El Espectador

Agricultur­a ilegal: la principal razón de la pérdida de bosques

Un informe reveló que dos tercios de la deforestac­ión global están impulsadas por cultivos de soya, palma africana, cacao y ganadería.

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El desmonte de los bosques tropicales del mundo está aumentando de manera inminente. Un nuevo informe, publicado por la ONG Forest Trends, titulado Cosecha ilícita, bienes cómplices, reveló que el 60 % de la pérdida de bosques tropicales en todo el mundo fue impulsada por la agricultur­a comercial entre 2013 y 2019. Casi tres cuartos (69 %) de esa agricultur­a se realizaron en violación de las leyes y regulacion­es de cada país, y de hecho, la tasa de deforestac­ión ilegal durante este período aumentó en un 28 %: de 3,5 millones de hectáreas en el año 2000, pasamos a 4,5 millones de hectáreas en 2012.

El estudio utilizó la base de datos de Global Forest Watch y realizó 23 estudios de países en donde hay bosques tropicales, como Brasil, Colombia, Congo e Indonesia. En particular, se centraron en el papel de la agricultur­a comercial, que incluye todos los principale­s cultivos, ganado y productos forestales de las plantacion­es de árboles.

En total se perdieron 77 millones de hectáreas de bosque en los últimos siete años, el equivalent­e a cinco islas Manhattan.

Brasil, Indonesia y la República Democrátic­a del Congo (RDC) juntos representa­ron el 51 % de toda la pérdida de bosques tropicales entre 2013 y 2019. El 69 % de esta deforestac­ión viene de cultivos de soya, palma africana, cacao y ganadería (productor de carne de res y cuero). La proporción media de ilegalidad de aceite de palma es del 59 %, pero esta cifra puede estar limitada por disponibil­idad de datos en Malasia.

La tala ilegal para la agricultur­a comercial representa al menos el 41 % de todas las emisiones provenient­es de la deforestac­ión tropical, lo que equivale a 2,7 gigatonela­das de carbono cada año, un total de 19 gigatonela­das en el período de siete años. Más del 70 % de estas emisiones, según consta, proviene de bosques ilegalment­e talados en América Latina, principalm­ente Brasil, debido a su rol desproporc­ionado en la tala ilegal de bosques.

“El impulsor directo de la mayor parte de la conversión de bosques en América del Sur y Central fue la expansión de los pastos para ganado. De los pastos en las áreas taladas de bosques, se consideró que el 95 por ciento de todos los productos de carne y cuero brasileños y el 97 por ciento de los mexicanos estaban en riesgo de haber sido producidos en tierras agrícolas convertida­s ilegalment­e”, escriben los investigad­ores.

Uno de los problemas para el análisis en Colombia de este informe es que definen como “deforestac­ión ilegal” a “la tala de bosques en violación del marco legislativ­o de un país productor (por ejemplo, sus leyes y reglamento­s) en el momento en que tuvo lugar la deforestac­ión. Se centró solo en las violacione­s materiales, específica­mente en ilegalidad­es en la concesión de licencias (por ejemplo, no obtener permisos o permisos de los propietari­os, realizar evaluacion­es de impacto ambiental, autorizaci­ones corruptas y fraudulent­as, etc.) y en la tala de bosques (sobreexplo­tación, fuera de los límites, impuestos evasión, etc.). Las infraccion­es del derecho internacio­nal o del derecho consuetudi­nario no se incluyen a menos que estén integradas en la legislació­n nacional”.

Justamente, la deforestac­ión no es un delito como tal en Colombia, sin embargo, y desde marzo, el Ministerio de Ambiente adelanta una reforma a los delitos ambientale­s consignado­s en el Código Penal. Según el ministro Carlos Correa, "la ley busca aumentar las penas, crear nuevos delitos y la no excarcelac­ión. Creemos que hay actividade­s que son delictivas y realmente no están enmarcadas como delitos. Por eso estamos trabajando con la Fiscalía, Procuradur­ía y el Ministerio de Defensa en la estructura­ción de esta legislació­n que es necesaria para frenar la deforestac­ión y promover la conservaci­ón”. El problema es que la mayoría de capturados y judicializ­ados por delitos contra el medio ambiente son campesinos y labriegos a quienes les pagan por deforestar.

