Cuatro razones del desmadre
ESTAS SON LAS FUERZAS QUE CONdujeron a la explosión social:
La primera: los jóvenes están conectados con el mundo. Su agenda es feminista, ambientalista, pacifista, artística y libre, reivindica a los excluidos de siempre y cree que el 1 % más rico se queda con demasiado. Se imaginan un Estado que confía en el talento de sus pobres porque de ahí saldrá la riqueza duradera; uno que no ve progreso si se contamina, ni ve desarrollo si no hay empleo digno, ni ve democracia si las campañas electorales se financian con la plata de las carreteras; uno que distribuye mejor lo que hay. Aquí, en Chile, en Nicaragua, en Estados Unidos...
La segunda: la organización social y comunitaria es recia, resistente. Se le plantó al paramilitarismo para que dijera la verdad de su brutalidad y resarciera sus crímenes; a las Farc para que avanzaran el Acuerdo de Paz, dijeran la otra media verdad brutal y resarcieran sus crímenes; y a la Fuerza Pública para que por fin saque a la luz su cuota de responsabilidad en la guerra sucia.
Esas mujeres y esos hombres alcanzaron a tocar la paz con las manos. No era perfecta, ni llegó a todas partes, pero pudieron volver a bailar en San Jacinto y soñar con empresas de café ecológico en el Cañón de las Hermosas. Por unos meses, hasta en el Cauca respiraron.
Pero vino un Gobierno de gelatina asentado en un molde mental de hace dos décadas a convencernos de que todo era mentira. Y de ahí creció la frustración y las comunidades organizaron los bloqueos, desesperadas por ser escuchadas.
En las ciudades deberían entenderlas mejor ahora. Probaron una muestra de la medicina que han recibido por décadas muchos de quienes protestan. Durante el conflicto armado decenas de pueblos quedaron atrapados bajo fuego. Ahora les pasó por primera vez a las urbes y cundió el miedo. Un miedo legítimo. ¿Quién no lo tiene cuando se siente rehén en Cali y sabe que una ambulancia no puede llegar? Creció la rabia. ¿Quién no la acumula ante la impotencia?
Es ese rincón de miedo e impotencia adonde las comunidades propaz organizadas no quieren dejarse volver a meter.
La tercera: viviendo aún bajo las sombras de la Guerra Fría, quedaba fácil desechar toda protesta ciudadana como complicidad con las guerrillas. (Desueto como es, el partido de gobierno sigue usando el argumento, pero ya sabemos que lo que queda son criminales con brazalete de alguna causa olvidada). Con el fin de las Farc voló la tapa de plomo de una olla social que llevaba años hirviendo. Así lo previeron los mismos negociadores de paz. ¿Cómo sorprende que reclamen a borbotones en el país del continente que menos gastó para ayudarle a su gente durante la pandemia?
La cuarta: la libertad de expresión ha sido la sangre que empieza a fluir en un sistema circulatorio lleno de tapones. No hay quien tranque los miles de videos de la gente en Instagram y Tik Tok. Las verdades oficiales tambalean cuando la gente todo lo filma y lo hace público, y Cerosetenta primero y después The Washington Post pueden analizar la evidencia visual con precisión forense para determinar qué hizo la Fuerza Pública con las armas que deberían servir para proteger a la ciudadanía.
Del discurso incluyente contemporáneo, de una organización social fraguada bajo fuego, del respiro que hace transparentes los problemas que la guerra ocultó y de una libertad de información jamás vista salen los ríos de gente a la calle. Si consiguen convertir su bronca en poder para una agenda política pacífica, productiva, meritocrática, feminista, ambientalista y redistributiva, habrá valido la pena el desmadre.
toda persona tiene derecho a circular libremente y no puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida, toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo, y tiene derecho a que se establezca un orden social en el que los derechos y libertades proclamados en la declaración se hagan efectivos. Estos derechos son para todos los miembros de la sociedad, no para unos grupos sí y para otros no, y son para todos los tiempos, no para unos períodos sí y para otros no.
Los que en las últimas semanas han protestado legítimamente tienen todo el derecho de hacerlo y también de denunciar los abusos y violaciones a los derechos humanos que han cometido algunos miembros de la Fuerza Pública, pero el derecho a protestar no es absoluto. Con los bloqueos al tráfico automotor, la destrucción de las estaciones de buses y los cercos a las carreteras y a los puertos, que han generado el desabastecimiento de alimentos y combustible; con el saqueo de comercios, el cierre de grandes y pequeñas superficies, los cercos que impiden el paso de ambulancias, personal de la salud o insumos para los hospitales, incluso de oxígeno para atender pacientes críticos, se están violando derechos fundamentales de millones de personas. Se está violando su libertad para movilizarse, trabajar y ganar su sustento, y también se ha puesto en peligro su vida, salud y seguridad alimentaria con bloqueos irracionales e indiscriminados.
Los líderes del paro, la opinión pública en general y los medios de comunicación nacionales y extranjeros tienen la obligación de reconocer que se han violado los derechos humanos de estos millones de ciudadanos. Y también se han violado los derechos humanos de las Fuerzas Militares y de Policía, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. En las últimas semanas hemos visto cómo se ultraja a soldados y policías. Los injuria Iván Márquez cuando llama a la insurrección general y también lo hace el jefe de la oposición de extrema izquierda cuando, en forma temeraria y mentirosa, acusa a las Fuerza Pública de haberse vuelto un brazo armado de un sector político. Ninguno de ellos menciona que hay más de 800 policías heridos en las protestas y también hay policías asesinados. No reconocen que los policías denunciados por violaciones a los derechos humanos también tienen derecho a ser escuchados en un juicio y a la presunción de inocencia, mientras no hayan sido declarados culpables. Muchos de los que promueven las marchas a través de las redes sociales condenan solo el comportamiento de algunos miembros de la Fuerza Pública, pero no mencionan los atropellos de quienes marchan y abusan de su derecho para atacar a la Fuerza ública y destruir los bienes públicos, que son de todos.
Ninguno menciona que los soldados y policías son hijos de familias trabajadoras, que la inmensa mayoría de ellos cumplen con su deber de proteger al país y darle seguridad para que el resto de colombianos podamos estudiar, trabajar y dormir en paz. Al tiempo que defendemos el derecho a la protesta pacífica, los que creemos en los valores de la democracia representativa y de la libertad tenemos que defender a nuestra Fuerza Pública y a las instituciones republicanas contra los enemigos de la sociedad abierta.