“Menos amiguismo, más diálogo y más cercanía con la gente”
El exministro Juan Camilo Restrepo analiza el caos social que vive el país en medio de las protestas, entre otras causas, por la reforma tributaria.
Les pide Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, al Gobierno y al presidente. Explica la casi unánime oposición al proyecto de reforma tributaria, aunque pide salvar el “componente social”. Hace un paralelo entre la oportunidad de la reforma y el estallido popular de esta semana que podría empeorar.
El DANE reveló un incremento alarmante de la pobreza. Según esa entidad, el país pasó del 35,7 % en 2019 al 42,5 % en 2020, en el índice de pobreza monetaria (personas que solo tienen $332.000 al mes). Significa que de 17,4 millones en 2019 se subió a 21,2 millones de habitantes pobres, el 43 % de la población total. Si bien el mundo entero retrocedió en riqueza por las restricciones y el confinamiento, unas naciones tuvieron mejor desempeño que otras. ¿Cómo califica usted el de Colombia?
Esta es quizá la cara más amarga de la pandemia: se estima que hemos retrocedido 10 años en la lucha contra la pobreza que, hasta antes de que llegara el coronavirus, estaba mejorando. Al dato anterior habría que agregarle algo que dijo también el DANE esta semana: que un 1’700.000 familias no tiene ingresos suficientes para las tres comidas diarias. Si uno asume un promedio de cuatro miembros por hogar, querría decir que, a la fecha, 6’800.000 personas están subalimentadas y aguantando hambre en Colombia. La crisis social que se ha desencadenado en el último año es monumental.
Pero, ¿cómo califica el desempeño del Gobierno en la crisis derivada por la pandemia?
Al Gobierno hay que abonarle que tomó medidas para amortiguar el golpe de los más desvalidos, desde el principio. Pero las cifras que acaban de publicarse muestran que las medidas que se implementaron estuvieron lejos de ser suficientes.
Así parece, también, por el indicador de pobreza extrema (personas con $145.000 al mes), que pasó del 9,6 % en 2019 al 15,1 % en 2020: de 4,5 millones de colombianos a 7,4 millones. Los pobres monetarios y los pobres extremos sumados son 29 millones de personas, más de la mitad del total de habitantes del país (50 millones). En estas condiciones sociales, plantear una reforma tributaria, como la que propuso el gobierno Duque, puede parecer insultante y retador. ¿Cuál es su opinión?
Evidentemente, si sumamos la población en condición de pobreza con la que ha caído en pobreza extrema, más de la mitad de Colombia vive en una precariedad inaceptable. En este marco de referencia hay que ubicar el proyecto de reforma tributaria que se presentó, el cual, aunque tiene aspectos defensables desde el punto de vista teórico, fue inoportuna y pésimamente explicado. Además, tiene elementos -y no pocos- que recargan el peso de la tributación sobre las rentas de trabajo y sobre las personas naturales. En este sentido, sí es insultante y retador porque no se utiliza el mismo rasero para las rentas del capital. Lo mejor del proyecto es su componente social, como el Ingreso Solidario ampliado que hay que tratar de salvar a toda costa en el trámite parlamentario, porque es una buena respuesta a la gigantesca emergencia social que estamos viviendo.
Los expertos hacen cálculos sobre el número de años o décadas que retrocedió el mundo en riqueza y equidad social durante 2020. ¿Cuánto tiempo perdimos en Colombia y cuánto nos devolvimos en planes de desarrollo, según sus cuentas?
En términos de desarrollo y de empleo, nos va a tomar 3 o 4 años volver a la situación que teníamos antes de la pandemia, suponiendo que esta comience a disminuir y no a recrudecerse; y en lucha contra la pobreza, como lo mencioné, no menos de 10 años.
El presidente Duque tenía actitud soberbia al inicio de la presentación del proyecto de reforma cuando afirmó que no lo retiraría pese a la oposición casi unánime que despertó. Y aunque ha ido variando su actitud hasta llegar a pedir consensos para enfrentar las angustias económicas del país, no parece el momento social adecuado para dar esa discusión.
