Un mundo nuevo
ALGO NOVEDOSO ESTÁ SUCEDIENDO. Las movilizaciones sociales son un despertar de consciencia que ha puesto a pensar al país. La nueva generación empieza a exigir y se hace necesario responder, tanto a los estudiantes y sus familias que propulsaron las protestas de noviembre de 2019, como a los jóvenes barriales desposeídos acompañados de sus comunidades que hoy están en el corazón de la protesta.
Un reclamo tan generalizado y persistente ha sorprendido a todos, incluso a los promotores del paro nacional. El Gobierno, perplejo, está a la deriva al encontrar que la represión policial ya no funciona. De una parte, porque no impide que los manifestantes salgan una y otra vez, y, de la otra, porque aparece una comunidad internacional vigilante de los derechos humanos que no come el cuento de las teorías conspirativas que intentaron promover algunos amigos del Gobierno.
El video en inglés y la misiva de un cercano colaborador del presidente Duque no lograron convencer a los observadores internacionales de que detrás de las protestas no estaba la deuda social acumulada sino sus sospechosos de siempre: Maduro, el terrorismo internacional y la oposición que todavía no digieren y que se ha tornado en alternativa de gobierno desde que Gustavo Petro obtuvo el 42 % de la votación total en la segunda vuelta presidencial de 2018.
¿Por qué sigue protestando la gente si ya ha cosechado varios triunfos? Han hecho retirar dos reformas: la tributaria y la de la salud, ambas simbólicas de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. Han tumbado a dos ministros, el de Hacienda y la canciller, y tienen tambaleando al de la Defensa. A nivel local, salió el jefe de la Policía de Cali, donde el desbordamiento del uso de la fuerza y de las armas en contra de manifestantes y transeúntes se vivió en directo por las redes sociales. Esos abusos motivaron a 55 congresistas estadounidenses a solicitar de su gobierno suspender la ayuda a la Fuerza Pública, excepción hecha de la relacionada con los derechos humanos.
La respuesta es dura y es necesario que todos la comprendamos de manera constructiva. El establecimiento de Colombia fracasó al convertir la Constitución de 1991 en otra promesa fallida. Esta contemplaba que los planes de desarrollo de los sucesivos gobiernos realizaran progresivamente los derechos sociales largamente postergados: la salud, la educación, el trabajo, el saneamiento ambiental, el mínimo vital. Si bien nadie niega avances, la realidad es que la desigualdad que se manifiesta en la exclusión de amplios sectores de la sociedad empezó a hacer crisis, aun antes de la pandemia.
Ahora toca corregir la plana. Donde unos atisban esperanza, otros experimentan profundo desasosiego. Ambos debemos encontrar el camino para transitar esta etapa de necesarios cambios, dialogando y construyendo juntos. Ese proceso requiere la credibilidad y legitimidad que solamente puede producir un gobierno de cambio y un Congreso renovado. Mientras llegan las elecciones, el Gobierno debe al menos generar un millón de empleos, implantar la renta básica y dejar de reprimir. Con elecciones justas viene un mundo nuevo.