No solo hay que ser, sino parecer
COMO SEÑALAN LEVITSKY Y ZIBLATT en su libro Cómo mueren las democracias, esto no solo sucede como consecuencia del uso de las armas, sino porque los mandatarios electos subvierten el proceso que los llevó al poder. Por lo general, la erosión es gradual e imperceptible. Los autores identifican algunos indicadores de alerta. Entre ellos está el rechazo o débil compromiso con las reglas de juego formales e informales de la democracia; no reconocer la legitimidad de los opositores, estigmatizarlos y acusarlos de subversivos, antipatriotas o enemigos de la democracia; descalificar a instituciones como las cortes o el Congreso por las decisiones que adoptan, o intentar cooptarlas; tolerar, justificar o promover grupos ilegales y el abuso de poder por parte de la Fuerza Pública, y limitar derechos como la protesta, la libertad de expresión y el acceso a la justicia.
Muchas de estas actuaciones se sustentan en el marco legal y constitucional y se justifican con el argumento de que buscan proteger y mejorar la democracia y hacer más eficiente el aparato estatal. Esto viene pasando en muchos países y Colombia no es la excepción. Algunos ejemplos recientes lo ilustran.
Las facultades del presidente en el nombramiento de ministros y en los procesos de nominación o elección de magistrados de las cortes y de los candidatos a la Procuraduría y la Fiscalía están determinadas por la ley y la Constitución. Estas normas buscan garantizar el equilibrio de poderes e impedir la injerencia de uno de ellos en las actuaciones de los otros. Si bien en estos casos se han cumplido las formalidades, cabe preguntarse si es legítimo que las personas que ocupan estos cargos —como el fiscal general, la procuradora y el ministro de Justicia— tengan reconocidos vínculos de cercanía con el presidente Duque y el partido de gobierno.
Otro ejemplo es el decreto presidencial que traslada las tutelas sobre cultivos de uso ilícito al Consejo de Estado. Con el argumento de que esto permitirá centralizar las decisiones en un solo órgano, se allanó el camino para otras dos decisiones: la expedición del decreto que reglamenta la fumigación con glifosato de cultivos de coca y el aval de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales a dichas fumigaciones. Además de los cuestionamientos constitucionales, ambientales y sobre el impacto en la salud de las personas, se limita el accionar de los tribunales y jueces en las regiones, lo cual dificulta el acceso de las comunidades afectadas a la justicia.
La deslegitimación y los ataques del presidente Duque y de su partido a algunas instituciones como la JEP y la Comisión de la Verdad y a miembros de la oposición ya son un lugar común. Entre ellos están Claudia López, Iván Cepeda, Sergio Fajardo, miembros de las cortes y el expresidente Santos. Hace unos días, ante la Asamblea de Bananeros de Colombia, en defensa del proyecto de reforma fiscal de su gobierno, Duque dijo que en la administración pasada se decretó una reforma tributaria para apoyar a unos pocos desmovilizados que se habían alzado en armas contra el Estado. ¿Acaso la terminación de un conflicto armado de más de cinco décadas, la desmovilización de varios miles de guerrilleros y sobre todo haber evitado la muerte de otros tantos miles de ciudadanos no justificaban una reforma tributaria?
Cartas de los lectores