“No nos podemos anticipar a lo que pueda recomendar la CIDH”
NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ, alta consejera para los derechos humanos, habla de la visita de la CIDH y dice que están a la espera de las recomendaciones que haga al Gobierno.
El pasado jueves concluyó la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país. Esta semana se espera que la delegación, que recogió voces de diferentes sectores (víctimas, Estado, fuerza pública, sociedad civil, partidos políticos y empresarios) sobre la situación de Colombia desde el 28 de abril hasta la fecha, presente su informe con recomendaciones, en el que seguramente llamará a acciones concretas al Gobierno y otras entidades. El Espectador habló con Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos, para conocer las conclusiones de dichos encuentros, así como las perspectivas sobre lo que viene para el país desde el organismo internacional.
¿Qué balance hace el Gobierno sobre la visita de la CIDH?
Desde un principio, la Comisión se comprometió a oír a todas las partes. Oyó a quienes se declararon como víctimas, bien sea por posible abuso de la fuerza pública o también víctimas de los bloqueos, víctimas policías, agredidos en medio de los disturbios, organizaciones sociales, indígenas, gremios de producción, tanto a nivel territorial en el Cauca y el Valle como también a nivel nacional. Es decir, se fue con un contexto general de toda la situación.
Hay quienes dicen que ustedes, como Gobierno, le impusieron agenda a la CIDH...
De ninguna manera, todo fue absolutamente concertado. Cuando ellos hicieron la solicitud de la visita a Colombia, la canciller estaba apenas por posesionarse. Ella estuvo en Washington, habló con la Comisión y acordaron todo. Efectivamente, tenían previsto una audiencia en junio y decidieron hacer una
visita de trabajo.
¿Como Gobierno, están dispuestos a aceptar las recomendaciones que se deriven o a aplicar las medidas cautelares que haga la CIDH con relación al manejo de la protesta social y la garantía de los DD. HH?
No nos corresponde anticiparnos, sino esperar las recomendaciones. Como colombiana, sentí tristeza porque luego de elogiar al país maravillo que tenemos, sí dijeron que veían una estigmatización muy fuerte y que, entre otras cosas, percibían en el lenguaje una forma de agresividad muy fuerte, no en el sentido de contradictores, sino de enemigos. Es doloroso que esa sea la percepción.
¿A qué se refirió la CIDH con eso de la estigmatización?
En general a la sociedad, dijeron que era como una situación de queja, de común denominador el tema de la estigmatización.
En caso de que la CIDH señale que el Gobierno sí estigmatizó a la protesta, ¿están dispuestos a reconocerlo?
No nos podemos anticipar a lo que pueda decir o no la CIDH. Vamos a esperar esa comunicación y esas recomendaciones.
¿En qué consistirá el rol del embajador Alejandro Ordóñez en el trabajo permanente con la CIDH?
La Comisión ofreció también una mesa de trabajo con el ánimo de revisar las acciones que se pueden desprender de las recomendaciones que haga.
¿Ordóñez es la persona idónea para esa mesa de trabajo? Él ha dicho que la CIDH está ideologizada, que es de izquierda...
El embajador es absolutamente idóneo, es el vocero de Colombia ante la OEA, conoce muy bien los procedimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obviamente es el interlocutor legítimo del Gobierno.
Hay quienes señalan que la visita de la CIDH ayudaría a destrabar las conversaciones con el Comité del Paro. ¿Ha habido oportunidad de hablar con ellos?
En realidad no. Desde el fin de semana anterior, que tomaron la decisión unilateralmente de suspender la mesa, no hemos vuelto a tener una comunicación oficial. El Gobierno del presidente Duque ha manifestado su voluntad de diálogo permanente. Eso se lo hicimos saber a la CIDH.
Al comienzo del paro, miembros del Centro Democrático hablaban de una CIDH ideologizada, de izquierda. ¿Estos mensajes de la bancada de Gobierno no envían una mala señal a la comunidad internacional?
Mala señal la que mandamos los colombianos en medio de esta violencia tan dura que nos ha tocado vivir en estos días. El propio presidente Duque fue respetuoso con la Comisión, pero también recordó que, indiscutiblemente, la facultad de esta y su mandato es de observancia de los Estados frente a la protección de los DD. HH. Por eso nos alegró saber que ahora tienen una intención clara en profundizar en cooperación técnica.
Así como ustedes se reunieron con la CIDH, las víctimas y organizaciones de DD. HH. les mostraron los videos en los que se evidencian los excesos de la fuerza pública. ¿No es mejor reconocerlo, en vez de seguir defendiéndolos?
Estamos en un Estado social de derecho en donde hay unas instituciones competentes para adelantar las investigaciones y determinar responsabilidades. Me refiero a Fiscalía, Procuraduría, Inspectoría de la Policía, Justicia Penal Militar y los jueces de la República. No nos es dado al Gobierno poder determinar que haya responsabilidad, que haya abuso policial. Obviamente que somos parte de la sociedad y vemos los videos, las denuncias. La posibilidad de abusos y excesos es factible, no podemos desconocerlo. Se ha presentado mucha violencia, pero son las autoridades judiciales las competentes para verificarlos.
Lo que piden las víctimas es que se reconozcan los excesos...
Claro que hay un rechazo a los excesos, a la vulneración de derechos de todas las partes. Lo que se pide a las autoridades competentes es que se pueda dar la mayor celeridad posible en las investigaciones para determinar las responsabilidades. Nos unimos al dolor de las víctimas, tantas madres que tuvieron que enterrar a sus hijos, tantos hijos que se quedaron sin padres, que estaban en medio de estos disturbios o que eran policías.
¿Pero un acto vandálico se puede poner a la misma altura que una violación de DD. HH?
En un acto vandálico hay vulneración de derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos son inherentes a la persona. Hay quienes equivocadamente creen que la obligación de proteger los DD. HH. que tiene el Estado significa que las personas no tienen responsabilidad. Resulta que sí tienen el deber de respetar el derecho de los otros y cuando se salen de ese marco les cabe responsabilidad penal.Obviamente el derecho a la vida está por encima de cualquier derecho, pero no se trata de hacer una ponderación, sino de buscar efectivamente la protección y el goce de todos los derechos.