Guerra entre guerrillas en Arauca y Apure
Fragmento de “Fronteras rojas”, libro de una investigadora de las universidades de Oxford y Harvard. Analiza el origen de la violencia en límites de Colombia y Venezuela, en la región donde habría sido abatido esta semana “Jesús Santrich”.
Fragmento de “Fronteras rojas”, libro de una investigadora de las universidades de Oxford y Harvard sobre la violencia entre Colombia y Venezuela, en la región donde habría sido abatido “Jesús Santrich”.
Mientras que las actividades de combate entre paramilitares y guerrillas han recibido una atención considerable por parte de los académicos, pocos han estudiado las repercusiones de los enfrentamientos entre guerrilleros, como el caso de los sucedidos entre las Farc y el Eln en Arauca, Colombia y Apure, Venezuela, entre el 2006 y el 2010. Este tipo de enfrentamientos son menos predecibles y a menudo ocurren a pesar de períodos previos de mutuo respeto o colaboración.
Este «combate contradictorio» inflige violencia sobre las comunidades locales e influye en la seguridad ciudadana en un nivel más estructural. Derrumba lo que hasta ese punto había sido la lógica de lo apropiado de las reglas de comportamiento que resultaban de la «enemistad» entre los grupos de izquierda y derecha, así como de la «amistad» entre varios grupos de izquierda y el gobierno venezolano de izquierda.
La guerra entre guerrillas trastorna la mirada de la gente sobre ese mundo tan familiar en el que el combate sucede entre «enemigos» y no entre aquellos que han sido «amigos». También invalida los valores compartidos entre los dos grupos, valores que de otro modo reducirían la desconfianza y la sospecha entre ellos y frente a la población local. Estas ramificaciones se suman a las graves consecuencias psicológicas que se derivan de la violencia.
Durante la primera mitad de la década del 2000, la Política de Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe fortaleció las fuerzas estatales en Arauca, mientras que el Bloque Conquistadores de Arauca paramilitar debilitó la base social de las guerrillas. Tomó el control de la tierra usada para cultivar coca y de algunas partes estratégicas de las rutas de tráfico de cocaína, así como también de los flujos financieros, incluyendo los reclamos de las regalías que el Estado otorgaba a las administraciones locales.
En ese momento, las poblaciones de Arauca y Apure estaban acostumbradas a la «enemistad» entre las guerrillas y el Gobierno colombiano, y entre las guerrillas y los paramilitares. En este contexto, era sobre todo la supervivencia y no tanto la afinidad ideológica la que justificaba la obediencia de la gente frente a las reglas de los guerrilleros o los paramilitares. La guerra en sí misma se explicaba por la enemistad de decenios y contribuía a la normalización de la violencia entre estos dos frentes de batalla, incluso en el lado venezolano de la frontera.
Después de un incidente en el 2004, que dejó muertos a seis soldados venezolanos y a una empleada de una petrolera venezolana, las Farc distribuyeron panfletos de propaganda entre la población fronteriza, con fecha 21 de septiembre del 2004. Ese panfleto señalaba a los «paramilitares patrocinados por el gobierno [sic] colombiano» como «elementos provocadores de extrema derecha en el área, dedicados a desestabilizar el proceso revolucionario liderado por el presidente Hugo Rafael Chávez en Venezuela».
En el caso de otro panfleto, con fecha 30 de septiembre del 2004, las Farc acusan a las autoridades locales venezolanas de abusar de la población del territorio fronterizo controlado por las Farc al cobrarles impuestos a los miembros de la comunidad «hasta por reírse» y al atacar a los campesinos, y denuncian que estos operan en complicidad con los servicios de inteligencia colombianos «al estilo paraco». Pasando por alto las fronteras estatales, el panfleto invita a la «población colombo-venezolana» a seguir apoyando a las estructuras políticas y militares de las Farc.
Mientras que estas acusaciones ya sugieren un cambio de actitud de las Farc –porque las críticas estaban dirigidas hacia las autoridades venezolanas de izquierda–, los valores ideológicos compartidos por las Farc y el Eln –y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (Fbl)–, parecían soportar y reducir la desconfianza entre los dos y frente a sus respectivos partidarios. Para cuando las Auc se desmovilizaron, entre 2005 y 2007, las dos guerrillas quedaron con menos territorio, fuentes de ingreso y apoyo local; al menos en Arauca, Colombia. Como respuesta, buscaron cooptar nuevas partes de la población y recuperar el territorio, y esto concluyó en enfrentamientos entre ellas.
Con la desmovilización de las Auc, las dos guerrillas se enfrentaban a una amenaza externa en común menos poderosa, que de otra manera las hubiera llevado a conectarse por medio de sus valores compartidos, reduciendo así la desconfianza y facilitando la cooperación. Este hecho incitó aún más la disonancia inter-guerrillera. En marzo de 2006, el asesinato del jefe financiero de las Farc, alias Che, por parte de alias Queca, del Eln, desató la guerra entre las Farc y el Eln. Según las Farc, alias La Ñeca y alias Culebro, del Eln, «lo asesinaron de forma cobarde por la espalda» el 12 de diciembre de 2005.
