Dialogar para reformar antes de que sea tarde

LA VIOLENCIA, EL ODIO Y LA INTEMperancia han encendido todas las alarmas en Colombia. El paro nacional iniciado el pasado 28 de abril no termina y crece la zozobra sobre el futuro de la democracia. Nunca la fragilidad democrática e institucional había sido tan evidente. Hoy, más que nunca, el país se juega su suerte en la historia.

Avanzar requiere de liderazgo democrático, ruta participativa y construcción de confianza. Sólo el diálogo con los adecuados interlocutores y con resultados concretos puede silenciar el eco del terror para recuperar la gobernabilidad social. Para confiar en el diálogo se requieren avances tangibles, que permitan victorias de toda la sociedad, más allá de las aspiraciones particulares.

Un primer paso es lograr la expresión unánime de rechazo a la violencia y las violaciones a los derechos humanos, el silencio de las armas, el repudio de la justicia por mano propia, y exigir resultados en las investigaciones por los abusos cometidos. Un segundo paso exige aplicar las salidas institucionales que fija la Constitución, para que la expresión popular acompase la acción de las autoridades.

Reparar los estragos de la pandemia y encauzar el país para superar el déficit histórico de equidad, inclusión y crecimiento exige una actualización del Plan Nacional de Desarrollo y de los Planes Territoriales. Es indiscutible que el COVID-19 impactó todas las previsiones. Una partitura de antes de la pandemia no puede ser la respuesta.

Por ello, se impone aplicar las normas de planeación del capítulo 2 del título 12 de la Constitución, de tal forma que se adopten ajustes urgentes a los planes de desarrollo y de inversiones, con la amplia participación de todos los sectores. Un espacio de concertación y diálogo donde cabe la agenda reformista que clama a gritos la gente. Hay ejemplos a seguir, como los resultados de las Cumbres de Diálogo Social 2018-2020, el Grupo GDIAM, La Paz en tus Ojos, Foro por Colombia, con documentos de consenso alcanzados en medio de la diferencia, por actores muy diversos.

Hay que hacer valer la participación vinculante de todos los actores del país, mediante un procedimiento que está en la Constitución y que permite armonizar las prioridades de gasto y orientar, en simultánea, el esfuerzo de recaudo tributario, de austeridad en el gasto público y de manejo de la deuda.

Y tramitar en el ámbito de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales los asuntos urgentes en materia de protección social, reactivación masiva del empleo, derechos laborales y productividad, como prueba de decisión política, que permitirá mostrar su compromiso por encontrar salidas concretas a la crisis.

El Congreso tiene que asumir la histórica tarea de adelantar ya los debates legislativos que se requieran hasta que se traduzcan en leyes los acuerdos básicos logrados por las partes. La agenda legislativa tanto del Congreso como de los partidos debe sintonizarse con lo que pasa en la calle, para no despilfarrar una vez más la oportunidad de adelantar las reformas que reclaman las nuevas generaciones.

No es hora de miedos, titubeos, paños de agua tibia o desánimos. La profunda tristeza que embarga a la sociedad por hechos que repudiamos debe superarse con la fuerza de un país que marcha y se expresa, con la riqueza de la diversidad y la solidaridad hacia reformas que capitalicen el descontento social. Acortemos el camino dando el primer paso ya. No hay tiempo que perder.