Avances estimables en verdad y justicia
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUNTO 5 del Acuerdo de Paz, sobre los derechos de las víctimas, es positiva en su mayor parte, según la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación del mismo Acuerdo. La Comisión de la Verdad, así como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) están dando cumplimiento a su mandato. Las dos primeras, a tiempo; la tercera, con retrasos. Así lo establece el octavo informe producido en febrero por dicha Secretaría Técnica (a cargo del Cerac y el Cinep/Programa por la Paz) en relación con el período comprendido entre agosto 1º y noviembre 30 de 2020.
El informe expresa preocupación por la reserva que las Fuerzas Militares invocan para no suministrarle información a la Comisión de la Verdad. También alerta sobre el impacto que puedan tener la pandemia y el resurgimiento de la violencia en la compilación de información y en el trabajo de la Comisión para lograr convivencia en los territorios.
Sobre la JEP, destaca que “ha sido objeto de presiones, campañas de desprestigio, amenazas a su mandato, obstaculizaciones a su trabajo y cuestionamientos permanentes a su accionar”. Pese a ello, su desempeño es notable: 12.678 comparecientes hasta finales de 2020 (77 %, exguerrilleros; 21,9 %, militares y policías; 0,9 %, agentes diferentes a Fuerza Pública). 304.666 víctimas colectivas y 3.511 individuales acreditadas. 35.703 decisiones judiciales adoptadas, 108 audiencias celebradas y 479 versiones voluntarias además de 316 informes recibidos. “Un eje de acción no previsto como un mecanismo protagónico de la JEP se ha constituido en una línea de trabajo fundamental”: las medidas cautelares, dirigidas a proteger comparecientes, memoria histórica, información en riesgo y lugares donde pueda haber restos de personas desaparecidas. El informe anuncia que mantendrá la atención sobre los avances en resoluciones de conclusión sobre los macrocasos y la apertura de nuevos casos.
La UBPD recibió a su vez durante el período importante información de la sociedad civil sobre personas desaparecidas, desarrolló valiosas labores de búsqueda en cementerios y otros lugares, y contribuyó a la entrega digna de los cuerpos de 100 personas desaparecidas en Meta, Caquetá, Guaviare, Bogotá y Chocó. A juicio del informe, falta información concreta de los avances en el Plan Nacional de Búsqueda y en la consolidación del universo de personas desaparecidas y del Registro Nacional de Fosas. También hace un llamado a la UBPD a mejorar sus canales de comunicación con los familiares y sus organizaciones.
Además de estas instituciones, el informe analiza las acciones de reparación (que califica con incumplimiento, salvo en retornos y reubicaciones) y de construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que se había previsto para 2018 (y lo califica con incumplimiento con retrasos).
En los otros cinco puntos del Acuerdo hay luces y sombras, y así lo muestra este juicioso informe. Al menos en lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas, los resultados podrían ser mejores pero no dejan de ser esperanzadores. Vale la pena redoblar los esfuerzos.