Paro desinflado
VARIOS HECHOS MUESTRAN QUE EL llamado Paro Nacional se está desinflando (aunque se denomina “nacional”, solo han parado voluntariamente los sindicatos públicos y algunos activistas; los demás lo han hecho obligados por los bloqueos, el temor y la destrucción del transporte público).
Después de la nutrida concurrencia y el entusiasmo de las primeras semanas, se aprecia una escasa participación en las últimas manifestaciones. Los jóvenes se cansaron de marchar sin lograr resultados y, sobre todo, sin propósitos claros, más allá de expresar el malestar por el desempleo y la falta de perspectivas en sus vidas.
Los bloqueos, el elemento más dañino del paro, también se han reducido como consecuencia del gran rechazo nacional por sus abusos y una actitud más decidida del Gobierno frente a las tropelías de los bloqueadores. Su impacto sobre la vida, el trabajo y la libertad de las personas ha causado el justo repudio de pobres y ricos, de lo cual dan razón las encuestas. El paro general indefinido, impuesto por medio de bloqueos, es un desafío intolerable de unas minorías violentas no solo al Gobierno, sino a toda la sociedad (imagínense lo que les sucedería a quienes traten de imponer por la fuerza la suspensión del tráfico terrestre en China, Alemania, Cuba o Estados Unidos).
Los horribles episodios de violencia con que comenzó el movimiento han disminuido. Las balaceras, los incendios, las confrontaciones con la policía son eventos ahora, por fortuna, esporádicos. La actitud más decidida de las autoridades y la intervención de distintos actores sociales —nacionales e internacionales— han tenido la consecuencia de moderar ciertos abusos de la Fuerza Pública y visibilizar a quienes han asesinado policías, quemado sedes de la justicia, incinerado y saqueado almacenes y negocios. Hay que anotar, eso sí, que, ante el decaimiento de las manifestaciones, grupos aislados de vándalos insisten en sus acciones destructivas en Bogotá y otras ciudades.
Las encuestas muestran que los colombianos apoyan y entienden las protestas, pero rechazan la violencia y, sobre todo, los bloqueos. Como en otras oportunidades, buena parte de la izquierda tradicional no ha sido capaz de rechazar sin ambages los incendios, las pedreas, los bloqueos y los ataques a la infraestructura pública. Y unos cuantos activistas todavía defienden los abusivos “corredores humanitarios” que otorgan a grupos violentos el control de las vías y, sobre todo, la potestad de decir qué es humanitario y qué no lo es, muchas veces a cambio de exigir peajes y cobros extorsivos.
El desinfle del paro ocurrió sin que haya mediado ningún acuerdo entre el Gobierno y el autodenominado Comité Nacional —un grupo de sindicalistas y políticos que trataban de dirigir el movimiento— que poco o nada tiene que ver con los jóvenes en las calles. Los que sí sacaron su tajada fueron los camioneros que le extrajeron concesiones al Gobierno, contrarias al interés nacional, a cambio de desbloquear algunas carreteras.
Lo que se debe hacer en el Congreso, con urgencia, es un plan a favor de los jóvenes que incluya programas de empleo, la ampliación de Jóvenes en Acción, una renta básica a los más pobres y nuevos auxilios por la pandemia. La financiación puede provenir de las regalías, traslados presupuestales y la reforma tributaria en marcha. Es increíble que no se haya hecho antes.
Para la protesta pacífica juvenil, un diálogo profundo de jóvenes, Gobierno y sector productivo puede arrojar luces sobre cómo multiplicar el tamaño de este sector para producir las oportunidades de desarrollo regional, inclusión y sostenibilidad que reclama Colombia.
Pero debemos hacer claridad frente a los que utilizan la protesta extorsivamente, porque a través de la violencia y destrucción pretenden obtener reivindicaciones sociales y en última instancia el poder. Militan allí unos líderes chupópteros (personas que viven sin trabajar aprovechándose de otras y que pueden ganar uno o más sueldos: RAE).
Nuestros chupópteros están desconectados de la realidad productiva del país porque nunca han producido nada, viven del Estado y de las cuotas que les proveen las organizaciones afines a sus intereses políticos, consideran que lo merecen todo sin entregar nada, a juzgar, por ejemplo, por los malos resultados que muestra la educación en Colombia, capturada por Fecode.
Este grupo de chupópteros merecidos aprovecha la oportunidad para que milicias urbanas del Eln, Farc, JM-19, venezolanas, pagando a sus primeras filas, destrocen todo a su paso y generen provocaciones que, al ser confrontadas por la Fuerza Pública, faciliten la narrativa de que tenemos un Estado cuya Fuerza Pública masacra a la población que “pacíficamente protesta”. No tan curiosamente, entre sus peticiones está impedir la fumigación de los cultivos de coca y por ninguna coincidencia terminan quemando las casas de justicia. ¿Existen expedientes “inconvenientes”?
La evidencia en las redes de pagos a estas milicias y el asesinato de líderes sociales señalan que posiblemente Colombia está de nuevo frente a hechos violentos de narcotráfico, que nos recuerdan la quema del Palacio de Justicia por la alianza del M-19 con Pablo Escobar y el chantaje al que este nos sometió.
Estos chupópteros, a pesar de su muy baja representación, se atribuyen unas supuestas acciones a “nombre del pueblo”, promueven sin ningún tipo de escrúpulos la destrucción del sector productivo y el empobrecimiento que dicen combatir. Como bien lo expresa la diputada española, el que “en nombre del pueblo destruye al pueblo para llegar al poder comete un delito de leso patriotismo… ningún error del gobierno justifica lo que está pasando; están aprovechando las legítimas preocupaciones para tumbar no solo al gobierno sino la democracia, el orden constitucional”. Y termina subrayando que “el populismo es el hipócrita culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos”.