El caso que estudia la CIDH sobre un abogado al que el Esmad dejó sin un ojo
Juan Carlos Martínez Gil fue atacado en 2007 y la justicia colombiana ya condenó a un capitán de la Policía por estos hechos. Sus aspiraciones son ayudar jurídicamente a otras víctimas de lesiones oculares y crear una mesa nacional de víctimas del Esmad.
Cuarenta y seis personas han denunciado, en menos de un mes de manifestaciones del paro nacional, haber sido víctimas de ataques oculares por parte del Esmad de la Policía. Una cifra que entregaron las ONG Temblores e Indepaz la semana pasada y que fue retomada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, mientras presentaba un informe a la ONU en el que se documentaron graves abusos policiales en medio de las protestas ocurridas entre 2020 y 2021 en la capital del país. Esa preocupación sobre las lesiones oculares también la expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual tiene en sus manos desde 2014 un caso emblemático, pero poco conocido de un manifestante que perdió su ojo por culpa del Esmad.
Se trata del caso de Juan Carlos Martínez Gil, un abogado, profesor y sindicalista caldense que fue atacado por un miembro de este escuadrón antidisturbios el 8 de junio de 2007 en Manizales, en medio de la conmemoración del día del estudiante caído y de una protesta contra los recortes en el sector de la salud, que estaba proponiendo el gobierno de Álvaro Uribe. El organismo interamericano, que visitará Colombia el próximo 8 de junio para documentar y verificar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas del paro nacional, admitió el caso Martínez Gil en 2014, pero desde 2017, cuando se celebró un período de audiencias públicas sobre su caso en la CIDH, aún no se reporta mayor avance.
En entrevista con
El Espectador,
Martínez contó su travesía de 14 años por los estrados judiciales colombianos e internacionales, que incluye una condena en firme en contra de un capitán de la Policía, otra contra la Nación por parte del Consejo de Estado y una reparación directa de la cual, dice el profesor, no ha recibido un solo peso. “El tema del dinero es lo de menos, me preocupa es la sistematicidad de los casos en Colombia de lesiones oculares. Los jóvenes son atacados para infundirles temor y por eso es necesario visibilizar las decenas de casos de personas que han perdido su visión por el abuso policial. Es urgente que se desmonte el Esmad”, le dijo Martínez a este diario.
El caso Martínez Gil es único. De las 25 personas con las que El Espectador se contactó y que han denunciado tener lesiones oculares tras un ataque del Esmad, sus casos no han prosperado en el terreno judicial por distintos motivos. Por ejemplo, Carolina Bautista, una estudiante de la Universidad Nacional que fue atacada en 2003, cuenta que no denunció por el miedo que tuvo de recibir amenazas. Robert Helio Delgado, un líder campesino de Nariño atacado durante el paro campesino de 2013, explica que no recibió la asesoría jurídica adecuada. Otros denunciantes señalan que el trauma psicológico que generan estas graves lesiones termina sumiéndolos en depresión y aislándolos.
Por eso, uno de los propósitos del profesor y abogado Martínez es ayudar en otros casos de lesión ocular, tanto en la parte jurídica, como en el apoyo psicológico. Martínez se encargó de redactar la solicitud de estudio de su caso ante la CIDH y de encontrar el video del momento en que fue atacado, imágenes que han sido prueba reina dentro de los expedientes judiciales. Este punto es clave porque, en casos como el del joven Gareth Cella (lesionado en febrero de 2021) y el de Sandra Pérez y su hija Sara Cárdenas, (atacadas en mayo de 2021), tienen la incertidumbre de que los videos de las calles donde las atacaron hayan sido modificados o borrados.
Otro de los problemas que expresan las víctimas es la individualización del agente del Esmad que provocó la lesión ocular, pues los disparos se hacen en medio de contextos difusos, en ocasiones a altas horas de la noche y, como han denunciado recientemente manifestantes, algunos agentes del Esmad ocultan sus códigos de identificación o los alteran. Volviendo al caso Martínez, él cuenta que también ayudó al sindicalista y también amenazado de muerte Carlos Arturo Orozco, que fue atacado durante una manifestación en 2014 en los procesos legales. “A mí también me dijeron que tampoco iba a volver a conducir o a montar en bicicleta pero ahora lo hago. Claro que me costó retomarlo”, apuntó Martínez.
Sobre el proceso que cursa en la CIDH, El Espectador se contactó con la oficina de comunicaciones para conocer en qué etapa se encuentra, sin embargo, no hubo respuesta. Lo último que se conoció públicamente del caso fue la audiencia de julio de 2017 en la que Martínez rindió su testimonio y el Estado colombiano hizo sus descargos ante el órgano interamericano, señalando que Colombia ha hecho los esfuerzos para enjuiciar a los culpables y reparar al sindicalista. Martínez aseguró que lo dicho por el Estado es falso, pues el condenado capitán del Esmad Libardo Fandiño no ha firmado el acta de compromiso de buen comportamiento ni pagado las multas que le impuso la justicia colombiana.
En esa audiencia, el Estado tuvo a un vocero del Esmad que aseguró que ese cuerpo especial de la Policía cumple con todo los protocolos en el uso de armamento y munición “menos letales” y que tienen los más altos estándares de capacitación en sus miembros. En ese encuentro judicial también intervino el entonces viceministro del Interior Luis Ernesto Gómez, quien ahora es secretario de Gobierno de la alcaldesa López y quien recientemente aseguró en medios de comunicación que uno de los hechos que más le preocupaban al Distrito son los ataques oculares.