En consecuencia, las Farc criticaron el desmoronamiento de los valores compartidos que tenían con el Eln: «[…] el accionar del Eln contra nuestro proceso no tiene principios revolucionarios y obedece al infiltramiento que el enemigo mantiene en esta organización», decía el panfleto. En el mismo documento, las Farc reiteran su compromiso con las comunidades que apoyan las organizaciones que quieren un cambio social real, alimentando así las divisiones entre las comunidades bajo el control del Eln y el suyo.
Cuando la guerra entre guerrillas estaba en su apogeo hacia finales de 2006 y principios de 2007, los panfletos de las Farc describían a los comandantes del Eln como «disfrazados de revolucionarios» o como «sicariato» y animaban a la población transfronteriza a cuestionar el comportamiento del Eln. También le hacían un llamado a la población a denunciar el mal comportamiento del Eln, que profundizaba la brecha entre los dos lados, y agudizaba la desconfianza y la sospecha: Reiteramos una vez más que la confrontación entre las Farc-ep y el Eln es por principios ideológicos, pues estos no se venden y el Eln con sus actitudes pareciera ser una organización paramilitar. “Invitamos a la población colombo-venezolana a que haga un análisis, si estas actuaciones son de una
››Los guerrilleros también combatían en el lado venezolano del río Arauca, en Apure, donde la presencia de las Fbl hacía más complejas aún las disputas entre estos grupos armados.
organización revolucionaria y de igual forma denunciar los atropellos que reiteradamente ha venido realizando esta organización supuestamente revolucionaria en contra del pueblo colombo-venezolano”.
Así como estos panfletos dirigidos a la población transfronteriza lo confirman, la guerra entre el Eln y las Farc no terminaba en la frontera. Los guerrilleros también combatían del lado venezolano del río Arauca, en Apure, donde la presencia de las Fbl hacía más complejas aún las disputas entre estos grupos armados. La larga duración de la guerra entre guerrillas se le puede atribuir parcialmente al papel de los dos gobiernos vecinos.
Después de 2007, el Eln reforzó su presencia al colaborar con las fuerzas estatales colombianas en Arauca. Al parecer también conspiraron con las autoridades venezolanas locales y nacionales para contrarrestar la superioridad militar de las Farc. Para el año 2009, el Eln había expulsado parcialmente a las Farc de Apure. La guerra entre guerrillas, que perduró hasta 2010, provocó una crisis humanitaria. El número de desplazamientos, víctimas de minas antipersona y secuestros en Arauca aumentó cuando las Farc y el Eln iniciaron la guerra, y disminuyeron solo en 2010, cuando cesaron las hostilidades.
Si a la crisis se suman los asesinatos ocurridos como resultado de lo que podría describirse como la guerra entre guerrillas extendida al lado venezolano de la frontera, esta adopta una dimensión aún más preocupante. Los números sugieren que las masacres disminuyeron gracias a la desmovilización paramilitar. Entre 2006 y 2010 hubo más desplazados que entre 2001 y 2003, los años más brutales de la incursión paramilitar en Arauca.
Los recuerdos de la gente sobre esa época les imprimen un tono solemne a estas oscuras estadísticas. Los entrevistados se refirieron al período entre 2007 y 2009 como los años más violentos que jamás experimentaron. En Guasdualito, Venezuela, por ejemplo, supuestamente entre seis y ocho personas eran asesinadas diariamente en disputas violentas, «incluso frente a la estación de Policía», como lo recordó uno de los entrevistados.
Según los residentes de Guasdualito que habitaban el área entre 2007 y 2009, las víctimas casi nunca eran locales, sino que en su mayoría provenían «de afuera». Esta percepción está en consonancia con los reportes de la Defensoría del Pueblo colombiana, que indica que muchos colombianos que escaparon al lado venezolano fueron asesinados ahí porque las disputas armadas se extendieron a ese lado.
Pese a la devastadora violencia que surgía de la guerra entre guerrillas, las personas tenían acceso a algo de guía sobre cómo comportarse para cumplir con las expectativas de los guerrilleros. Los dos grupos establecieron zonas de influencia, llevaron a cabo censos y ejercieron control social. Debido a la presencia de las guerrillas en Arauca durante varias décadas, las comunidades internalizaron sus reglas como norma, en lugar de las impuestas por el Estado. En 2012, los residentes de una localidad remota de Arauca, a la que solo pude acceder por medio del río fronterizo, me contaron que las guerrillas usualmente venían a pedirles favores, como que les dieran agua.
En este caso, los habitantes de la localidad tenían que darles agua. En otro pueblo, me explicó un campesino: «Si usted los respeta, ellos lo respetan». Muchos residentes de la zona fronteriza de Arauca afirmaron estar seguros «siempre y cuando se comporten bien». Podría concluirse que seguir las reglas de comportamiento impuestas por los guerrilleros era la mejor manera de maximizar las posibilidades de supervivencia, en lugar de esperar a que el Estado cumpliera con sus responsabilidades de protección. Aunque las actividades de las guerrillas desembocaron en la militarización de la región, la ayuda del Estado para aliviar el sufrimiento de las comunidades nunca se materializó en algunas áreas, y en otras era insuficiente.
* Alemana, Ph. D en Estudios de Desarrollo de la Universidad de Oxford e investigadora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de dicha universidad británica. También es investigadora visitante en el Weatherhead Center de la Universidad de Harvard. Se publica por cortesía de Penguin Random House Grupo Editorial, sello Debate.