La CIDH no tiene “sesgo para ningún Estado”: Antonia Urrejola
El Gobierno nacional asegura que el sistema interamericano está parcializado. Urrejola, que también es relatora para Colombia, sostiene que el país sigue siendo motivo de preocupación en DD. HH.
En marzo de este año, en una acción inédita (y sin éxito), Colombia recusó a todos los jueces de la Corte IDH y se retiró de la audiencia de juzgamiento por el caso de la periodista Jineth Bedoya. ¿Qué evaluación hacen de ese episodio desde la CIDH?
La Comisión lamenta profundamente lo ocurrido durante la audiencia del caso. El retiro de la audiencia sin la autorización de la Corte es una acción sin precedentes en el sistema interamericano.
Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa del Estado, viene diciendo que este Gobierno quiere una CIDH “sin sesgos”. ¿Qué le puede responder?
La Comisión Interamericana sigue los procedimientos establecidos en su reglamento, en la Carta de la OEA y otros instrumentos como la Convención y Declaración Americana, y resuelve las peticiones y casos de manera consistente en todos los países por igual. Las decisiones que adopta en materia de admisibilidad y fondo están debidamente motivadas y en ellas se observa que los estándares son aplicados sin ninguna diferencia ni sesgo para ningún Estado.
Según el Gobierno colombiano, ese sesgo se hizo latente en 2020, cuando la CIDH convocó una audiencia por petición de la Comisión de la Verdad, aun en contra de la posición estatal, alegando que no se habían agotado los recursos internos.
La Comisión tiene dos mandatos principales: el sistema de peticiones y casos y el de monitoreo y cooperación. Únicamente deben agotarse los recursos internos para presentar una petición ante la CIDH. Sin embargo, en monitoreo, la situación es totalmente diferente y no se requiere agotar recursos para que se pueda monitorear la situación de derechos humanos en el país. Un mecanismo para monitorear son precisamente las audiencias. Y estas, conforme a su reglamento, pueden celebrarse por iniciativa propia o a solicitud de una parte interesada.
También en el caso del senador Gustavo Petro contra las sanciones de la Procuraduría hubo críticas a la CIDH y la Corte IDH. ¿Cree que en Colombia se está haciendo política con las reacciones a las decisiones del sistema interamericano?
No nos corresponde hacer una apreciación acerca de las intenciones de un Estado. Colombia siempre ha sido un aliado del sistema interamericano y el diálogo con el
Estado ha sido muy fructífero. Las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, históricamente, han tenido impactos transformadores en los países de las Américas. Resulta natural, y hasta esperable, que las acciones de la CIDH y de la Corte IDH generen debates políticos y estimulen intercambios.
Sumando estos hechos, y siendo usted relatora en la CIDH de Colombia, ¿cómo evalúa la actitud del Gobierno colombiano hacia el sistema interamericano?
Colombia es uno de los países que participa más activamente del sistema interamericano a través de sus diversos mecanismos, una actitud que celebramos y alentamos. Pero eso no quiere decir que dejemos de manifestar nuestra preocupación, cuando corresponda, sobre la situación de derechos humanos en el país. Desde esa perspectiva, la Comisión considera que Colombia enfrenta fuertes desafíos en materia de derechos humanos y en ese contexto, en el cumplimiento de nuestro mandato vinculado con la observancia, defensa y promoción de los derechos humanos, hemos hecho numerosos pronunciamientos en diversas materias que nos preocupan y alertan. . Siempre puede haber diferencias, creo que no hay que temerles; son parte del proceso. Lo importante es que se den en el marco de un diálogo constructivo y permanente de colaboración con el Estado, cuestión que ocurre con Colombia.
¿Por qué persisten las demoras de décadas para que el sistema interamericano estudie casos y emita sus conclusiones, como pasó con el de la Unión Patriótica?
Efectivamente, existe un atraso procesal importante en el sistema de peticiones y casos, que se ha acumulado en las últimas décadas. Y es un tema que realmente lamentamos, por los efectos que ello pueda tener o haber tenido con las víctimas. Pero nos hemos hecho cargo, se vienen tomando medidas prioritarias, incluidas en el plan estratégico, medidas para atender este atraso y hemos logrado avances históricos en su aplicación.