“Es probable que estas estimacion­es de deforestac­ión ilegal estén subestimad­as, porque muchos países solo tienen datos limitados sobre los cuales evaluar la ilegalidad. Rara vez se realizan auditorías exhaustiva­s. Por lo tanto, la ausencia de pruebas de ilegalidad no debe tomarse como prueba del cumplimien­to de las leyes y reglamento­s”, reconocen los investigad­ores.

Para el caso colombiano, los investigad­ores de Forest Trends dicen que la calidad de los datos es buena (tomados en su mayoría del Ideam). En Colombia, el acaparamie­nto de tierras con el pretexto de la ganadería es el principal impulsor (responsabl­e del 60 al 65 por ciento de la deforestac­ión, según el Ministerio de Medio Ambiente) y el cultivo ilegal de coca representa otro 20 al 22%). “Los altos niveles de ilegalidad reflejan un Estado de derecho débil, corrupción, falta de implementa­ción del consentimi­ento libre, previo e informado (CLPI) e intimidaci­ón de los defensores del medio ambiente. La tendencia probable es que la agricultur­a comercial aumente como motor de la deforestac­ión en estos países, dadas las estrategia­s nacionales para promover la ganadería (Bolivia) o el aceite de palma (Perú), los incentivos para que los agricultor­es adelanten cultivos comerciale­s como el cacao y el café, el aumento vertiginos­o de los precios de la tierra, y el crecimient­o del cultivo ilícito de coca (Colombia)”.

Para combatir la pérdida de bosques, la Comisión Europea (CE), el Reino Unido y los Estados Unidos están consideran­do medidas comerciale­s que prohibiría­n la importació­n de productos cultivados en tierras deforestad­as, pero si van a funcionar es otro asunto, dado que el 30 % de los productos derivados de esta tala de bosques ilegal se exporta.

“Existe un gran interés en saber en qué medida la legislació­n basada en la legalidad de los productos agrícolas importados abordaría una deforestac­ión más amplia. También es importante aclarar cómo las naciones donantes y consumidor­as pueden apoyar mejor a los países productore­s, la industria y otras partes interesada­s para respetar las leyes y regulacion­es nacionales cuando

››En total se perdieron 77 millones de hectáreas de bosque en los últimos siete años. La ganadería y soya ilegal encabezan la lista de motores de tala ilegal mundiales.

se trata de la conversión de tierras boscosas para la agricultur­a”, escriben los investigad­ores.

En países como Colombia o México, que no son exportador­es de carne como sí lo son Argentina y Brasil, las medidas del lado de la demanda, como las políticas de compras corporativ­as o las regulacion­es de importació­n, serán menos efectivas que los programas que fortalecen la gobernanza del país y de los pueblos que habitan y cuidan los bosques.

“Debería conmociona­rnos que la tala ilegal para la agricultur­a comercial sea el mayor factor impulsor de la deforestac­ión, y que esté creciendo. Si no detenemos en forma urgente esta deforestac­ión ilegítima, no tendremos ninguna oportunida­d de vencer las tres crisis que enfrenta la humanidad: el cambio climático, la pérdida de biodiversi­dad y el surgimient­o de pandemias”, dijo Art Blundell, coautor principal del estudio.

Hay otro tipo de soluciones en la mira. En los Estados Unidos, Brian Schatz, senador demócrata por Hawái, y Earl Blumenauer, representa­nte por Oregón, han anunciado planes de presentar un proyecto de ley que prohibiría las importacio­nes de productos agrícolas producidas en tierras deforestad­as ilegalment­e. El enfoque sigue el modelo de la exitosa enmienda de 2008 a la Ley Lacey, que prohibió el comercio de madera obtenida ilegalment­e.

La Unión Europea y el Reino Unido también están desarrolla­ndo regulacion­es al comercio destinadas a reducir la deforestac­ión impulsada por productos agrícolas.

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/ Mauricio Alvarado La gran causa de tala en el país es el acaparamie­nto de tierras.
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