“La gente ya no tiene miedo de expresar lo que siente”
Habla Adam Isacson, director del Programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), influyente centro de investigaciones en la capital de Estados Unidos. Analiza la situación del orden público en Colombia y s
Usted ha sido analista de la situación política de Colombia durante más de 20 años desde los centros de investigación en que ha trabajado ¿A qué atribuye el estallido social de abril y mayo del 2021, fuera de la coyuntura creada por la pandemia y por un proyecto de reforma tributaria –por decir lo menos– inoportuno?
Podría tratarse del mismo estallido social que comenzó en noviembre de 2019. Si las fiestas de fin de año y luego la pandemia no lo hubieran interrumpido, probablemente estaríamos hablando de 18 meses de agitación social continua. La desesperación económica no desapareció; la rabia por la falta de empatía del gobierno no desapareció; el dolor por la falta de implementación del Acuerdo de Paz en los territorios no desapareció y la masacre de líderes sociales, tampoco. Por el contrario, todo lo anterior se agravó durante la pandemia.
El país no ha sido, como otros latinoamericanos, de protestas masivas y sostenidas durante días y semanas. Tampoco suele tumbar presidentes. Pero en esta ocasión, las manifestaciones pacíficas y los actos violentos después de estas, llevan casi un mes continuo. ¿Qué cambió con respecto a su pasado, para que la gente decidiera salir constantemente pese al riesgo de contagio de COVID y al peligro de ser herido o morir en los disturbios?
El gran cambio llegó con el Acuerdo de Paz de 2016, porque redujo el miedo de la gente a ejercer su libertad de expresión. La desmovilización de las FARC eliminó el estigma que estaba ligado a la protesta pública. Antes de 2016, Colombia tenía una guerrilla muy numerosa, violenta y de carácter nacional que se percibía como una amenaza existencial. Era fácil tachar de “guerrillero” a cualquiera que saliera a protestar para deslegitimarlo y muchas personas no se atrevían a manifestarse debido a esa asociación. Después del Acuerdo, el estigma desapareció o es mucho más débil. Todavía el gobierno Duque trata de presentar a unos manifestantes como vinculados al ELN o a las disidencias de las FARC. Sin embargo, esos son grupos regionales que no representan un gran peligro para las ciudades y por eso no es tan convincente. En resumen, hay mayor espacio político para que la gente salga a la calle y ya no tiene miedo de expresar lo que siente.
Entonces, ¿podría afirmarse que aunque los ciudadanos sabían que podían exigir sus derechos, se reprimían?
Sí. Había temor de expresarse públicamente por la estigmatización de ser tachados como “guerrilleros” y, también, por el desprecio social con que se miraba a los manifestantes.
Personas del partido de gobierno y uniformados sostienen que existe un proceso sistemático: primero, las marchas diurnas masivas, pacíficas. Después, las nocturnas que derivan en disturbios producidos por individuos que destruyen los bienes públicos y privados. ¿Cree que hay un plan “terrorista” de fuerzas contrarias a la administración Duque?
Algo similar se vio en Estados Unidos durante las protestas que surgieron tras el asesinato de George Floyd. En el día, eran pacíficas, masivas, disciplinadas e inspiradoras. En la noche, especialmente en las dos primeras semanas, un pequeño número de personas rompía ventanas, incendiaba propiedades y se enfrentaba a la Policía. En algunas ocasiones, se trataba de jóvenes que se habían radicalizado políticamente y estaban llenos de odio hacia los policías, cuya conducta agresiva los enardecía aún más. En otros, eran delincuentes buscando un beneficio económico, casi siempre mediante el saqueo. En los dos casos, la franja de agitadores nocturnos dio al gobierno Trump la disculpa para desarrollar una retórica en que se deslegitimaba a los manifestantes de Black Lives Matter y sus demandas. Trump centró sus ataques en contra de las manifestaciones en algo llamado “antifa” –apócope de “antifascista”–, que se trata más de una postura política que de un grupo real. Pero jamás existió una coordinación de violencia en Estados Unidos. Una postura similar aparece ahora en Colombia: hay muy poca evidencia de un movimiento nacional de violencia, pero el Gobierno intenta culpar de esa actividad a grupos armados e, incluso, a agitadores internacionales.
A propósito de su mención sobre los “antifa” (supuestos extremistas de izquierda que irían, ciudad tras ciudad, exportando vándalos y vandalismo), ¿la estrategia Trump y la del gobierno colombiano cuando responsabiliza a los “castrochavistas” del vandalismo y los saqueos, es igual y pretende los mismos efectos?
El término “castrochavista” es lo más parecido que hay, al de “antifa”: significa casi lo mismo y es el mismo pretexto para justificar una respuesta oficial violenta y para descalificar a los manifestantes.
‘‘Los
videos y los relatos de abusos (de agentes) en las actuales protestas y las agresivas palabras de los directores de la Policía y del Ministerio de Defensa han despertado las alertas de los responsables políticos de Estados Unidos”.