¿Les llegan solicitudes inútiles también?
Todas las peticiones son analizadas de manera estricta y pública, respetando el derecho de defensa del Estado por medio del principio del contradictorio entre las partes. En este proceso, el Estado tiene amplias oportunidades para presentar sus observaciones, comentarios y alegatos, entre ellos la pertinencia o no de una petición. La CIDH entonces decide con base en estos alegatos y atendiendo a la información disponible. No existe entre los requisitos de admisibilidad la definición de útil o inútil.
En la crisis financiera de 2016, Colombia fue uno de los países que más recursos aportó a la CIDH. ¿Han sentido alguna presión posterior?
El apoyo de Colombia, como el de todos los Estados, es importante porque contribuye al fortalecimiento de la capacidad de trabajo de la CIDH y cumplir con su mandato integral de promoción, defensa, monitoreo y protección de derechos humanos en el hemisferio, centrado en la atención de las víctimas. No obstante, la CIDH sigue cumpliendo con su mandato en el marco de su autonomía y la independencia, que resultan esenciales para realizar su trabajo de manera im
parcial y libre de cualquier influencia política.
La CIDH ha expresado su inquietud por la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Vendrán recomendaciones formales?
Para la CIDH, la consolidación de la paz es un requisito indispensable para el ejercicio y respeto de los derechos humanos. En esta línea, la Comisión y el Estado colombiano firmaron el 22 de febrero de 2018 un acuerdo de cooperación para la aplicación y difusión de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Mediante dicho acuerdo, las partes coinciden en la necesidad de trabajar en conjunto para incrementar los esfuerzos que conduzcan a una mejor aplicación y difusión de los instrumentos internacionales rectores de los derechos humanos. Asimismo, coinciden en la importancia de que la CIDH brinde asistencia técnica en el proceso de implementación del Acuerdo de Paz, para que se desarrolle conforme a los estándares interamericanos de derechos humanos.
La CIDH también expresó su descontento con que el ministro de Defensa colombiano se refiriera a los niños reclutados por grupos ilegales como “máquinas de guerra”. A la luz del DIH, ¿cómo evalúa una situación así?
La Comisión ha expresado su preocupación frente a estos hechos, y frente a la ausencia de información pública que permita comprender los hechos denunciados, conocer las identidades y edades de las víctimas, particularmente, ante los continuos reportes de reclutamiento forzado en el país.
Asimismo, preocupa a la Comisión la calificación realizada por autoridades relativa a que niñas, niños y adolescentes reclutados se pueden convertir en “máquinas
de guerra”.
Adicionalmente, la Comisión ha señalado que niñas, niños y adolescentes obligados a formar parte de grupos armados o de crimen organizado son víctimas de reclutamiento forzado. Por tal razón, el Estado debe redoblar sus esfuerzos para la protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué va a pasar con grandes casos del conflicto armado colombiano que están en estudio en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que admite también la CIDH? Por ejemplo, la masacre de La Chinita, el caso de la UP...
Las decisiones de fondo adoptadas por la Comisión no vienen a cuestionar la aplicabilidad de figuras de justicia transicional, ni los esfuerzos realizados por el Estado en dicho ámbito, sino que surgen de peticiones que activaron la jurisdicción internacional hace muchos años. En el caso de la UP, por ejemplo, la petición fue presentada hace más de dos décadas y, a través de su informe de fondo, la CIDH estableció la responsabilidad internacional por un exterminio compuesto de múltiples y sucesivas violaciones de particular gravedad y magnitud, respecto de las cuales el Estado no ha tenido una respuesta efectiva a lo largo de muchos años. Se ha cumplido con el principio de complementariedad, pues el Estado ha tenido amplias oportunidades para reparar las violaciones ocasionadas en tales casos.
‘‘Colombia siempre ha sido un aliado del sistema interamericano y el diálogo con el Estado ha sido muy fructífero”.
Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH.