Y la salud-negocio, tan campante
UNA VERGÜENZA. MILES DE MÉDICOS, enfermeras y auxiliares que exponen todos los días la vida por salvar vidas llevan meses sin recibir salario. Su recurso desesperado, la protesta callejera. Y es porque no tienen los hospitales cómo pagarles, pues hasta septiembre pasado les adeudaban las EPS $21,4 billones, como el propio ministro lo reconoció. Genio y figura de las aseguradoras privadas, agraciadas por la Ley 100 como depositarias de los recursos públicos de salud para enriquecerse como intermediarias financieras del sistema y ahorrarse, casi siempre, la atención básica en salud que los colombianos requieren. Bien encorsetada mantienen los sucesivos gobiernos la Ley Estatutaria que elevó la salud a derecho fundamental y cuya reglamentación operaría el cambio de modelo que el país pide a gritos. El de Duque propone, en cambio, la Ley 010, que recaba en las deformidades de la que rige y abre nuevas troneras a la privatización de los fondos públicos del sector.
Cifras alarmantes le revela a Juan Gossaín el jefe de la Asociación Colombiana de Hospitales,
Juan Carlos Giraldo (El Tiempo, 15, IV): a 31 de diciembre del año pasado, las EPS debían a clínicas y hospitales $10,6 billones; aunque aquellas han registrado en la pandemia utilidades billonarias. Este Gobierno, bedel de los poderosos, discípulo aconductado de la coartada neoliberal que socializa pérdidas y privatiza ganancias, les compró parte de la cartera por $407.000 millones. En la tapa del abuso, Coomeva, Medimás y Nueva EPS; las cumplidas, Sanitas, Sura, Compensar y Mutual.
De otro lado, se especula con los precios de medicamentos imprescindibles en el tratamiento del COVID: farmacéuticas hay que desabastecen por cálculo y reaparecen con precios a veces duplicados, como en el caso del Fentanil. Y el Estado quieto, mudo, sordo o cómplice en la indolencia del dejar hacer-dejar pasar, paraíso de los aventajados del mercado que terminan, por inercia, convertidos en uñones sin cárcel. Dígalo, si no, la alcahuetería de liquidar epeeses sin exigirles antes liquidar obligaciones con los hospitales: ¡se volaron con la deuda!
La Ley 100 es simplemente un sistema de captación financiera ilegítima que privatizó la salud, afirma Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana (Pacifista 2020). No es un sistema preventivo sino diseñado para vender servicios ante el hecho cumplido de la enfermedad. Sobre todo si es catastrófica, como el cáncer, tan costosa en cuidados y medicamentos, que revierte como jugoso negocio para las EPS; más aún, cuando le pasan al Gobierno infladísima la factura.
Propone la Federación un sistema encarrilado por las rutas que la Estatutaria trazó: desde la salud como derecho fundamental autónomo, garantizado sin distingos para toda la población. El Estado asegurará el acceso de cualquier colombiano a prevención de enfermedades, a diagnóstico, tratamiento y recuperación garantizados. La salud no es un servicio, es un derecho. Debe ejercerse por prescripción del médico y cuidando con rigor las finanzas del sistema. Para ello se requiere desarrollar la Ley Estatutaria con una ordinaria que los sucesivos ministros se han empeñado en boicotear: “desde Alejandro Gaviria —señala Isaza— hasta el ministro actual, lo que han hecho es pisotear la Ley Estatutaria y profundizar la Ley 100”.
Puntas del iceberg en este modelo concebido como empresa de mercaderes: su criminal desprecio por la entidad humana, por la seguridad social y laboral del personal de salud. Y su alarmante lentitud en vacunación contra el COVID, convertida en gesta heroica por la hiperbólica palabrería de un presidente sin noción del ridículo. Lo mínimo necesario para contrarrestar la pandemia sería masificar las pruebas y triplicar el ritmo de vacunación. ¿Demasiado pedirle al negocio?