Policía de Estados Unidos, ¿impune?
Si no reimaginamos cómo concebimos la seguridad pública, estamos destinados a que las muertes de ciudadanos a manos de la Policía continúen.
La condena contra el policía responsable de la muerte de George Floyd pone sobre la mesa un racismo estructural que se vive impunemente dentro de la institución.
“¿Ese policía va a pagar por lo que hizo?”, esa es la pregunta más frecuente que se hacen las familias de las víctimas de brutalidad policial en Estados Unidos. Lo más probable, de acuerdo con un análisis del historial de casos en el país, es que el crimen quede en la impunidad.
Philip Stinson, profesor de justicia penal en la Universidad Estatal de Bowling Green, ha hecho un ejercicio extraordinario de recopilación de datos sobre enjuiciamientos policiales y delitos cometidos por la policía. Sus hallazgos no son positivos.
Desde 2005, solo 140 oficiales han sido acusados de homicidio involuntario o asesinato, pese a que cerca de mil ciudadanos mueren a tiros por la policía anualmente. Es decir, hay cientos de casos que ni siquiera llegan a los tribunales. El escrutinio es casi nulo, y a eso debemos agregarle que, de esos 140 oficiales, solo 44 fueron condenados. También hay que destacar que las condenas fueron por delitos menores y no por homicidio.
Es por eso que el veredicto del jurado que declaró a Derek Chauvin culpable de todos los cargos por el homicidio de George Floyd fue celebrado por la ciudadanía como una victoria sobre la brutalidad policial. Los jurados en este tipo de juicios por malas conductas policiales suelen con mucha frecuencia negarse a presentar cargos, como ocurrió en el caso de Eric Garner, afroamericano de 43 años que también murió asfixiado por un agente de la ley en 2014. Y esto es porque la ciudadanía confunde el uso excesivo de la fuerza como parte del papel punitivo o intimidatorio de los agentes. No lo es.
Sin embargo, se confunde con facilidad el anuncio que dio el jurado esta semana con un cambio positivo para el país. No está ni cerca de ello. Lo primero que hay que entender entonces sobre esta decisión en el caso contra Chauvin es que es una rendición de cuentas individual y que no genera un cambio en el problema institucional de la policía y del sistema judicial.
Tomemos un ejemplo del pasado: lo primero que pensó Jared Fishman, exfiscal federal de derechos civiles de Carolina del Sur que dirigió la acusación contra Michael Slager, policía que mató a Walter Scott, fue que ya era hora de reconocer que cuando la policía le quita la vida a un ciudadano sin justificación se debía llamar por lo que eso representaba: asesinato. Eso fue en 2018. En estos tres años, sin embargo, los homicidios por parte de la policía continuaron, pese a la condena contra Slager y a que se llamó a su delito por lo que era.
El mismo Fishman es consciente de que la responsabilidad penal es apenas un punto de partida y que las victorias -muy escasas- en las cortes no logran justicia, pues para esta se requiere más que castigar a los responsables.
Lo ocurrido entre marzo y abril de 2021 habla de por qué el juicio contra Chauvin no resuelve el problema. Desde que el juicio comenzó, 64 personas fueron asesinadas por las fuerzas del orden, y más de la mitad eran personas de color.
Aunque el fiscal general, Merrick Garland, ordene una exhaustiva investigación sobre el patrón de abusos del Departamento de Policía de Mineápolis, lo único que podrá desmantelar el actual sistema cómplice de la violencia policial es una reforma en el Congreso.
Un proyecto de ley para la revisión policial, que incluye un registro nacional de mala conducta y reforma la inmunidad calificada que protege a las fuerzas del orden de la rendición de cuentas, ya superó los trámites en la Cámara de Representantes, pero no tuvo apoyo de los republicanos. Si los políticos no adoptan una reforma, los policías de EE. UU. seguirán saliéndose con la suya.