Por supuesto, el Gobierno no pudo haber escogido un momento más inoportuno para presentarlo: en pleno pico de la pandemia. Ese proyecto ha debido ser radicado hace por lo menos un año, cuando estalló la crisis mundial de salud. Ya entonces se veía venir el torrente de gasto que había que financiar. Pero se le fueron 12 meses anunciando, a cuentagotas, la reforma. Por poner un ejemplo, en cuanto a la posibilidad de gravar la canasta familiar, el Gobierno dio tres o cuatro bandazos contradictorios que le restaron legitimidad y claridad al mensaje fiscal.
Duque aduce que un retiro total de la reforma sería un golpe para la credibilidad crediticia del país y para su calificación internacional.
Como ya fue presentado, es evidente que un retiro total del proyecto crearía desconcierto en el mundo internacional y en las agencias calificadoras que podrían concluir que no hay gobernabilidad fiscal en Colombia, y eso sería grave. Ahora, el riesgo que se corre por su archivo prematuro no es solo frente a las calificadoras, sino que el componente social, que es lo más apremiante, se puede enredar. Este es el que se refiere a programas como Ingreso Solidario, la devolución del IVA, los apoyos a las empresas para que moderen los licenciamientos, los subsidios para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 para matrícula cero en las universidades públicas. Esos programas no tienen apropiaciones presupuestales aseguradas sino hasta el final del primer semestre de 2021. Si se retira o archiva el proyecto de reforma, bruscamente, ese componente social se iría al fondo del mar junto con el propiamente tributario.
¿Cuál es la solución en esta encrucijada, entonces?
La fórmula que puede ser la más adecuada es dividir el proyecto en dos: uno, el componente social para garantizar que este salga adelante, no siendo difícil de financiar, pues vale $4,5 billones al año, y no tendría dificultad en asegurar recursos para su continuidad ni en votos para su aprobación. Y un segundo proyecto sería el de los componentes propiamente tributarios, en torno al cual se organizaría la negociación con el Congreso. El proyecto fiscal y de solidaridad social, recordémoslo, es una gran ancheta de nuevos impuestos envuelta en el papel celofán de la inversión social. Con esta fórmula que propongo se salvaría el celofán, y el resto de la ancheta entraría en un proceso de conciliación en el Legislativo, el mismo que no hizo el Gobierno antes de presentar el proyecto.
En las marchas pacíficas multitudinarias de esta semana se manifestó una legítima inconformidad. Pero otra, iracunda y muy peligrosa, fue la de los ataques a símbolos institucionales: sucursales bancarias, bases o vehículos de transporte público, medios de comunicación, sedes culturales, etc. ¿Cree que se está “cocinando” una explosión social, como en olla de presión?
Sí, sin duda. Estos pueden ser los primeros tremores de un magma que empieza a rugir y que en cualquier momento puede explotar. El Gobierno debe mostrar suficiente humildad y capacidad de diálogo para afinar el oído y percibir lo que puede estar por venir.
Pero parece desconectado de las angustias de la gente. De continuar y profundizarse el descontento, el Ejecutivo podría argumentar la necesidad de declarar el Estado de emergencia social. ¿Qué opina al respecto?
‘‘El Gobierno debe mostrar suficiente humildad y capacidad de diálogo para afinar el oído y percibir lo que puede estar por venir”.
Si esto sigue como va, podrían darse las condiciones para una declaratoria de emergencia, no lo descarto. Pero, insisto, la capacidad de diálogo debe afinarse. No se trata solo de realizar consejos de seguridad post mortem. Conductas como la de negarse a recibir a la minga indígena en su marcha desde el suroccidente del país no pueden repetirse.
La noche de las marchas, y en las horas siguientes, Duque dio la impresión de reducir las manifestaciones -que sobrepasaron la asistencia que se esperaba, en miles de personas-, al “vandalismo criminal” sin aludir a los asistentes pacíficos ni a sus reclamos. ¿Cree usted que el jefe de Estado es indiferente a la angustia popular como da la impresión?
Supongo que él no es indiferente a las manifestaciones de descontento. Pero el malestar que pueda sentir ante esta situación no debe traducirse en lamentos o en simples peticiones de castigo: él es el responsable del orden público en Colombia.
Los vándalos parecen dominar las calles por momentos. ¿Cómo analiza este fenómeno de violencia urbana aparentemente irracional?
