Ley de deuda sostenible
Nos hemos acostumbrado a que las propuestas de políticas económicas regresivas son el único camino viable. Por eso es importante insistir en la idea de que existen alternativas a la reforma tributaria que se radicó. El escenario base es el siguiente: para atender la crisis, el Gobierno incrementó su endeudamiento en cerca de 12 puntos del PIB y argumenta que para que su servicio sea sostenible deben frenar el consumo y aumentar la austeridad.
Esta lógica se basa en estudios que estiman una ralentización del crecimiento económico con niveles de deuda por encima del 90 % (Reinhart y Rogoff, 2010). En 2013, un estudiante de la Universidad de Massachussetts encontró errores de cálculo y los autores aceptaron que “no existe ninguna regla válida para todas las épocas y para todos los lugares”, y que “en ningún lugar afirmábamos que el 90 % fuera un umbral mágico que transforma los resultados”. No obstante, el proyecto de ley toma como referencia el cuestionado estudio y otro de Ghosh (2013), para estimar el límite de la deuda en 65 % del PIB.
Con este límite autoimpuesto buscan los recursos así: $28 billones de recaudo nuevo, de los cuales $6,4 billones se usarán para asistencialismo focalizado en los más pobres; $ 4,6 billones en transferencias a las regiones, y tan solo $800.000 millones en crear empleo. Los otros $16,2 billones serán para pagar la deuda. Siendo estrictos, la reforma debería llamarse “Ley de Deuda Sostenible”, pues el 58 % del recaudo es para este propósito, mientras el 23 % es para subsidios.
Los resultados de la intervención del Fondo Monetario Internacional en América Latina demuestran que no resolvieron los problemas de balanzas de pagos, pero crearon otro déficit adicional, el fiscal, con bajo recaudo para estimular la inversión extranjera y austeridad para pagar la deuda.
Por eso algunos países no tuvieron la estructura económica adecuada para enfrentar la pandemia. Oxfam encontró que 81 países que negociaron préstamos con el FMI, desde marzo de 2020, fueron orientados a impulsar ajustes que resultarían en “recortes profundos en los sistemas públicos de salud”.
La reforma tributaria responde a la extorsión de tres agencias calificadoras, que amenazan con hacer más difícil el acceso a deuda, si el país no se aprieta el cinturón. Carrasquilla, quien está en campaña para ser el próximo presidente del Banco de Desarrollo de América Latina, no pensó en opciones diferentes, aun cuando las hay: exigir una reestructuración de la deuda y buscar créditos en mejores condiciones que los que ofrece el FMI, por ejemplo, con su propio banco central.