LA NUEVA REALIDAD DE LAS REGIONES DE DONDE SALDRÁN LAS CURULES DE PAZ

El conflicto armado en esos territorios ya no es el mismo de 2017 y, mientras se ha venido recrudeciendo, las garantías de seguridad pactadas en el Acuerdo de Paz siguen en el tintero. Sin embargo, las víctimas continúan firmes en su apuesta de llegar al

El 2 de mayo de 2017, cuando el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó en el Congreso el proyecto de acto legislativo para darles vida a las 16 circunscripciones especiales de paz, las antiguas Farc todavía no habían dejado las armas. Lo harían casi dos meses después, y ya varias voces advertían que el Estado debía ocupar los territorios de los que saldría la insurgencia, a riesgo de ser copados por otros actores armados ilegales. Hoy, cuatro años después, cuando finalmente y gracias a la Corte Constitucional las curules de paz tienen luz verde, el riesgo se materializó y en varios de los territorios priorizados por el Acuerdo de Paz hay disputas armadas por diferentes estructuras ilegales.

La semana pasada, la sala plena de la Corte Constitucional, con una votación de cinco contra tres, resolvió a favor una tutela presentada por el senador Roy Barreras en la que defendía que los cincuenta votos a favor que tuvo la iniciativa en el Senado el 30 de noviembre de 2017, cuando terminó hundiéndose, eran suficientes para dar el proyecto por aprobado. La noticia fue muy bien recibida entre las víctimas del conflicto y los habitantes de las regiones que se verán beneficiados de las curules.

“Se reciben con satisfacción en un momento muy importante para el país en el marco de las movilizaciones sociales, que han mostrado el inconformismo con el actual Gobierno. Se convierten en un aliciente y una repotenciación de la implementación plena del Acuerdo de Paz, de ampliación de la democracia y como un ejercicio de reparación colectiva en los territorios”, dijo Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que de hecho acompañó la tutela que presentó Roy Barreras.

En el mismo sentido respondió Sandra Mina Peña, lideresa afro del norte del Cauca, que también celebró el regreso de las curules. “Es como una luz al final del sendero, como una esperanza en medio de este conflicto, porque pensábamos que era algo que ya no se iba a dar. Creo que en otra época hubiera sido mucho más fácil hacer este ejercicio, pero, de una u otra forma, ahí vamos a estar”.

Si bien en las regiones respaldan con firmeza las curules de paz y celebran su aprobación, son conscientes de los riesgos de nuevos conflictos armados, que en estos cuatro años se han venido recrudeciendo. Los 167 municipios seleccionados para las 16 circunscripciones de paz son prácticamente los mismos territorios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) sobre los que ya la Misión de Observación Electoral (MOE) ha enviado alertas, por la situación de violencia en la antesala de la campaña electoral de 2022. En su más reciente informe trimestral, que cubrió de enero a marzo de este año, registró que el 52 % de las agresiones a líderes políticos, sociales y comunales ocurrieron en 13 de las 16 regiones PDET; es decir, en 13 circunscripciones de paz.

Es más preocupante si se miran solamente las agresiones a líderes sociales (excluyendo políticos y comunales): el 62 % ocurrieron en ocho regiones PDET, registró la MOE. La alerta es en particular sobre las regiones de los Montes de María, el Bajo Cauca y la de Nariño-Cauca-Valle, que concentraron el 55 % de las agresiones registradas en zonas PDET entre enero y marzo de este año.

Lo que ocurre en los Montes de María es significativo, pues se trata de una zona que por más de una década fue territorio de paz, desde 2007, hasta que, como lo denunció el líder Edgardo Flores en el encuentro Lidera la Vida, de la Procuraduría, en diciembre de 2020: “La paz se perdió en los Montes de María en 2019”. A partir de ese año varias organizaciones y líderes de esos municipios empezaron a denunciar lo que llamaron “un resurgir del paramilitarismo” en la zona.

En ese mismo encuentro, la lideresa Mayerlis Angarita denunció que la presencia de las Autodefensas Gaitanistas (Agc) es real y evidente en el territorio, por más que las autoridades distritales y departamentales la nieguen. “Viene el Gobierno Nacional a mirar la situación y los alcaldes le dicen: no está pasando nada. Todo el mundo sabe que los gaitanistas son el mismo Clan del Golfo y que están fortaleciéndose; ellos no dejaron de fortalecerse por el COVID-19. Cuando nosotros mencionamos eso nos dicen ‘mentirosos’. ¿Quiénes? Los entes territoriales”, reclamó.

Las cifras que han servido como indicadores de la violencia en el

‘‘La curules se convierten en un aliciente y una repotenciación de la implementación plena del Acuerdo de Paz, pactado en La

país tras la firma del Acuerdo de Paz también dan cuenta del recrudecimiento de la guerra. De los 106 líderes asesinados que reportó el programa Somos Defensores para 2017 se pasó a 199 asesinatos de líderes en 2020. Y de los 31 excombatientes asesinados en 2017, según la Misión de Verificación de la ONU, se pasó a 73 firmantes del Acuerdo asesinados en 2020.

Garantías pendientes

“El primer reto del Estado colombiano va a ser que la gente en los territorios participe; esa gente que ha defendido a capa y espada la implementación del Acuerdo de Paz, que ha estado en riesgo, y que hoy deben ser los primeros en postularse a ocupar esas curules”, sostiene José David Ortega, directivo de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, que en la anterior ocasión tenía candidato para esa circunscripción y que esta vez es probable que vuelva a tenerlo.

Precisamente para evitar las agresiones a quienes defienden lo pactado, el Acuerdo de Paz había contemplado los mecanismos orientados a protegerlos. En particular, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Y si bien han pasado cuatro años desde que fue creada, su panorama hoy no es muy distinto: sigue con una precaria implementación. En un documento, conocido por Colombia+20, que los delegados de la sociedad civil y las plataformas de DD. HH. en esa comisión le enviaron a la Corte Constitucional el pasado 29 de abril, le detallaron lo que consideran “un balance de trabajo insuficiente” de la Comisión Nacional de Garantías.

Lo primero es que si bien la Co