En las escenas de televisión que presenciamos estupefactos, el pasado miércoles, se veía a los violentos destruyendo todo, a sus anchas, sin Fuerza Pública presente. En otros sitios no fue así. Quiero decir que, a veces, la Policía parece rebasada y que no debería reprimir el vandalismo solo con cuerpos como el Esmad, sino también con inteligencia, pues hay organizaciones detrás de los desmanes. De otra parte, me pregunto si es procedente autorizar marchas tumultuarias cuando estamos en el pico más alto de la pandemia. Pretender que las manifestaciones se desenvuelvan observando normas de bioseguridad es una utopía. Se le tendría que solicitar, cuanto antes, a la Corte Constitucional un pronunciamiento sobre cuál derecho prevalece en las circunstancias actuales: si el de marchar y protestar, o el de la vida y la salud colectivas. Cuando hay derechos en conflicto, el juez de constitucionalidad es quien indica cuál derecho prevalece; antes de sacar al Ejército a las calles, como lo pide el expresidente Uribe, hay que analizar si las marchas deben más bien quedar prohibidas, desde luego, solo mientras dure el riesgo de contagio.
No obstante, “empaquetar” a los vándalos como si fueran una única organización criminal también puede ser un error. Al parecer nadie en las esferas oficiales investiga o analiza científicamente estas explosiones sociales...
En los últimos episodios de las marchas, esta semana, era notoria la presencia de jóvenes protestando en plan pacífico. Sin embargo, también se veía un número de vándalos mucho mayor que el de protestas pasadas. Lo mismo que con los consejos de seguridad post mortem a los que les hacen tanta bulla sin que sirvan para algo, en este caso más valdría prevenir que tener que lamentar. Me llama la atención, negativamente, que unos capturados por la Policía durante los actos violentos fueran dejados en libertad por fallas de procedimiento.
Según una encuesta de la firma Cifras y Conceptos, revelada el día de las marchas, la imagen desfavorable de Duque llegó al 65 % y, considerada solo entre los jóvenes, llegó al 74 %. A esta administración le falta más de un año para transferir el poder presidencial. ¿Existe la posibilidad de que la crisis le impida llegar al 7 de agosto de 2022?
No creo. Pero los meses finales de este gobierno serán muy lánguidos y el sol a las espaldas se volverá una resolana quemante en un escenario político en el que hasta su propio partido, el Centro Democrático, parece estar tomando distancias del presidente.
¿Opina que ese distanciamiento es real? Mucha gente duda y opina que el expresidente Uribe ha criticado en público la reforma para no perder votos, pero que es solo una postura pública.
Por lo menos en el tema tributario ha habido un distanciamiento entre Uribe y Duque. El expresidente ha hablado, profusamente, de una manera que no debe haberle gustado al presidente. Repito, al menos en materia tributaria, hay grietas y molestias.
La crisis de respeto ciudadano ante sus instituciones no se manifiesta solo descalificando al jefe de Estado. También ataca a los partidos, sus congresistas, a la justicia, etc. Teniendo en cuenta este panorama, ¿qué sucederá en las etapas preelectoral y electoral que están próximas?
Las encuestas muestran una ventaja fuerte de Petro. Claro que falta un año. Pero si el Gobierno no da un timonazo y no afina el oído vulcanológico del que he hablado para percibir el magma de descontento que está comenzando a desbordarse, los datos estadísticos de hoy pueden transformarse en datos reales mañana y, de esta manera, llega a ser una tendencia inatajable.
¿Usted está entre quienes creen que hay que atajar a Petro como sea?
No. Pero tampoco hay que crecerlo como lo están haciendo algunos medios de comunicación: mientras más miedo pretendan meterle a la gente con Petro, más lo crecerán.
Dado el panorama conflictivo de Colombia, ¿cuál “timonazo” presidencial podría cambiar la tendencia negativa del país?
No hay tiempo para grandes cambios institucionales por parte de este Gobierno. Más aún, las grandes reformas que se creía que iba a impulsar, además de la fiscal como la pensional o la laboral, no las podrá hacer. Tendría aun tiempo de modificar actitudes y talantes: menos círculos de amiguismos palaciegos, más diálogo, menos arrogancia y más cercanía con la gente. Pero esto no se logra, simplemente, prolongando un programa de televisión de 6 a 7 de la tarde o dándole vueltas, de manera frenética, al país todos los días para asistir a cuanta inauguración invitan al presidente.