuestras cenizas.

No se salvan del hacha de Carrasquil­la los bienes de primera necesidad. Parece que solo dejará exentas las toallas higiénicas de las mujeres.

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